SAN SALVADOR – Pasiones aceleradas, incertidumbre, encontrones callejeros y de oficinas, tomas de edificios, desgaste, debate y hastío fueron algunas de las estampas que dejó el estira y encoje entre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Asamblea Legislativa

 

Pero, a poco más de un mes de finalizado el enfrentamiento la pregunta cae como pesado mármol sobre la tumba: ¿y ahora qué vendrá?

 

Sin manchas en los razonamientos, expertos en distintas ramas de las ciencias sociales, sentados en una misma mesa por la Fundación Friedrich Ebert y por ContraPunto, auguran una nueva crisis que se desatará por las mismas razones que chispearon el no cumplimiento de las sentencias de la Sala Constitucional: el control del poder político.

 

Y detrás de esas élites partidarias desde las sombras grupos hegemónicos de poder moviendo los hilos para franquearse “buenos negocios”, sean o no lícitos.

 

Antes de entrar en el punto de la discusión, para el magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional y docente universitario, Eliseo Ortiz, es necesario preguntarse, ¿Qué tipo de Estado es El Salvador?

 

Y con las herramientas que lo llevan a hacerse la interrogante, el magistrado se responde: un estado constitucional de derecho.

 

Las implicaciones de esta respuesta se vislumbran en las sentencias de la Sala Constitucional desde el año 2009 hasta la fecha, en que se materializa la transición de “una Constitución formal a una real”.

 

Para el abogado, las corrientes del constitucionalismo norteamericano y su concepción del Estado dejan profundas cicatrices en el ahora creciente control del poder político que está haciendo la Sala a través de sus sentencias.

 

“No puede haber Estado Constitucional que deje margen de arbitrariedad sobre el poder político”, explicó Ortiz Ruiz.

 

En la sentencia de inconstitucionalidad 19 – 2012 la Sala arraiga este principio, muy poco ejercido por salas precedentes, en el que rechaza la ingobernabilidad de uno de los sectores más poderosos.

 

“Debe reafirmarse que los actos concretos también pueden ser objeto de control constitucional (…) no es la Sala la que limita al poder, sino la que lo controla legítimamente por mandato constitucional”, dice la sentencia en uno de sus extensos párrafos.

 

Y fue esta afirmación la que encrespó a muchos de los tradicionales dirigentes partidarios que acusaron a los magistrados José Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González de proclamarse como un “supra poder”.

 

Sin embargo, el razonamiento de Ortiz Ruiz fue enfrentado por el asesor de la fracción legislativa del FMLN, Rolando Mata, que prefiere decir que el Estado Constitucional, entendido como tal, desapareció con la Constitución de 1983 que da primacía a la propiedad privada.

 

Es entonces cuando aparecen las influyentes visiones de los grupos de poder fácticos, a los que siempre se les acusa de estar a la zaga en los derroteros del país.

 

“Lo que no se ha resuelto en el fondo es una disputa de poder, de organizados y no organizados: unos por escalar en el poder y otros por mantener los privilegios”, razonó Mata.

 

A primera vista, el asesor legislativo apunta a la reforma constitucional para solventar parte del problema, pasando por modificaciones al sistema político electoral que entregue mayores cuotas de participación a la ciudadanía, con lo cual coincide con Ortiz Ruiz.

 

“No son los partidos, son los grupos fácticos”, insistió.

 

El Salvador, en el lapso del enfrentamiento parcial entre ambos órganos del Estado, recibió sendas presiones externas, a tal punto que las voces intervencionistas ciñeron el látigo y señalaron al Ejecutivo para encontrar una pronta salida, que no solución.

 

Además, las avalanchas internas no fueron poca cosa para una sociedad que en cada conflicto parece que terminará por reventar las cuerdas que la ciñen a una tolerancia desnutrida.

 

En este ambiente de estrujamiento político, el presidente Mauricio Funes acusó a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de influir en funcionarios estadounidenses para granjearse una salida a favor de sus intereses en el conflicto Asamblea – Sala Constitucional.

 

A la par de Funes, la ANEP  y otras organizaciones no escatimaron en señalar a las dirigencias partidarias de ser los culpables de la crisis institucional.

 

En ambos escenarios, los análisis planteados mostrarían una obra teatral montada para la historia de El Salvador.

 

En la reflexión histórica de Ortiz Ruiz se ubica la base del conflicto en las sentencias, desde el 2009, de la Sala Constitucional que han validado demandas que obligan a apertura del sistema electoral.

 

Por lo tanto, la invalidación de las magistraturas 2006 y 2012 fue una especie de “gota que derramó el vaso”.

 

Dicho fallo encontró cauce de legitimidad, según el tribunal constitucional, en el artículo 186 de la Constitución, vinculados con las disposiciones 83 y 85 del mismo cuerpo legal del país.

 

El primer artículo otorga al parlamento la potestad de elegir a los magistrados mediante lista que envían el Consejo Nacional de la Judicatura y la Federación de Abogados de El Salvador (FEDAES), el segundo coloca la soberanía en “el pueblo” y el tercero recuerda a los partidos políticos que el funcionamiento del gobierno se sujetará a la democracia participativa.

 

Una de las particularidades destacadas por algunos analistas fue la admisión de los recursos sin que existiera una publicación del Diario Oficial avisando de la entrada en vigencia de los decretos posteriormente expulsados del ordenamiento jurídico.

 

La ausencia del Diario Oficial no fue un dolor de cabeza para “no dejar zonas exentas de control”.

 

La primera demanda fue promovida por el docente universitario Salvador Anaya Barraza contra los nombramientos de: Ovidio Bonilla, José Roberto Argueta Manzano, Doris Luz Rivas Galindo, Elsy Dueñas de Avilés y José Salomón Padilla.

 

Semanas después el efecto dominó cercenó las designaciones de los magistrados 2006: Rosa María Fortín Huezo, Evelyn Roxana Núñez Franco, Lloly Claros de Ayala,  Mario Trejo y Francisco Valdivieso.

 

En este tema tampoco conviene olvidar que Belarmino Jaime vio peligrar su permanencia en la Sala Constitucional con el mandato legislativo que asentó al magistrado Argueta Manzano en dicha instancia.

 

Sin embargo, no se sabe con exactitud si por acuerdo político o por la sentencia misma, los partidos políticos respetaron la permanencia de Jaime en la Sala Constitucional quien, sería “miembro nato” como lo asintió la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

 

Las invalidaciones obligaron al trote ligero, con armas jurídicas, a las fracciones legislativas: FMLN, GANA, CN  y PES quienes presentaron una cuestionable demanda -según algunos sectores considerados tradicionalmente de derechas y otros tenidos por de izquierdas – ante la Corte Centroamericana de Justicia.

 

La vuelta significó una fuerte erogación de esfuerzos humanos y monetarios a un parlamento que en ese momento estaba en pleno centro de la tormenta mediática por sus actuaciones y respuestas a las sentencias en comento.

 

Después de poco más de un mes, y con las negociaciones en Casa Presidencial pendiendo de un hilo por su larga carrera, el tribunal regional falló a favor de la Asamblea Legislativa.

 

Luego, otro torbellino, de menor intensidad, se vino encima de los caminos que el parlamento estaba por decidir: continuar el rumbo trazado por la Corte Centroamericana o ir por el sendero de la Sala Constitucional.

 

Según el punto de vista, el sendero de la Sala Constitucional se cumplió, mientras otros creen que se acató a la instancia regional.

 

El “acuerdo político” parece resumir ambos rectas trazadas, aunque otras opiniones especializadas reseñan que el fin último de las sentencias no se cumplió: revisar los procedimientos de elección de magistrados para nombrar en los cargos a las personas capacitadas técnicamente y sin ataduras con sectores político – partidario o de otra índole.

 

Álvaro Artiga, director de la Maestría en Ciencias Políticas de la UCA comparte la visión de Mata en cuanto a la influencia de grupos de poder económico sobre las instituciones del Estado, y a la vez dibuja la posibilidad del cambio en el relevo generacional que tendrán que hacer los dirigentes partidarios para abrir mayor participación democrática.

 

“El problema está más en la estructura económica y social, lo que vemos en lo jurídico y político es nada más la forma para acceder”, arguyó.

 

 

El firmante de los Acuerdos de Paz, Francisco Jovel, mira con cierto recelo el auge, frente al acceso al poder, que hacen los partidos políticos alineados en el denominado Bloque de los Cuatro, incluso critica fuertemente el “cambio de discurso” que el FMLN ha adoptado en la coyuntura de posibilidad de democratización de los medios para acceder al poder.

 

En consecuencia, si los partidos políticos abren sus puertas a la participación y fiscalización de la sociedad, los encontronazos por el poder podrían disminuir, y el instrumento para lograrlo sería, según el ex comandante guerrillero, la ley de partidos políticos.

 

Sin embargo, esta herramienta no debe dejar “lugar a ambigüedades” porque lo contrario será la “continuidad del problema”.

 

“Lo planteado en el país desde hace una década es el afán conservador del funcionamiento partidario bajo control oligárquico, no en el sentido del dinero, sino de pequeños partidos políticos”, comentó.

 

En concordancia con lo anterior, lamentó que el FMLN no lidere la apertura de los partidos políticos.

 

“Lamento que la organización que debería ponerse a la cabeza de estas transformaciones (FMLN) hoy se ha cerrado mucho en términos del conservadurismo, de la no modificación de la forma de hacer política y hasta siento una especie de vergüenza cuando se ha dado la alianza (partidos de derechas). La izquierda en el país está obligada a hacer una reflexión”, externó.

 

Durante el periodo de la llamada “crisis institucional”, las posturas frente a la problemática de los partidos representados en el parlamento distó mucho de las que tomaron en años anteriores, llegando a modificar su percepción frente a la sociedad que en algún momento se preguntó “Quién es el malo y quién el bueno de la novela”.

 

Juan José Martell, de Cambio Democrático (CD) centra su atención en el papel de ARENA, quien en administraciones pasadas fue criticada por sus posturas que “atentaron contra la democracia y la institucionalidad”, y que ahora ha mostrado posiciones en favor de acatar las sentencias de la instancia constitucional.

 

Y es que, Martell ve una “garantía de mediano plazo” a favor de los intereses de ARENA.

 

Por el contrario, el FMLN estaría “erosionando la poca institucionalidad que tenemos”, lo que a largo plazo permitiría que “los poderes fácticos y reales nos pasen encima”.

 

El respiro a la contradicción entre los partidos mayoritarios y sus posiciones históricas y actuales lo propone el asesor de la Asamblea, Raúl Martínez quien sugiere que la historia no puede ser interpretada “mecánicamente”.

 

Martínez además, vuelve a la carga sobre el papel de los poderes fácticos y los ubica en todo el proceso de elección de funcionarios, y para eso ilustra con la participación de personas ligadas a grupos económicos en las instituciones.

 

“El fantasma de la palabra de la lucha de clases sigue presente, cuando iniciaba esta crisis ARENA tenía una contradicción contra un sector de capital importante, no había cohesión (…) decir que las cuotas de poder son la culpa de la crisis es una visión reducida”, aseguró.

 

A modo de conclusión, todos los participantes coincidieron en ocho palabras: la crisis volverá entre Asamblea y Sala Constitucional.

 

La síntesis nace de deducir que en el fondo confluyen los actores: partidarios y económicos en una lucha por dominar las esferas de la cosa pública, lo cual se manifiesta en muy variadas formas.

 

En la coyuntura es destacable, según Abraham Ábrego, de FESPAD, el interés que nació en la población por “conocer el tema constitucional”.