El reciente discurso del Presidente Ollanta Humala al término de su primer año, confirma lo que hemos venido sosteniendo: el actual Gobierno -más allá de buenas intenciones, de marchas y contramarchas-, no tiene un plan consistente sobre qué hacer en el sector justicia. Si bien es cierto el Poder Ejecutivo tiene un margen de acción más limitado en este ámbito en comparación a otros sectores como Defensa e Interior, pues entran a tallar el Poder Judicial y órganos constitucionales autónomos como el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, ello no significa que el Gobierno se encuentra atado de manos y que nada puede hacer. Puede impulsar o liderar muchos cambios y lamentablemente –hasta ahora- ha decidido no hacerlo, salvo en el ámbito penitenciario.

 

En primer lugar, el discurso presidencial no tuvo un rubro específico sobre el sector justicia; por el contrario, este tema se encontró desperdigado en varios pasajes del discurso presidencial: seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y justicia social y derechos humanos. Por ende, parece claro que el actual Gobierno ha renunciado a todo intento de reimpulsar la pendiente reforma constitucional que propuso la Ceriajus en materia de justicia constitucional, CNM o justicia militar.

 

En segundo lugar, no hizo mención alguna a dos temas urgentes pero aún pendientes en el Congreso de la República: la elección de los nuevos magistrados del TC y del nuevo Defensor del Pueblo. Si bien ello es una potestad parlamentaria, bien habría hecho el Presidente Humala exhortando al Legislativo a que los designe en el más breve plazo y dar así una orientación clara a la bancada nacionalista en ese sentido.

 

En tercer lugar, hay que reconocer que una reforma sectorial –pero aislada- que ha impulsado el Gobierno es en el sector penitenciario. Como es de público conocimiento, en la actualidad el sistema penitenciario está prácticamente colapsado y sobrepoblado, acosado por un cúmulo de viejos problemas de corrupción de funcionarios, comisión de delitos desde las cárceles y malas condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios.

 

Al respecto, en su discurso el Presidente consideró la reforma del sistema penitenciario como parte de los esfuerzos para combatir la inseguridad y la criminalidad y no como parte de la reforma del sistema de justicia: “El Sistema penitenciario también necesita una atención especial. El sistema ha crecido en 12 mil presos más en solo un año. Por ello se ha declarado en emergencia al INPE con el objeto de dictar medidas excepcionales para el mejoramiento de las condiciones de seguridad de los Establecimientos Penitenciarios de todo el país…” (p. 23)

 

En cuarto lugar, no aparece en el discurso presidencial referencia alguna de la creciente influencia del narcotráfico en el sistema de justicia y su inmenso poder corruptor. Si bien el Presidente Humala señaló que “… dos problemas de prioritaria atención son, sin duda, el narcotráfico y el terrorismo… Ninguna estrategia puede ser viable sin el involucramiento de toda la clase política, del sector privado y la sociedad civil pues, estos flagelos se hacen fuertes en medio de la complicidad y la desidia. Si algo distingue a mi gobierno, es su firme decisión de enfrentar de manera frontal, hasta su derrota definitiva al narcotráfico y el terrorismo (p. 24)… Estamos realizando acciones más eficaces para controlar el lavado de activos. Cabe mencionar la operación Alas, donde se incautó bienes por un monto de 43 millones de dólares; el caso “Alanya” donde se recuperó bienes por 40 millones de dólares, y el caso “Bokassa” donde se incautó inmuebles, predios, y vehículos, por 100 millones de dólares.” (p. 26). Sin embargo, no hay referencia alguna al papel que han jugado o deberían jugar los operadores del sistema de justicia (jueces, fiscales, procuradores) frente al narcotráfico y al lavado de activos.

 

Al respecto, la lucha contra la corrupción –mencionada por el Jefe de Estado en su discurso- no parece comprender la corrupción judicial, sino solo la perpetrada en el ámbito de las compras y bienes y servicios por parte del Estado (contrataciones y licitaciones). Por otro lado, las medidas anticorrupción nombradas en el discurso son más bien fruto del esfuerzo solitario –y con escaso apoyo político hasta hace muy poco tiempo- del actual Procurador anticorrupción Julio Arbizu y su equipo:

 

“Como parte de la estrategia del gobierno de lucha contra la corrupción, se han creado los Registros de la Corrupción, para identificar a los funcionarios Procesados, Condenados y/o prófugos de la justicia y el Registro de Reparaciones Civiles No Pagadas… Entró en funcionamiento la Unidad de Análisis Financiero dentro de la Procuraduría Especializada Anticorrupción, para ubicar el patrimonio ilícito de las personas investigadas y sometidas a procesos por delitos de corrupción a fin de garantizar las reparaciones civiles y la restitución del patrimonio del Estado… Se creó el Observatorio de la Corrupción como una unidad especializada en el registro y control de la información de la Procuraduría y de investigación de los casos bajo su ámbito… Se promulgó la nueva Ley de Lavado de Activos, que es precursora en la materia pues no requiere la existencia de un delito preexistente… De igual modo, se aprobó una nueva Ley de Pérdida de Dominio, incorporando en este mecanismo a los delitos de corrupción… Se obtuvo luego de muchos años la orden judicial para la repatriación de más de 15 millones de dólares del reo Vladimiro Montesinos ubicado en cuentas en Luxemburgo… Se ha iniciado la política de recuperación de activos del Estado luego de descubrir que los corruptos le debían al país más de mil millones de nuevos soles de los cuales solo han pagado la irrisoria suma de 10 millones, es decir, el 1% de todo lo que fue dispuesto por sentencias firmes del Poder judicial. La Procuraduría Anticorrupción y los Procuradores del Estado, vienen tomando medidas concretas, como el embargo de bienes que ya se está realizando, destinadas a que no exista impunidad y el Estado cobre efectivamente lo que se le debe y si no es posible, porque los corruptos han ocultado su patrimonio, se aplique la muerte civil… Para ello hemos presentado un proyecto de ley que esperamos pueda ser aprobado pronto por el Congreso, para que ningún corrupto vuelva a infiltrarse en el estado o postule a un cargo público.” (p. 30 y 31) (Subrayado nuestro)

 

En todo caso, esperamos que si el Presidente Humala ha mostrado los logros de la Procuraduría anticorrupción como propios, ahora sí ese órgano cuente con el firme respaldo político y presupuestal no sólo del Presidente sino también del nuevo Gabinete ministerial.

 

En quinto lugar, el Presidente Humala señaló en su discurso que “… se viene fortaleciendo la defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se ha puesto especial énfasis en el Caso Chavín de Huántar. En esta tarea he instruido que se garantice la defensa del Estado en los términos más adecuados y firmes, por lo que se viene efectuando un esfuerzo importante.” (p. 31). Como ya lo hemos señalado, es absolutamente legítimo que los Estados se defiendan ante la Comisión y la Corte y, en ese sentido, saludamos el anuncio presidencial en esta materia pues, hasta ahora, el Estado peruano se ha venido defendiendo muy mal ante el sistema interamericano, no sólo en el caso “Chavín de Huántar” sino en otros casos controversiales. Eso es lo que le corresponde hacer a un Gobierno democrático y no atacar a la Comisión interamericana y anunciar que se va a pedir su reforma, tal y como lamentablemente hizo este gobierno en diciembre pasado cuando se anunció la demanda en el caso “Chavín de Huántar”.

 

En sexto lugar, también saludamos algunos anuncios presidenciales dirigidos a mejorar el acceso a la justicia de personas de escasos recursos que, aunque bastante limitados en su cobertura, son esfuerzos a destacar:

 

“El acceso a la justicia es un derecho fundamental. Mi gobierno ha venido desplegando una decidida acción para hacer realidad este derecho, iniciando un nuevo programa de atención a víctimas de delitos. Hemos iniciado a partir de enero del 2012 la defensa de víctimas afectadas por delitos violentos que no contaban con recursos económicos para su defensa. A la fecha ya hemos atendido a más de mil personas y esperamos que ello crezca en la medida que se conozca más este servicio… Un tema de especial preocupación personal, es el de las mujeres y niños afectados por el incumplimiento del pago de pensiones de alimentos. A la reciente aprobación de una extradición por delito de omisión de asistencia familiar, se suma el esfuerzo que están realizando abogados del Estado en todo el país, para apoyar a las víctimas en situación de abandono. En esta tarea ya se ha obtenido la pensión para casi 3 mil niños y se continuará en todo el país…” (p. 32)

 

El balance es pues de insatisfacción frente a lo anunciado en el discurso presidencial: medidas o logros aislados, sin un plan de qué hacer desde el Gobierno frente al sector justicia y sin ninguna medida de fondo, fuerte o audaz. Por ello, el discurso del Presidente en materia de justicia nos deja el sabor del clima limeño que nos acompaña este invierno tibio: ni chicha ni limonada.