Perú

Gran mili-transformación?

Javier Diez Canseco

12/08/2012

Opinión

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Sin que se le diera especial atención, el jueves pasado se han producido definiciones que han de marcar, decisivamente, las características y los posibles caminos a tomar por el gobierno de Ollanta Humala. Raspando el número de votos, el gobierno le arrancó al Congreso una autorización para legislar en temas de seguridad y defensa nacional que definirán el rumbo del discurso de la Gran Transformación que retomó en el discurso del 28 de julio.

Dicha autorización es tan amplia que le permitirá reestructurar los Ministerios del Interior y de Defensa, producir modificaciones en las FFAA y Policiales (aunque Cateriano se comprometió verbalmente a no modificar la ley de ascensos de la carrera militar), establecer la carrera policial, cambiar las medidas disciplinarias en la PNP, cambiar el régimen pensionario de las FFAA y la PNP (desapareciendo la Caja M-P y eliminando la cédula viva con el rechazo del personal) centralizar el conjunto de las compras (¡$$$!) en una sola entidad (aunque sin sacar la función fuera del ámbito de las FFAA y Policiales), manejar la persecución de los químicos vinculados a la producción de drogas y, lo que resulta extraordinariamente delicado, extender las funciones de las FFAA y su intervención en temas de orden interno, más allá de la autorización a hacerlo cuando se ha declarado Estado de Emergencia y lo solicita la Policía Nacional.

En este último asunto, las FFAA podrán intervenir en temas de tráfico de drogas, contrabando, preservación de camélidos sudamericanos (caza furtiva, etc.), minería y extracción ilegal de recursos, etc. Es decir, implicaría terminar de romper la especialización de las FFAA en Defensa Nacional y colocar bajo su ámbito el manejo de los temas de orden interno. Dicho de otra manera, abrir las puertas a la militarización del manejo de los principales conflictos sociales y de los temas de la acción delictiva.

La solicitud de facultades legislativas por el gobierno, finalmente obtenida sin siquiera una previa discusión en Comisiones del Congreso, es una arriesgada carta del frágil y zigzagueante gobierno de Humala. Por un lado, implica una fuerte concentración de poder en tres asuntos claves: 1) su manejo de los institutos armados y policiales, elemento de poder fáctico importante en la historia del país, 2) la seguridad ciudadana, en tanto tema extremadamente sensible y crítico en la opinión pública, que exige resultados frente a la ola delincuencial, y el accionar de los restos senderistas (los Quispe Palomino, en el VRAE), un área crítica para un gobierno que –acicateado por el fujimorismo y la derecha política– pretende resolver todo valiéndose de la sobre penalización y la represión, mientras abandona políticas de prevención y se muestra incapaz de invertir lo necesario en servicios fundamentales como educación y salud, promoción del deporte y del empleo o garantizar derechos sociales y laborales fundamentales para reducir los índices de criminalidad y ofrecer otras alternativas a quienes puedan terminar en la senda del delito. Y, 3) el manejo de la protesta social, cuya criminalización y mal manejo ha costado ya 17 muertes, numerosos heridos, centenares de dirigentes sociales procesados al amparo del “estilo Valdés”.

Este anuncio, que extiende la intervención militar a todas las áreas del manejo del orden público, parece indicar que el gabinete Jiménez pretende hacer de la consigna del diálogo apenas una zanahoria detrás de la cual estaría un gran garrote. La renovación del Estado de Emergencia en Cajamarca, a contrapelo del pedido de los facilitadores de la iglesia, resultó un temprano indicador de los límites del diálogo para el tercer gabinete de Ollanta Humala.

No es pues cualquier decisión la que ha adoptado el Congreso ni cualquier momento el que ha de encarar el gobierno de Humala. Se le ha entregado un instrumento que podrá marcar el corazón de su accionar y la posibilidad de convertir el uso de la fuerza y de los institutos armados y policiales –sometidos al enorme poder que ahora se le ha delegado– en un factor central de su gestión de gobierno y de su relación con un país frustrado por la ausencia de cambios prometidos y esperados, que debían saciar la exigencia de justicia social y oportunidades reales para las descontentas mayorías populares. Podría también abrir un plano confrontacional alrededor del tema pensionario.

Cartas arriesgadas para el país las que se juegan estos días. Retos nuevos para las fuerzas del cambio y para los procesos de unidad y articulación que han decidido asumir.

Diario La República, 13 de agosto de 2012

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