Las asignaciones de frecuencias de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a ellas.

Así dice el principio 12 de la Relatoría de la Libertad de Expresión, que se refiere a los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación, los que deben estar sujetos a leyes antimonopólicas porque conspiran contra la democracia.

En el artículo 39 de la Constitución Política se establece la prohibición de monopolios y privilegios. En Guatemala, desde hace más de 15 años, las radios comunitarias vienen realizando acciones, propuestas, reclamos y formulando iniciativas de ley para que esos medios de comunicación estén enmarcados en la legislación.

Actualmente funcionan de manera irregular, ya que la Ley de Telecomunicaciones establece como modalidad la subasta para adquirir las frecuencias, lo que se constituye en un obstáculo para que las comunidades puedan participar, ya que el criterio es económico y, por lo tanto, excluyente y discriminatorio.

Dirigentes del movimiento de radios comunitarias han realizado esfuerzos enormes para salvar los numerosos obstáculos que se les han impuesto, han desmontado las críticas de que utilizan el sombrero de comunitaria para radios que son comerciales, de denominación religiosa o propiedad de una persona. Para esto diseñaron un perfil para que de las 400 radios que operan como comunitarias, se identifique a las que realmente llenan esos requisitos.

También argumentan razones culturales, ya que en los medios tradicionales usualmente no abordan aspectos de la cultura de los pueblos indígenas, las comunidades no participan en mensajes idóneos, no se hace uso de sus idiomas y no se promueve su autoestima y valores.

Han recurrido a cuanto fundamento legal nacional e internacional avala su reclamo. Tienen presentadas varias iniciativas de ley para amparar su derecho, sin que los diputados les hayan dado importancia.

Diputados de Líder sí están interesados en el tema. El año pasado, dos de ellos, apoyados por su bancada, diligentemente impulsaron propuestas para aumentar a 25 años el tiempo del usufructo de las frecuencias. En agosto de este año, el Movimiento de Radios Comunitarias denunció que miembros de ese mismo bloque presentaron la Iniciativa de Ley 4479 que pretende criminalizar el uso de espectro radioelectrónico, la que consideraron está dirigida a las radios comunitarias que no cuentan con estatus legal y buscan obtener reconocimiento jurídico. Además, atenta contra la democratización de los medios de comunicación, porque al Estado le corresponde solo administrar el espectro radioeléctrico, ya que es un bien común que pertenece a la población guatemalteca en su colectividad y no solo al sector privado.

En octubre, cuando Guatemala se someta al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo para evaluar el estado y la vigencia de los derechos humanos en los países miembros de la ONU y le pregunten por qué no cumplió con la única recomendación que se le hizo en el tema de libertad de expresión cuatro años atrás, referida a modificar la ley, las actuales autoridades tendrán que cargar con la culpa de la anterior administración que no hizo nada para lograrlo.

El Congreso tiene en sus manos la iniciativa de ley 4087 Ley de Medios de Comunicación Comunitaria. Sería deseable que, en el marco del Oxlajuj Baktún se reconozca este derecho. Así, la celebración sería más sustancial y menos folclórica.

Guatemala, 15 de octubre de 2012.

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA - http://cerigua.info/portal/