El Partido Social Cristiano y su jefe, el ingeniero León Febres- Cordero, han entrado en una batalla de fiscalización de los actos y contratos en tres empresas del Estado en las cuales existen serios visos de corrupción. Estos pasteles se han repartido los diputados de la siguiente forma: Febres-Cordero y Luis Almeida revisan documentación de Pacifictel; Andinatel está bajo la lupa de Marcelo Dotti; Petroecuador la investiga Luis Fernando Torres; y, a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), la escarba el desafiliado Patricio Dávila. Para poder fiscalizar Febres-Cordero ha retirado su apoyo y del PSC al gobierno, con quién meses atrás se pusieron de acuerdo para impedir se promulgue la nueva Ley de aduanas, festejaron la aprobación de la nefasta ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, accedió a las presiones socialcristianas para sacarla de la AGD a Wilma Salgado; continúan actuando juntos en el Congreso Nacional. El PSC se volvió acérrimo aliado del gobierno luego de firmar la Carta de Intención, pudiendo dormir tranquilos con la salida de los partidos de la alianza: Pachacutik y Movimiento Popular Democrático (MPD). En días recientes a todo pulmón decían que apoyaban al sistema democrático, constituyéndose en guardianes de la democracia particularizada a sus intereses. En el asunto petróleos, el señor Presidente, pretendiendo emular al dueño del país, ha decretado que el 35% de las utilidades que percibe el Estado por la explotación del oro negro, sean entregadas a los inversionistas extranjeros, para atraer capitales. Una vez entregada la licitación a la compañía ganadora, se negociará entre las partes el porcentaje a ser entregado al Estado, que en todo caso, y conociendo la voracidad de las empresas transnacionales será mínimo. Las 4 áreas de la estatal PETROECUADOR son: Shushufindi, Auca, Culebra-Yulebra y Lago Agrio. La pantalla de fiscalizadores es para obligarle al gobierno que no se entregue los 4 campos petroleros a empresas chinas, pues quedaría fuera entre otras, la empresa norteamericana Occidental, en la cual tiene intereses el Partido Social Cristiano, 30.000 millones de dólares se les irían de las manos si no obtienen los contratos, y más 900 millones de barriles a ser explotados en 20 años. La empresa en mención, demandó al Estado ecuatoriano la devolución de 50 millones de dólares por cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA). ¿He allí el interés de país demostrado por el PSC?. El señor Presidente Lucio Gutiérrez y el Ministro de Energía y Minas Carlos Arboleda, no contento con eso les entregan, a los concesionarios de manera gratuita las instalaciones y facilidades de producción existentes en los campos en licitación, y se les permitirá a la(s) compañías(s) extranjera(s) que fijen y revisen anualmente los costos unitarios de producción. Esta fraudulenta convocatoria se sustenta en el decreto número 906 publicado en el Registro Oficial número188 del 13 de octubre de 2003, en el cual a pretexto de expedir un "Reglamento del Contrato de Asociación" previsto en la Ley de Hidrocarburos, se reforma ilegalmente dicha ley mediante decreto ejecutivo, facultando a que los contratos sean aplicables en la exploración y explotación, y la hacen extensivo para la explotación de los campos petroleros en producción. El doctor José María Borja Gallegos, Procurador General del Estado en relación al proceso de licitación internacional de las áreas hidrocarburíferas de Shushufindi, Auca, Lago Agrio y Culebra Yulebra, manifestó que el Reglamento Licitatorio se va en contra de los intereses nacionales. En este caso, de proseguir con la viciada licitación petrolera, el señor Procurador deberá actuar de oficio ya que no se toman en cuenta sus opiniones. En Pacifictel, se conoce de casos de corrupción en el contrato con la empresa Alona para la instalación de un software de facturación; el contrato con Oasis se firmó para que instalara 42.000 líneas y el contrato de Nedetel consistía en otorgar el servicio de banda ancha para Internet. Existía también denuncias sobre irregularidades con aseguradora "La Unión", sí ya se conocía desde tiempo atrás estos sucesos ¿porqué espero seis meses el ingeniero para tomar ésta decisión?, ¿es que el gobierno se demoró demasiado en transferir algunos contratos a las empresas que maneja el grupo socialcristiano y el grupo Isaías interesados en instalar dicha tecnología? A estas denuncias de sobreprecios se agregan otras por uso indebido de líneas telefónicas, para realizar by pass, es decir llamadas internacionales, a un precio de 0.03 centavos de dólar, cuando su valor es de 0,25 centavos de dólar, lo que causaba pérdidas por mas de 200.000 dólares al Estado desde el 2.001 hasta junio del 2.003, su puesto de operaciones estaba instalado en la FAE en la ciudad de Guayaquil. De este hecho ilícito se la culpa al ex presidente del directorio de Pacifictel mayor David Jaramillo. Acaso pretenden mediante presión política cerrar con broche de oro, la transferencia y administración de servicios básicos a favor de la Alcaldía de Guayaquil, recordemos que a través de Fundaciones el burgomaestre trabaja y controla el desarrollo de la ciudad, estas son: Fundación Malecón 2.000, Autoridad Portuaria, Siglo XXI, Aeropuerto, Energía Eléctrica, Terminal Terrestre, Dragados y Aseguramiento Popular de Salud. Ahora la mira va a las telecomunicaciones, que sin dudarlo en corto tiempo pasarán a sus manos, con el pretexto de descentralización y eficiencia, cumpliendo el sueño de tener Guayas y Guayaquil para el PSC. La intervención del diputado Almeida está demás, se ha demostrado que sus denuncias son desvergonzados mecanismos de chantaje para cobrar más de 1.000.000 de dólares por contratos firmados entre su emisora y Pacifictel, y de paso saldar la vendetta con el gobierno por haberle despedido a su hermano de Petroecuador. El Ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, cumple al dedillo con lo que determina el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP), del cual el 70% va al pago de la deuda externa, un ridículo 10% se destina a la inversión social, y el 20% alimenta al Fondo de Estabilización Petrolera (FEP), que sirve para pagar deuda externa cuando el precio del petróleo haya disminuido. Esta Ley fue aprobada en el gobierno de Gustavo Noboa, con el apoyo del PSC y del PRE. Al PSC le conviene que los excedentes del petróleo estén bien guardados, no deben quedar mal con el FMI y el BM, celosos guardianes del cobro de deuda externa más intereses, que luego la reparten a los acreedores nacionales y extranjeros, ganancias pírricas, obtenidas a costa de vidas humanas debido al recorte presupuestario especialmente en salud y educación. A Mauricio Pozo, no le interesa en lo más mínimo atender la economía de los sectores pobres del país, provocando legítimas protestas y reclamos de empleados del Registro Civil, carcelarios, estudiantes, maestros, universidades, trabajadores del sector de la salud, municipios, consejos provinciales. Lo contradictorio, de esta situación es que, mientras dichos sectores reclaman recursos y atención a sus legítimas derechos, el gobierno nacional se encuentra al día en el pago de la deuda externa. Con el pasar del tiempo, se ha convertido en una especie de círculo vicioso: pago puntual a nuestros acreedores extranjeros, vaciando las arcas fiscales, desatendiendo el pago de sueldos y salarios de los servidores públicos, ahí sí por tiempo indefinido. Como si las necesidades elementales de sobrevivencia de dichas familias pudieran detenerse por el tiempo que necesita el ministro de Economía y Finanzas para evadir la forzada emergencia fiscal. ¿No sabe el dueño del dinero, que el 80 % de la población ecuatoriana es pobre, lo que significa que los trabajadores fiscales, junto con su familia, viven únicamente de su sueldo? ¿Señor economista no puede demorar un poco el pago de la deuda externa, mientras se arreglen las emergencias nacionales provocadas por usted, en afán de servirles al FMI y el BM? Bajo estos parámetros el ingeniero Febres-Cordero pretende utilizar al pueblo ecuatoriano para moverle el piso al gobierno, es decir, repetir lo de Bucaram y Mahuad si no cumple con sus intereses económicos más no políticos, expresando que "Los hechos hablarán por sí solos. Estas cosas no se pueden predecir, no se pueden calcular, no pueden ser la meta de un partido democrático, es el pueblo a través de sus expresiones populares, el que determinará lo que hay que hacer constitucionalmente" Los movimientos sociales y los partidos de izquierda no deben caer en la jugada socialcristiana del recambio burgués; si la inestabilidad política continúa, deberán actuar en conjunto y sin sectarismo para establecer un gobierno popular y unitario, no entregarle en bandeja de plata a la oligarquía sus resultados de lucha, esta vez hay que tomarle al toro por los cuernos sin temor alguno. La doctora Wilma Salgado una vez designada gerente de la AGD, a los deudores y financistas se les escapa de su control dicha entidad, llevándose el susto de su vida ya que no habían limpiado a tiempo las pruebas dejadas. La doctora Salgado no se limitó solamente a recuperar dineros adeudados por los corruptos financistas, sino a hacerle frente a influyentes y poderosos deudores, que habían tejido una inmensa red de testaferros listos para dejar sin efecto y huella el resultado de sus atracos. Para ello hasta le desafiliaron a uno de sus ex gerentes para que les cubra sus espaldas empezando una campaña de agresividad testaferra a favor de uno de los acreedores. Ha cumplido el gobierno con lo dispuesto por el FMI y el PSC, aunque demorándose un poco, le despidieron a la doctora Wilma Salgado, por atreverse a cobrar a los grandes morosos y atracadores del país; le acusaron de no reestructurar a tiempo la banca privada quebrada en manos del Estado, y pasarla saneada, sin problema alguno a manos privadas nuevamente, especialmente en lo que se refiere al caso Filanbanco y el Banco del Progreso. Cuando fue llamada al Congreso Nacional, denunció, entre otras cosas, que el actual Directorio de la AGD era un Directorio vinculado, pues el "doctor Carlos Larrea, representante del Presidente de la República ante el Directorio, pariente político de un señor vinculado al señor Peñafiel del Banco de Préstamos; y el Ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, esta casado con una sobrina del doctor Larrea. Entre parientes políticos pretenden destruir la actual administración de la AGD, vinculados al Banco de Préstamos" Una de las causas para la salida de la Dra. Salgado, fue la negativa rotunda al arreglo planteado por el señor Agustín Febres- Cordero. La petición de que acepte en dación de pago el fideicomiso el Descanso, a lo que respondió con integridad absoluta: "Mire señor Febres-Cordero yo nunca ayudo a nadie. En la AGD se siguen procedimientos y son las áreas las que analizan: el asesor legal, el informe de auditoria, el informe de los peritos avaluadores. Y como he descubierto que todo entregan con sobreprecios, he creado una unidad adicional de control para evitar lo que me pasa en los sobre precios". Las presiones y ofrecimientos continuaron, llegando a proponerle que habrá un informe de Contraloría favorable a su gestión si acepta dicho fideicomiso, ratificándose nuevamente en su negativa a acceder a la petición absurda. Gracias a esta grotesca propuesta podemos ver quién o quienes manejan los hilos del Estado ecuatoriano, acaso la Contraloría funciona al servicio del PSC, ya que en tiempo record ha elaborado un informe en contra de Salgado; no sucede lo mismo con el informe del ex gerente de la AGD Patricio Dávila, que pese haber transcurrido dos años de su salida no se sabe nada del mismo. En claro nerviosismo gubernamental, el señor Ministro de Economía, hablo de cerrar la AGD, lo cual no es posible ya el Congreso Nacional decidirá aquello, pues fue creada mediante la famosa Ley Trole, apoyada en ese entonces por la Democracia Popular y el PSC. Con ese desconocimiento de Ley -cosa sospechosa en un Ministro- se pretende poner fin a las investigaciones, a la recuperación de archivos contables, a la historia de cómo y quienes manejaron aquellos dineros desde su creación; todo este trabajo iniciado por la ex gerente sobre el saqueo bancario, con toda intencionalidad quieren bajarlo en fojas cero, y echar tierra a la recuperación de la cartera, cuya exclusiva responsabilidad es de la AGD. Todo ese discurso de lucha contra la corrupción en la campaña electoral del Partido Sociedad Patriótica y de Lucio Gutiérrez, lo cambió por el discurso de apoyo a la corrupción y del dejar hacer a los banqueros lo que les de la regalada gana. Lo del fideicomiso internacional es una tomadura del pelo a los ecuatorianos, el gobierno quiere pasarse de vivo, sobre que quieren integrarlo, si solamente pueden hacerlo sobre algo ciertos obre lo que existe o se ve, no sobre lo que hay que investigar, que reconstruir, y eso es imposible ya que solamente esa información la controlan los poderosos, los que deben, y por lógica no van entregarla. Lagarto no come a lagarto, ni aquel que dijo que no se ahueva ante nada. En política exterior, así las autoridades gubernamentales digan lo contrario, es innegable que el país como vecino de Colombia, amigo y mejor aliado de los Estados Unidos en la aparente lucha antidrogas está involucrado directamente en la aplicación del Plan Colombia, sirve como cabeza de playa para la aplicación de Iniciativa Regional Andina establecida por Bush, como parte de la estrategia de Seguridad Hemisférica de Estados Unidos para América Latina desarrollada desde le Comando Sur. Para ello ha sido necesaria una inversión aproximada de 1.500 millones de dólares, de los cuales el Ecuador apenas ha recibido unos 150 millones de dólares para gastos de frontera entre la policía y el ejército. Dicha "Iniciativa" va orientada al control geopolítico, socioeconómico y militar de América del Sur, de manera especial contra las FARC-UP y el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, reforzándose querámosle o no, con el desarrollo del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), y de los acuerdos bilaterales de libre comercio (TLC). A esta estrategia militarista se suma el control de los recursos naturales, especialmente del petróleo y minerales estratégicos, agua dulce y biodiversidad. Estados Unidos no puede obligarnos, para entrar a negociar el TLC o el ALCA, la cancelación parcial o total por lo que el gobierno ecuatoriano debe a empresas norteamericanas como IBM, Bell South, Duke Energy. Si este es el caso, el Ecuador con legítima autoridad y derecho, debería exigir al gobierno de los Estados Unidos nos reembolse los inmensos gastos que el gobierno nacional ha realizado por la aplicación del Plan Colombia, y que conjuntamente con el gobierno colombiano cancelen y cubran los gastos originados a la población del norte ecuatoriano debido a las fumigaciones diarias que realizan mercenarios norteamericanos y la aviación colombiana. La presencia estadounidense en Manta consolida la estrategia militar de Washington para control militar, migratorio ilegal y de tráfico de drogas desde América del Sur, los denominados Puestos de Operaciones Avanzadas (FOL) como el de Manta se presentan como centros destinados exclusivamente a operaciones antidrogas, pero en realidad son bases militares encubiertas, para evitar la repulsa de los habitantes de los países en que se instalan. En los puestos FOL, han establecido lo que se conoce como los centros Matriz de Seguridad, elaborados por el Comando Sur de los Estados Unidos: Término que encubre una nueva estrategia encubierta de intervención conjunta que busca el fortalecimiento de la seguridad y el control de la frontera norte a través de la creación de nuevos batallones de combate expertos en lucha antisubversiva. Estos ejercicios permiten del mejoramiento de las capacidades de combate de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, del mejoramiento de armas y equipamiento para operaciones especiales, es decir para el enfrentamiento armado con las tropas insurgentes colombianas, en donde el ejército ecuatoriano por orden imperial hará el papel de yunque cuando se produzca la invasión yanqui en Colombia. La ejecución de este plan obliga a la realización de mejoras logísticas, la construcción y reconstrucción de aeropuertos a lo largo de la región costera y oriental, de puertos de inspección y desembarco en Machala, Manta y Esmeraldas, y Galápagos, así como brindar facilidades aeroportuarias en las ciudades de Guayaquil, Manta, Machala, Esmeraldas y Galápagos al ejército norteamericano. El denominado plan Matriz de Seguridad, proponen también la creación de batallones de elite expertos en lucha antiterrorista y el mejoramiento de la infraestructura militar a través de la adquisición de nuevos equipos bélicos, la instalación de un sistema de comunicación satelital en Orellana, Sucumbíos, Carchi, Imbabura y Esmeraldas, para un mejor "rastreo" de los inmigrantes que salen ilegalmente desde los puertos del Pacífico Sur, así como de guerrilleros que combaten en Colombia por una América y Colombia dignas. * Eduardo Ruilova Quezada es Consejero Nacional del Partido Socialista-Frente Amplio