Carlos Meza cumplió 6 meses en el gobierno, la Central Obrera Boliviana medio siglo y la población boliviana es partícipe de un escenario político enrarecido. Prácticamente todos los medios de comunicación calificaron como de creciente incertidumbre la gobernabilidad del país. El presidente viajó al encuentro de su homólogo argentino y juntos firmaron acuerdos para la venta del gas por espacio de 6 meses, incluyendo la salvaguarda de que "ni una molécula" debe ser revendida a Chile, y otro de carácter migratorio que busca paliar la situación de varias centenas de miles de bolivianos y bolivianas que constituyen las nuevas "cabecitas negras" –mano de obra barata- en el país gaucho. En otras circunstancias el gobierno hubiera obtenido un rédito formidable por los millones de dólares que obtendrá Bolivia por la venta del Gas. En la situación actual ello no es posible, salvo en algunos sectores del país, como Tarija y Santa Cruz, cuyas élites políticas abanderan radicalmente la propuesta de la venta de gas, habiendo llegado a amenazar inclusive con aprestos separatistas. Los intereses de las transnacionales petroleras que firmaron 84 contratos lesivos al interés boliviano, aprovechando la política neoliberal del gobierno de Sánchez de Lozada, esperan y presionan por mantener su privilegiada condición y se han anotado un triunfo parcial pues, el anteproyecto de nueva Ley de Hidrocarburos elaborado por el Poder Ejecutivo mantiene el statu quo de los contratos del gobierno anterior. En este contexto, el debate sobre el gas –en la práctica- ha gasificado la situación política y hoy 22 de abril el gobierno de Meza deberá enfrentar la prueba más difícil de su condición "seismesina". Las universidades del país, agobiadas por el escaso presupuesto están paralizadas, en todas las ciudades con recintos universitarios ha habido intensas movilizaciones en estos días y el escenario se ha tensado al extremos que se espera una jornada mucho más intensiva, bajo la consigna de "paro movilizado y con bloqueos". El otro actor clave de la paralización está constituido por los trabajadores del transporte que demandan seguridad con relación al tema del precio de los combustibles. La gasificación de la situación política radica en que universitarios, transportistas, y las principales fuerzas políticas no tradicionales junto a los movimientos sociales relacionan y vinculan directamente sus demandas con la exigencia de cambios profundos en la política sobre hidrocarburos. El contexto se enrarece mucho más con los rumores acerca de proyectos golpistas a los que no estarían ajenos (por lo menos a nivel de deseo) los partidos tradicionales que todavía controlan las directivas de las cámaras de diputados y senadores y la presidencia del Congreso que – en Bolivia- también desempeña la función de Vicepresidencia de la República. América Latina debe prestar atención especial al curso de los acontecimientos del día jueves 22. Ya el miércoles 21 la policía que había permitido las marchas y bloqueos de los universitarios, los enfrentó tratando de disolverlos. La población paceña y de otros departamentos evocó con preocupación los sucesos de mayo y octubre del 2003. Algunos se frotan las manos. Otros esperan una respuesta ecuánime el gobierno y un giro que le permita ampliar espacios de negociación. Las cartas están echadas y las fuerzas democráticas permanecen en vigilia.