El Perú tiene cuatro “triple fronteras” con serios problemas de inseguridad ciudadana entre los diversos grupos demográficos que conviven en ellas: pueblos indígenas, campesinos, bosquecinos, colonos ribereños y pobladores urbanos. Se trata de la Zona MAP con Brasil y Bolivia, el Trapecio Amazónico con Brasil y Colombia, el Codo del Güeppí con Ecuador y Colombia y el Punto de la Concordia con Chile y Bolivia.

 

Salvo la Zona MAP, las otras tres están altamente militarizadas y/o policializadas debido a que son zonas de frontera, a la  inseguridad ciudadana que está basada en la poca presencia del Estado en sus instituciones civiles, una sociedad civil poco organizada, la inexistencia de partidos políticos, débiles movimientos ciudadanos y en la persistencia de varios tipos de delitos que se han desarrollado en las últimas décadas, que conviven entre ellos y se retroalimentan: contrabando de bienes, tala ilegal de madera, tráfico de armas, tráfico de especies de flora y fauna en extinción, minería informal de oro, tráfico ilícito de drogas y precursores químicos para producirlas, lavado de activos, trata de personas y prostitución infantil, corrupción pública y privada, etc.

 

Sostenemos que en general y sobre todo en sociedades fronterizas olvidadas de los centros de poder, un encaramiento con concepto de Seguridad Nacional, es decir de “guerra”, contra estos delitos, no ayuda a mitigar los problemas sino que los dispersa y vuelve un “blanco móvil”. Una estrategia de Seguridad Humana para luchar contra el olvido y la distancia, acompañada secundariamente de inteligencia operativa y acciones policiales puntuales, parece ser la más adecuada.

 

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