El espejismo del Fiscal General

27/11/2012
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Elección del funcionario "ignora" problemas reales de persecución del delito
 
SAN SALVADOR – Al asumir la Presidencia en el 2009, Mauricio Funes admitió que el país estaba “acechado” por el crimen organizado y el narcotráfico, el cual actúa desde las mismas instituciones y las ocupa como trampolín para asegurar el éxito de sus negocios, quebrar la competencia y las investigaciones en su contra.
 
Ese modo de operar es una verdad para el aparataje institucional, específicamente para la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General (FGR), principalmente para esta última que por mandato constitucional tiene el monopolio de la investigación del delito.
 
Sin embargo, el Ministerio Público es el más cuestionado por su trabajo, en vista del “fracaso” en el combate a la impunidad, lo que la pone en la mira de las instituciones no gubernamentales y la población.
 
En dicho sentido, se estima que del 100% de casos, entre el 98 y 97 por ciento quedan sin justicia a favor de las víctimas.
 
En contraste, desde que estaba en la dirección del Ministerio de Defensa, el general de división David Munguía Payés, ya atribuía entre el 80 al 90% de los crímenes que ocurren en el país a pugnas entre pandillas. Ascendido a ministro de Seguridad, el militar insiste en el porcentaje de culpabilidad a dichos grupos.
 
Empero, informes de organismos internacionales dan cuenta de la alarmante situación del negocio de las drogas en El Salvador, que hasta la fecha todavía no gana notoriedad en el mundo mediático por su posible “ocultamiento”.
 
Citando un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito del año 2005, el rector de la UCA, Andreu Oliva mencionó, en la Cátedra de Realidad Nacional de dicha universidad, que el 88% de sustancias prohibidas que vienen de Sur América pasan por Centroamérica y México.
 
En el caso del país, los grupos que controlan el “negocio de la droga” se dedican transporte, descarga, protección y embarque de dichas sustancias, cuyo destino último es Estados Unidos.
 
Estas organizaciones, dijo el jesuita en base a un informe de inteligencia policial, están ligadas a “banqueros, hombres de negocio y empresas fachadas” que se encargan del blanqueo de dineros para ponerlo a circular en “grandes inversiones”.
 
“En el lavado de dinero se realizan también inversiones inmobiliarias, hoteles, tiendas, empresas de transporte, clubes deportivos”, citó Oliva.
 
“Además de impunidad, el crimen busca también la complicidad de los agentes estatales en sus actividades criminales, en la regulación del mercado, el control de la competencia”, expresó el académico.
 
Desde que el saliente presidente de México, Felipe Calderón asumió las riendas de dicha nación, abrió “frontalmente” la guerra contra el narcotráfico, obligando a los cárteles a desplazarse al Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).
 
En Guatemala la violencia producto del narcotráfico es aceptada como tal, de igual manera en Honduras, que ahora es el país más violento del mundo.
 
¿Por qué El Salvador es la excepción?
 
En entrevista a Diario Co Latino del 11 de febrero del 2011, Munguía Payés, desde el Ministerio de Defensa aceptó que Los Zetas y el Cartel del Golfo estaban en territorio nacional y trataron de permear la institución armada y policial.
 
“También se mueven a esta dirección (Centroamérica) buscando un poco de seguridad en donde la presencia de los carteles en el país ha sido un poco discreta; lo que ha tenido más movimiento ha sido la venta droga al menudeo que, normalmente, lo hacen las pandillas”, declaró a dicho rotativo el militar de baja.
 
A la par de los cuestionamientos a la labor de la Fiscalía, surgen las interrogantes al poder Legislativo: ¿la elección del nuevo fiscal supone la superación de la impunidad? ¿Piensan los legisladores en el descrédito de la institución? ¿Continuará la lógica de enfrentar sólo pandillas?
 
El diputado Santiago Flores, del FMLN, cuestionado sobre el tema fue tajante al decir que los aspirantes a la fiscalía, Luis Martínez y Romeo Barahona no “van a luchar contra el crimen organizado”.
 
No obstante, tampoco aseguró que Astor Escalante tome ese camino.
 
“Esperaría que la otra gente se comprometa por la persecución… y si cambian gente en la lista pues bienvenido sea, hay que valorarlo bien; esos son los temas que hay que poner en el centro, porque de nada sirve elegir un fiscal por una formalidad y no precisamente que haga el papel que le corresponde desarrollar”, externó.
 
Respecto a la lucha contra las “cabezas del crimen”, el efemelenista denunció los “elementos de impunidad dentro del ejercicio del poder”.
 
“Los periódicos solo han sacado una situación de si hay o no fiscal, y no han entrado a una defensa concreta de la necesidad de perseguir el delito en todas las esferas”, reflexionó.
 
Por otra parte, el diputado de ARENA, Roberto d´Aubuisson valoró que la “ineficiencia” de la Fiscalía se debe a la sobrecarga de trabajo, bajo presupuesto y “otras herramientas”.
 
“Hay fiscales que tienen hasta 200 casos. Es difícil que pueda tener todos, por eso es necesario que se fortalezca la Fiscalía, pero lejos de eso… Lejos de eso el FMLN aprueba un presupuesto que no mejora a la Fiscalía”.
 
Lunes, 26 Noviembre 2012
 
 
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