SIP elige a Argentina y Ecuador como sus blancos principales

Bia Barbosa

14/10/2012

Opinión

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São Paulo - El próximo 7 de diciembre, expirará el plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia de Argentina para la medida cautelar, obtenida por el Grupo Clarín, que impide la aplicación de dos artículos de la Ley de Medios a las actividades económicas del grupo. Uno de ellos, el art. 161, determina que los grupos que sobrepasen los límites de licencias definidos por la nueva ley deben iniciar un proceso de adecuación de sus licencias. Según la Ley de Medios, ningún grupo comunicacional en el país puede tener más de 24 licencias de TV por cable y 10 de radio y televisión abierta. El Grupo Clarín, además del periódico impreso, tiene 4 canales de televisión, una radio FM y 9 radios AM, además de diez veces más licencias de cable del número autorizado por la Ley de Medios.

Frente a la proximidad de la fecha y reconociendo la influencia que la iniciativa de Cristina Kirchner ha tenido en los países vecinos en pro de la democratización de los medios comunicación masivos, la 68ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolla hasta este martes (16) en São Paulo, centró su crítica en el que definió como "hostilidad contra la prensa" por parte del gobierno argentino. La sesión de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP fue abierta en la mañana del domingo (14) con la presentación, de más de 40 minutos, del representante de la SIP en el país, Daniel Dessein.

Dessein leyó íntegramente el informe (disponible AQUÍ), que afirma que “una serie de resoluciones gubernamentales, maniobras judiciales, declaraciones agraviantes y amedrentadoras de funcionarios públicos, medidas de hecho contra medios y amenazas y ataques físicos contra periodistas, configuran un escenario oscuro para el ejercicio del periodismo y del derecho de todo ciudadano a expresarse libremente”, considerando que la libertad de expresión de los ciudadanos se da a través de la gran prensa argentina.

Sobrio también fue el vídeo elaborado por el Clarín, y presentado en la continuación de la lectura del informe, mostrando el "crecimiento de la censura" en el país. En una ágil edición de imágenes y trilha sonora de suspense, el vídeo enumera las acciones de la Presidenta Kirchner contra la prensa y afirma que su objetivo es "consagrar el miedo, la autocensura y el silencio". Afirma que los "organismos del gobierno son oficinas para reprimir a los ciudadanos que quieren expresarse".

Entre las acciones tachadas cómo violadoras de la libertad de prensa están la ampliación de la red comunicacional oficial, "mecanismos discriminatorios" de distribución de la publicidad oficial, "abuso ilegítimo" de cadenas nacionales en la televisión, cobertura parcial de eventos por parte de algunas estaciones de TV, que estarían vinculadas al gobierno federal, y "aplicación selectiva" de la Ley de Medios. Según la SIP, hay varios grupos mediáticos - el informe no citó cuáles - que no se ajustan a lo previsto en la ley, aprobada hace tres años, y que no fueron "intimados” a cumplir lo que ésta estipula.

El final del vídeo trae un cuestionamiento sobre la versión oficial de lo que sucederá el 7 de diciembre. Según los constitucionalistas consultados por Clarín, nada. Si hasta ese entonces la Corte Suprema de Justicia no decide sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados por el grupo y no prorroga la validez de la medida cautelar, sólo comenzará a correr el plazo para que el Clarín se adecue a la nueva ley. Para el grupo, eso no es nada. Para el gobierno Kirchner, será una victoria de la ley creada para, entre otros puntos, combatir la concentración de la propiedad de la media en la Argentina.

Discrepando de esa lectura del gobierno y afirmando que nada sucederá el día 7, el vídeo termina con tres fuertes preguntas acusatorias: " ¿Qué se busca entonces con el informe oficial?", "¿Preparar el terreno para otra cosa?", "¿Terminar con el Estado de Derecho en la Argentina?". Para quien no conoce la realidad en el país, parece asistir a un documental pre-dictadura en el territorio vecino.

Después de la exhibición del vídeo, los representantes de otros periódicos argentinos presentes sugirieron, que la SIP haga una misión internacional a la Argentina el día 7 de diciembre, para acompañar los acontecimientos políticos en el país. El director del periódico Los Andes, de Mendoza, destacó la importancia de una "acción enérgica de la SIP", "porque la sociedad argentina está amordazada por la autocensura y se quedó sin referencias institucionales".

Un empresario uruguayo comparó el caso Clarín con lo que aconteció con la RCTV, en Venezuela. A lo que el dueño de un periódico de Caracas añadió: "Es una epidemia. La estrategia de Venezuela está siendo imitada por otros países".

Prensa ecuatoriana: sin consenso sobre el caso Assange

El segundo destaque de los informes fue el de Ecuador. En un extenso informe de 9 páginas -el mayor de la Comisión (disponible AQUÍ)-, la SIP denunció decisiones judiciales, iniciativas de proyectos de ley y medidas del Presidente Rafael Correa que atacarían la libertad de prensa. Según el informe, los tres poderes del país actúan contra los medios de comunicación.

"El régimen continúa usando recursos públicos para atacar y "desmentir" sistemáticamente las publicaciones de la media, periodistas y personas con opiniones distinguidas a la suya. El Presidente Rafael Correa promueve la idea de que la media privada debe ser rechazada porque busca el enriquecimiento de sus dueños y, por eso, mantiene la prohibición a sus ministros de dar entrevistas a lo que él llama prensa mercantilista" (Ecuavisa y Teleamazonas, además de los diarios El Universo, El Comercio, Hoy y La Hora).

“Esta decisión cuenta con respaldo legal, ya que la justicia negó una acción de protección que buscaba declararla inconstitucional “, dice una parte del informe. “La institucionalidad está tan golpeada y controlada por los políticos y las bandas delictivas, que sus perseguidos prácticamente quedan en estado de indefensión”, se agrega.

La SIP también afirma que el "cierre" de canales de radio y televisión regionales - que según las autoridades de Ecuador no cumplían las normas técnicas y económicas vigentes - se dio por retaliación política. La querella de la Fiscalía sobre el articulista Miguel Macías Carmigniani, del periódico El Comercio, también fue considerada una violación a la libertad de prensa. La comunidad LGBT de Ecuador cuestionó su artículo "¿Familias alternativas?", considerando que el contenido publicado incita el odio, lo que es prohibido por la Constitución.

La SIP, sin embargo, no se posicionó sobre el asilo político concedido por el gobierno de Correa al fundador del Wikileaks, Julian Assange, en la embajada de este país en Londres. El caso sólo es citado en el documento con carácter informativo. Cuestionado por CARTA MAYOR sobre cómo ve la prensa ecuatoriana el asilo político a una de las principales víctimas de violación de la libertad de expresión actualmente, el vicepresidente para Ecuador de la SIP afirmó que "no hay una posición única por parte de los medios". "Algunos consideran que el asilo es legítimo, otros no. Cada medio tuvo una opinión", señaló.

En el transcurso del día se presentaron los informes de la mayor parte de los países miembros. Además de Argentina y Ecuador, la presidencia de la Comisión, sin coincidencias, también consideró "extremadamente preocupantes" los casos de Venezuela, Bolivia y Cuba.

En la tarde, cuando se preguntaban por qué la sociedad latinoamericana "no reacciona" y "no está preocupada, como la SIP está, por la defensa de la libertad de prensa en el continente", un periodista de Paraguay dio una sugerencia que merece consideración: "La SIP debería hacer una investigación sobre lo que piensa la población y si lo que la sociedad entiende como libertad de expresión es la misma que nosotros, los de la SIP, entendemos". (Traducción ALAI)

Fuente original en portugués:

http://www.cartamaior.com.br/templates/materiamostrar.cfm?materia_id=21076

https://www.alainet.org/es/active/58846