COMISION DE DERECHOS HUMANOS

60° período de sesiones

Tema 7 del programa provisional

E/CN.4/2004/NGO/122

ESPAÑOL

Original: FRANCÉS

EL DERECHO AL DESAROLLO

Exposición escrita conjunta presentada por el Centro Europa-Tercer Mundo (organización no gubernamental con carácter consultivo general) y la Asociación Americana de Juristas, (organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial)

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[30 de Enero 2004]

Los peligros del ALCA y la necesidad urgente de una alternativa para el desarrollo[1]

1. Hace un poco más de un siglo, durante la conferencia interamericana de Washington (1889), se le propuso, ya entonces, a América Latina integrar sus economías a la de los Estados Unidos. Ese proyecto, el cual comprendía una unión aduanera y, en su versión más audaz, una moneda común, finalmente fracasó. Después de meses de negociaciones, los países latinoamericanos encontraron los motivos y los recursos para rechazarlo. Los observadores lucidos de la época no dejaron de denunciar las intenciones geopolíticas estadounidenses. “Solo una respuesta unánime y firme puede liberar a los pueblos de América [latina] de las perturbaciones que llevarían, con la complicidad de repúblicas venales, la política de dominación de su potente vecino, el cual no se volvió hacia ellos sino para impedir su expansión, acaparar sus territorios, romper sus tratados con el resto del mundo y obligarlos a comprar lo que no puede vender o a federarse para ser mejor dominados”[2]. Estas palabras de José Martí conservan hoy una actualidad sorprendente en la perspectiva de la Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA/FTAA/ZLEA)[3], anunciada para 2005. El presente informe pretende aclarar los peligros que comporta este tratado para el desarrollo y la soberanía de los pueblos de América latina y el Caribe.

El ALCA: mito y realidad

2. El ALCA quiere establecer entre todos los países de América –con la notable excepción de Cuba– una zona de libre comercio, cuyos objetivos son “liberalizar el comercio, aumentar las inversiones por la liberalización de los mercados, aumentar la competencia, eliminar las restricciones al libre comercio (incluyendo las subvenciones a las industrias locales, ayudas al comercio...)[y] al movimiento de capitales y de ejecutivos”[4]. El espíritu de esta integración consiste en una “convicción de las partes”: la prosperidad económica, así como también el refuerzo de las instituciones democráticas y hasta los “lazos de amistad” serían condicionados por la libertad de los mercados. Hace más de dos siglos que los ideólogos liberales dan vueltas a este mito, que los hechos no han cesado de desmentir. Instaurado entre socios desiguales, el libre comercio no puede sino tornarse en ventaja del más fuerte. No garantiza el desarrollo ni es tampoco sinónimo de democracia o de paz. La libre circulación de las mercancías y de capitales es pregonada por las potentes firmas de los países más potentes porque ha reforzado, y siempre reforzará, sus posiciones en los mercados. Los avances productivos y comerciales de países del Sur, por lo demás escasos, en los mercados internacionales con estructuras de oligopolios dominadas en todos los sectores clave por las transnacionales del Norte, fueron obtenidos, a costa de considerables esfuerzos, por Estados que imponen límites a la apertura y por su voluntad de controlar las relaciones exteriores. Afectando a todos los continentes, las crisis financieras de los últimos años han recordado la fragilidad y la dependencia persistentes del Sur. La integración de América latina y del Caribe (19% del PIB continental, contra 81% para los Estados Unidos y Canadá) en el seno de un acuerdo de libre comercio que somete los más débiles a una lógica neo-liberal que no funciona sino en beneficio de los más fuertes, no sabría constituir, evidentemente, una solución a su crisis estructural.

3. El ALCA no es una iniciativa latinoamericana: fue concebida, desde 1990, por la administración de los Estados Unidos (de G. Bush) y relanzada (por G. W. Bush) en la Cumbre de las Américas de 2001. Pretende oficialmente “promover el desarrollo social en un marco de equidad”, el objetivo del tratado fue, sin embargo, presentado más prosaicamente al Congreso de los Estados Unidos como debiendo “garantizar a nuestras empresas el control de un territorio que se extiende desde el Polo Norte hasta la Antártica y asegurar un acceso libre sobre todo el continente, a nuestros productos y servicios, a nuestra tecnología y nuestros capitales, sin obstáculos ni dificultades”[5]. El ALCA constituye la pieza maestra –y el aspecto económico más determinante– de una estrategia global de reorganización de la hegemonía de los Estados Unidos sobre el sistema mundial, en la cual el control del hemisferio occidental aparece primordial. Se trata para los Estados Unidos de conservar el liderazgo sobre la tríada (Unión Europea y Japón), e incluso sobre potenciales rivales (especialmente China), pero también impedir el surgimiento de relaciones de cooperación entre países del Sur más respetuosos de sus intereses, en la línea de proyectos antiguamente patrocinados por la CNUCED o la CEPAL, y más recientemente por el G21[6].

4. El ALCA ambiciona extender a la escala del continente el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre los Estados Unidos, Canadá y México). La puesta en marcha de este último hace diez años había sido recibida “a su manera”, en Chiapas, por el EZLN. Su dinámica se inscribe en la lógica neo-liberal de los planes de ajuste estructural las de reglas y medidas de disciplina de la OMC. Para acelerar este proceso de integración a marchas forzadas, hacer presión sobre los negociadores e intentar neutralizar las oposiciones cada vez más vivas que plantea este proyecto, los Estados Unidos ya han firmado una serie de tratados bilaterales o regionales –a veces todavía más apremiantes. Otros acuerdos específicos y decisivos (Planes Colombia y Puebla Panamá) completan este dispositivo, previendo incluso el recurso a las fuerzas armadas. Es muy significativo que el ALCA sea propuesto en un momento de debilitación de América latina (post crisis, endeudamiento, penetración del capital extranjero...) y de implantación de nuevas bases estadounidenses en el continente.

Un ataque contra la democracia, la soberanía y el desarrollo

5. El ALCA debe ser considerado, y combatido, por lo que es: un ataque contra los derechos fundamentales de los pueblos de América latina y del Caribe a la democracia, a la soberanía y al desarrollo. Las negociaciones de los ante proyectos de acuerdo, durante las cuales el presidente G. W. Bush accionó un procedimiento de emergencia (Fast Track, en agosto de 2002), se destacaron por su falta de transparencia y, sobre todo, por sus violaciones a los principios democráticos más elementales: ningún pueblo americano –ni si quiera sus representantes en el Parlamento– fue debidamente informado, invitado a las discusiones, consultado o llamado a pronunciarse sobre la firma del tratado más determinante para el futuro del continente. Esta es la manera como los partidarios del ALCA conciben la participación, la libertad de expresión, el debate contradictorio y la búsqueda de un consenso en las “34 democracias americanas”. El objetivo de este tratado no es poner en marcha un proyecto de sociedad el cual responda a las necesidades urgentes de la inmensa mayoría de la población; sino simular un proceso legitimo de elaboración de un marco legal que permita el saqueo del hemisferio por parte de una ínfima minoría de poseedores.

6. El ejercicio de la soberanía nacional, ya muy debilitada por el neo-liberalismo, se ve directamente amenazada por el ALCA y limitado por la supremacía de los tratados[7]. Éste es el caso del capítulo relativo a las inversiones –réplica exacta del Acuerdo Multilateral sobre las Inversiones (AMI), desviado sin embargo, hace poco, por la movilización popular–: no se contenta solamente en dar privilegios exorbitantes a los propietarios del capital (tratamiento nacional), proteger a sus propietarios intelectuales (patentes) y abrirles las puertas de todos los sectores clave, incluido los servicios públicos (educación, salud ...) y los recursos naturales (agua, biodiversidad ...); niega al Estado receptor del capital extranjero el derecho a poner el más mínimo límite a los inversionistas (o especuladores), ya sea en materia de exportaciones, de acceso a la tecnología, de contenido en empleos o del respeto del medio ambiente.

7. Los derechos sociales de los trabajadores y de los pueblos siguen siendo los grandes ausentes del ante proyecto de acuerdo. Su composición caricatural da una idea del lugar que ocupan en las preocupaciones de sus promotores: un corto preámbulo enunciando las pretendidas virtudes del libre comercio y varios deseos piadosos preceden la enumeración, con muchos detalles, de los múltiples derechos sin deberes garantizados al gran capital. A imagen del TLCAN, pero a diferencia de la Unión Europea o del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el ALCA escoge reproducir en su seno la dicotomía fundamental del sistema mundial capitalista, la de los mercados integrados en todas las dimensiones, exceptuada la del trabajo: la libertad de circulación en el continente no concernirá las personas –excepto los “hombres de negocios”. Teniendo en cuenta las fuertes diferencias de productividad entre países, los efectos esperados de una liberalización de los movimientos de mercancías y de capitales, simultáneamente prohibida a los trabajadores por el cierre de la frontera del Río Grande, serán ciertamente las mismas observadas en México con el TLCAN. Aparte de un aumento espectacular de las exportaciones en diez años[8], la economía mexicana se caracteriza sobre todo por: intercambios exteriores que dependen cada vez más del mercado de los Estados Unidos; las maquiladoras con condiciones de trabajo absolutamente inadmisibles; las producciones agrícolas aplastadas por la competencia de una agricultura estadounidense moderna, subvencionada y protegida; las pérdidas de empleos y de poder adquisitivo de los bajos salarios; las capas siempre más numerosas de la población sumidas en la pobreza; la explosión de las tentativas de emigración clandestina; y verdaderos escándalos ecológicos. Ejemplo: en 2000, el Estado mexicano fue condenado por “expropiación” por el tribunal del Centro internacional de la Resolución de conflictos ligados a la inversión, a pagar más de 16 millones de dólares a Metalclad, firma estadounidense, porque había exigido de ésta que pusiera fin a una descarga de productos considerados como peligrosos para la salud y para el medio ambiente[9].

El imperativo de las resistencias, la urgencia de las alternativas

8. La inminencia y la gravedad de los peligros del ALCA han provocado el crecimiento de las oposiciones a su entrada en vigor. Las resistencias convergen de todos los sectores progresistas de las sociedades civiles latinoamericanas y caribeñas: partidos políticos, sindicatos de trabajadores obreros o campesinos, movimientos sociales, indígenas, feministas... El auge de los comités de lucha y el éxito de las manifestaciones, marchas y consultaciones populares han contribuido a informar, movilizar y organizar los pueblos de todo el continente. En septiembre de 2002, más de 10 millones de brasileros dijeron no al ALCA. Apoyados por este formidable impulso popular, ciertos Estados (Cuba, Venezuela) supieron resistir y formular críticas radicales contra el proyecto destructor, mientras que otros (bajo el impulso de Brasil) pudieron renegociar el calendario y retrasar el plazo, recordando que otra integración era y seguía siendo posible.

9. La nueva dinamización de MERCOSUR (que une a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), como también la del Pacto Andino o los mercados comunes de América central y del Caribe, constituye seguramente la vía de la integración en bloques regionales susceptibles de hacer contra peso a la hegemonía estadounidense. Pero para liberarse de esta última y para reforzarse, estas regionalizaciones tendrán que obedecer a una lógica diferente, puesta al servicio de los pueblos. Deben en particular adaptarse a las exigencias propias de desarrollo de sus economías; construirse sobre bases sociales sólidas; ser concebidas de manera autónoma, democrática, respetuosa de los derechos de los individuos y de los pueblos, pero también del medio ambiente; responder a las necesidades de los pueblos con programas públicos voluntaristas de autosuficiencia alimenticia, de salud, de educación, de infraestructura...; crear los mecanismos adecuados de perecuación de los recursos asegurando una reducción tan rápida como sea posible de las inigualdades intra- e internacionales; encontrar las formas apropiadas de cooperación y de harmonización de las decisiones...

10. El ALCA es la negación pura y simple de los derechos humanos, y especialmente el de la autodeterminación de los pueblos, pilar de la Carta Internacional de los Derechos Humanos[10]. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, inspirada en los Pactos relativos a los Derechos Humanos, reafirma el derecho inalienable de los pueblos a la “soberanía plena de todas sus riquezas y recursos naturales”[11]. Es inaudito que los Estados apliquen políticas o concluyan acuerdos económicos que contravengan los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, siendo la protección y la promoción de los Derechos Humanos una obligación de estos últimos. Por esto el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) exhortan los gobiernos de los países de América latina y del Caribe a rechazar el ALCA, en su forma actual, con el fin de que los derechos de los pueblos latinoamericanos y caribeños a decidir soberanamente y a seguir siendo los dueños de su futuro colectivo sean respetados.