Una fuerte polémica se ha desatado en Ecuador sobre la injerencia de los intereses particulares del poder económico en el poder político, luego de denuncias sobre las contribuciones de la banca privada a la campaña presidencial de Jamil Mahuad, en 1998. A mediados de octubre, el ex presidente del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, denunció desde la cárcel que a través suyo, se canalizaron tres millones de dólares de aportes a la Democracia Popular (DP) para la campaña electoral del actual Presidente Jamil Mahuad. El banquero sostiene que tal donación no consta en la declaración presentada por la DP al Tribunal Supremo Electoral, "actitud dolosa que compromete a importantes personalidades del gobierno del Dr. Jamil Mahuad". Insinuó, además, un posible manejo irregular de una parte de la donación. Aspiazu se encuentra encarcelado desde julio por evasión tributaria. Pocos dudan que estas acusaciones hacen parte de una serie de maniobras y dilaciones emprendidas por sus defensores para abortar el juicio en su contra. No obstante, los hechos centrales de la denuncia no han sido negados. Ello ha llevado a sectores de la oposición a señalar un probable vínculo entre esta donación y el feriado bancario, declarado por el gobierno en marzo de este año, que ha provocado una honda recesión de incalculables consecuencias. Es vox populi que el feriado bancario se dio principalmente para impedir el cierre del Banco del Progreso. La víspera de la denuncia, renunció el secretario general de la Presidencia, y ex-tesorero de la campaña de Mahuad en la Costa, Ramón Yulee, quien se encuentra prófugo. Tanto él, como el hermano del mandatario, Eduardo Mahuad, quien también manejó fondos de la campaña de la Democracia Popular, han sido llamados a declarar en el caso. Se está examinando la posibilidad de llamar al propio Presidente a rendir cuentas, y no se descarta que pueda ser enjuiciado, para lo cual haría falta la autorización del Congreso. Y es que la Ley de Partidos prohibe a los partidos políticos recibir, directa o indirectamente, aportes económicos de personas naturales o jurídicas que contratan con el Estado, so pena de una fuerte multa. Ahora bien, Fernando Aspiazu era en ese entonces apoderado de la empresa eléctrica EMELEC, la cual no solo mantiene contratos con el Estado, sino que además tiene un litigio legal con éste, por un desacuerdo sobre el monto de deudas mutuas. Una cuestión de ética El entorno presidencial ha buscado desactivar la acusación aduciendo que si bien en la nueva Constitución se estableció fijar un techo a los gastos electorales, la ley correspondiente aún no ha sido sancionada. Pero más allá de la legalidad o no, el asunto tiene implicaciones éticas ineludibles. Para el presidente constituye un serio golpe, en la medida en que el incidente empaña lo que hasta ahora ha sido su mayor capital político: su imagen de transparencia y honestidad. Las aclaraciones que dio al país recién el 3 de noviembre, en poco ayudaron a disipar las dudas. Mahuad afirmó, en lo que fue generalmente visto como una intervención tardía e insuficiente, que él no manejaba los fondos de la campaña, pero que el partido entregaría un informe completo dentro de poco. Anunció, por otra parte, el envío inminente de una ley al Congreso para limitar el gasto electoral. Todo deja entrever que se está topando apenas la punta del iceberg. Los propios involucrados de la DP han insinuado que pudo haber otros contribuyentes por montos aún mayores, y que otros partidos también habrían recibido aportes de esta magnitud. Pero ello no quita el hecho de que la DP está en el gobierno gracias a esta elección, y que desde que Mahuad asumió la presidencia, su gobierno ha desembolsado más de 1.5 mil millones de dólares para salvar a bancos quebrados, debido principalmente al mal manejo e ineficiencia. Hoy más del 60% de la banca se encuentra en manos del Estado, sin que se hayan afectado, en varios casos, los bienes de los accionistas. No sorprende entonces que exista preocupación sobre el margen real de autonomía del ejecutivo frente a la banca.