Liquidando el gasoducto Sur Andino

26/08/2012
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El gobierno habría decidido liquidar el Proyecto Integrado Gas Sur Peruano (PIGSP). El proyecto ley N° 1396-2012, presentado al Congreso, lo hace inviable y favorece al Consorcio Camisea, de Repsol-Hunt Oil-Pluspetrol.
 
El PIGSP es el proyecto más inclusivo y descentralista de los últimos 60 años: extracción, producción, transporte y distribución de gas natural y el desarrollo de un polo petroquímico en la macrorregión sur.
 
Busca extraer gas natural y líquidos de la selva de Cusco y transportarlos por el Gasoducto Andino a Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Cambia la matriz energética del sur sustituyendo combustibles costosos por gas natural. Busca desarrollar petroquímica, generación termoeléctrica y distribución del gas, reduciendo el precio de la energía y garantizando seguridad energética nacional.
 
El presidente Humala y sus ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas han decidido, con el PL 1396-2012, liquidar el poliducto del sur, cuya construcción-licitación ganó Kuntur. Para ello plantean tres proyectos desarticulados que compiten directamente con el PIGSP.
 
Primero, con el justo argumento de garantizar seguridad energética, se propone realizar dos ductos auxiliares al ducto principal existente para asegurar el suministro de gas necesario para la generación energética. Según el MEM, el primer tramo en licitación parte de Camisea –lotes 57 y 58– hasta Quillabamba y en camino corta al ducto principal de TGP en su km 82. Es decir, sus puntos de partida y de llegada son los mismos que el primer tramo del Gasoducto Sur Andino. ¿Cómo pueden ser complementarios dos proyectos que se superponen? Imposible.
 
El segundo proyecto es el gasoducto Quillabamba-Cusco-Puno (de 8”) que compite directamente con el Gasoducto Andino del Sur (de 30”), haciéndolo inviable en términos de rentabilidad. Anula la llegada del gasoducto y del ducto de líquidos a Arequipa, Moquegua y Tacna, que recibirían el gas por camiones, destruyendo la idea del consumo masivo, domiciliario e industrial por redes urbanas. Adicionalmente, los usuarios –vía pagos en la cuenta eléctrica– aseguraremos la recuperación de la inversión privada.
 
El último proyecto es separar el etano (vital para la petroquímica) del gas en Pisco y trasladarlo mil kilómetros hasta Ilo para implementar supuestas plantas petroquímicas, con costo adicional de transporte. Petroperú, con US$ 400 millones, asumiría este proyecto que tomaría unos tres años para iniciarse. En realidad, el etanoducto carece de sustento técnico o económico y solo apunta a liquidar el PIGSP a favor del control del grupo Camisea.
 
Ojo: el MEM rechazó el 2008 la solicitud de Suez Energy para una concesión de transporte de gas natural por ductos (etano y gas) en ese mismo recorrido. ¿Era incompatible económicamente con el Gasoducto del Sur el 2008 y ahora no? Además el etano no pertenece al Estado sino al Consorcio Camisea. Por ello, el etanoducto no tiene garantía de abastecimiento, pero tampoco de consumo. Si el gas pertenece al Consorcio Camisea, este, primero, tiene que acceder a separarlo de su gas natural y venderlo, manteniendo control del abastecimiento.
 
¿Hacia quién iría este etano? Si bien la ley Nº 29690 (Ley del Etano) busca promover y desarrollar la industria petroquímica y prioriza el desarrollo en el sur del país, quitarle el gas como fuente energética y enviar el etano desde Pisco no prioriza el desarrollo del sur y apunta a su exportación, especialmente a Chile.
 
El MEM (Merino) ha reiterado que estos proyectos no liquidan el PI Gasoducto Andino del Sur. Pero dilataron las negociaciones financieras sobre el crédito puente que solicitaba Kuntur y no ofrecieron alternativa alguna. ¿El ministro Castilla recién se enteró en julio de que el gobierno no podía financiar la inversión requerida por Kuntur y que no tenía alternativas? Difícil de creer.
 
Kuntur ya tiene Estudio de Impacto Ambiental y la licencia respectiva, requiriendo el cierre financiero del proyecto (certificar reservas probadas de gas para poder acceder al crédito). Al dilatar la negociación, negar el crédito puente sin alternativas y enviar el proyecto de ley 1396-2012, el gobierno destruye el proyecto sur andino y el desarrollo descentralista y sirve a las transnacionales de Camisea antes que al Perú.
 
Diario La República, 27 de agosto de 2012
 
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