Perú

Nuestros últimos cuatro muertos

Francesca Emanuele

13/09/2012

Opinión

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En menos de tres semanas, y en tres momentos distintos, 4 personas inocentes han perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Dos de estas víctimas han fallecido por diversos impactos de bala en un operativo de erradicación de cultivos de coca en el valle del Monzón. La tercera víctima perdió la vida a causa de los embates del feroz río Mantaro, al que fue arrojado por dos policías durante una protesta. La última de las muertes corresponde a una niña de 9 años, quien murió producto de una bala en la cabeza en medio de un aparente operativo antiterrorista.

Los asesinatos indiscriminados por las fuerzas del orden se han convertido en el pan nuestro de cada día. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza —quien se ha equivocado de bando y parece odiar al oprimido y amar al opresor— se niega a creer que los policías hayan lanzado al río Mantaro a Alejandro Máximo Gonzales, padre de 3 niños y asistente a una movilización en Jauja en contra de la construcción de un aeropuerto.

Las declaraciones del ministro responden a un claro acto de fe, pues no existe investigación o indicios que confirmen sus palabras; así como tampoco existe ningún informe respecto de la causa y la responsabilidad oficial de las muertes de las dos personas asesinadas en el valle del Monzón por el contingente policial-militar.

La última de nuestras mártires civiles tiene tan solo 9 años. En un confuso operativo en el VRAEM, ha resultado muerta tras recibir una bala en la cabeza. A los pocos días, sus hermanos han aparecido en Lima en brazos de la ministra de la Mujer y de la primera dama, ambas autoridades haciendo gala ante la prensa de una supuesta operación de rescate de niños secuestrados por Sendero Luminoso. Ahora sabemos que ni nuestra mártir ni sus hermanos estaban secuestrados por ningún grupo terrorista.

Tres elementos coincidentes en todos los casos atraviesan las muertes de estas 4 personas: el extraño y doloroso silencio de las autoridades, el hecho de que la pérdida de las 4 vidas haya sido producto de la actuación de agentes estatales y, por último, el hecho de que todas las víctimas provengan de familias de bajos recursos del interior del país.

Las 19 muertes a causa de los conflictos sociales en el Perú en lo que va de la legislatura del presidente Ollanta Humala nos hablan de una política de estado agresiva que usa a las fuerzas de seguridad de una manera desproporcionada, irresponsable e impune. El que todos los muertos sean civiles de recursos escasos nos subraya la idea de que ser pobre, mata; y en Perú, la muerte puede venir desde dos frentes, desde el propio bolsillo (que no deja acceder a los bienes necesarios para la subsistencia) o desde los propios responsables de nuestra seguridad.

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