El domingo 5 de diciembre, el electorado bolilviano concurrió a las urnas para renovar a las autoridades municipales. El opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) resultó favorecido con el 19.7% de los votos, según los cómputos globales difundidos por los medios de comunicación. El Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) alcanzó la segunda posición, con el 14.7%; mientras la oficialista Acción Democrática Nacionalista (ADN) del presidente Hugo Bánzer, con el 13%, quedó relegada al tercer puesto. En La Paz, el triunfo favoreció a Juan del Granado, candidato del Movimiento Sin Miedo (MSM), sin que ello necesariamente implique que será el nuevo alcalde. La Constitución boliviana establece que si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría absoluta, el Consejo deberá dirimir entre los dos que hubieran logrado el mayor número de sufragio válidos. Del Granado obtuvo el 22.2% de los votos, seguido por el adenista Ronald MacLean con el 17.4%. Aunque situaciones similares se han presentado en otras ciudades, la atención se ha centrado en los acuerdos partidarios que puedan darse en la capital, por su importancia política y el hecho de que está en la disputa el candidato del oficialismo. Es así que el presidente Bánzer, en su condición de jefe nacional de ADN, al día siguiente de las votaciones instruyó a su partido conformar una comisión para negociar el control de los municipios más importantes del país, buscando mantener en ellos la "mega coalición" que hace parte de su gobierno. Aunque hay signos nuevos, como el propio triunfo de Del Granado en la Paz, o el desinfle del populista partido Condepa que otrora era gravitante en esa ciudad y en El Alto, los analistas coinciden en señalar que los resultados de estas elecciones no tienen un peso significativo como para anticipar un cambio mayor en el escenario político, ni en la actual conducción del gobierno. Precisamente, para evaluar la gestión de la administración Banzer, ALAI dialogó con Waldo Albarracín, presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Estos fueron sus puntos de vista. - Hay quienes consideran que el presidente Bánzer ha sufrido una conversión democrática. ¿Te parece que es así? De ninguna manera. Lo que existe es el complejo que tiene de la dictadura que le tocó protagonizar entre 1971 y 78 y cálculos políticos para suavizar su imagen, pero su gobierno no muestra nada novedoso frente a los anteriores gobiernos, porque se continúan advirtiendo comportamientos autoritarios, donde la democracia sirve exclusivamente a las élites, a los partidos tradicionales; una democracia que apunta más a las cifras antes que al ser humano. Pero democracia, eso es importante aclararlo, no solo significa llegar al gobierno vía elección o vía negociación parlamentaria, creemos que democracia es un concepto mucho más profundo y que abarca esencialmente el administrar el Estado en función de las mayorías nacionales, resolver las grandes necesidades del pueblo, necesidades de trabajo, de alimentación, de sueldos, de salud, de educación, en fin, de tantas reivindicaciones que hoy está reclamando el pueblo y que definitivamente no han tenido respuesta alguna. Por esa desatención a los principales reclamos de la población es que vivimos una movilización permanente de los diferentes sectores sociales, y esa respuesta del pueblo y esas acciones contestarias en muchos casos son criminalizadas, en el afán de que no aparezca como un acto de represión política sino más bien como una acción de orden legal. De ahí que incluso podemos encontrarnos con dirigentes sindicales que son mandados a las cárceles y, obviamente, esto aparece como una sanción al delincuente. Este es el giro que han tomado las violaciones a los derechos humanos. Esto es, a la protesta social ahora se la sanciona con la ley, siendo que además hay problemas de retardación de justicia, hay problemas de corrupción exacerbada, de apropiación de los recursos del Estado en desmedro de la misma población, hay problemas de discriminación, de abuso del poder, de abuso de autoridad; todo lo cual configura un panorama de violación a los derechos humanos. Por otra parte tenemos el ámbito económico-social, donde el gobierno de Bánzer, al igual que los anteriores, se juega a la economía de mercado, al neoliberalismo, de modo que ha seguido con las acciones de privatización a ultranza de casi la totalidad de las empresas estatales, pero buscando ir más allá. Inicialmente, cuando se empezó con la privatización, se aducía que los organismos del Estado son malos administradores, que el Estado es un mal empresario, que el Estado debe dirigirse a labores muy concretas sin competir con la iniciativa privada, ahora se pretende crear una ingeniería jurídica que legalice por todos lados esta economía de mercado, al extremo que en el ámbito social y en el ámbito laboral se están implementando normas que están extinguiendo derechos sociales que en Bolivia fueron conseguidos a lo largo de años de lucha y de sacrificio. - ¿Nos puedes precisar algún caso? Tenemos una Ley General del Trabajo que consagra derechos básicos, pero ahora se la está intentado modificar en términos de lo que ya pasó en Chile. Esto es, para eliminar el sentido protectivo de la norma laboral, estableciendo una especie de igualdad de condiciones entre trabajador y propietario de los medios de producción -como si ello fuera posible-, que entre otras cosas conlleva a la eliminación de los períodos de vacaciones, la estabilidad laboral, la reducción de los derechos de la mujer, como el relativo a la lactancia y los horarios pre y post natal, etc. En suma, se busca imponer la flexibilización laboral con la cual el trabajador va a quedar totalmente subordinado al régimen de la competencia, de la oferta y la demanda, y en ese sentido hay una mentalidad exclusivamente concentrada en las cifras, en las estadísticas, en los números, antes que en el ser humano. Una política completamente deshumanizada, descontextualizada de lo que significa generar mecanismos protectivos de la misma población, y eso es muy peligroso. Sin embargo, el punto interesante es que tenemos una Constitución que está inspirada en la escuela del constitucionalismo social, donde se reivindican los derechos sociales de las personas conjuntamente, desde luego, con los derechos individuales y donde se otorga al Estado un rol protectivo. Es decir, un Estado protector de los derechos de sus súbditos, entonces todo el sistema actual de la economía de mercado con normas incluso inscritas en esa orientación, chocan con la misma Carta Magna. Quiere decir que lo que parecería un problema netamente jurídico, en los hechos es un problema político pues lo único que esta resguardando al pueblo es la misma Constitución Política. - Pero en la concreta, ¿tiene esto algún peso? Bueno, esa es la razón por la que hoy influyen mucho quienes están ocupando cargos en la Corte Suprema de Justicia, en las instancias jurisdiccionales, en el Tribunal Constitucional. Y es que los diferentes sectores están empezando a viabilizar los recursos de inconstitucionalidad contra normas que emergen del Parlamento, digitadas desde el poder Ejecutivo, desde luego. Precisamente porque tales organismos se proyectan como los bastiones de la defensa de la Constitución es que el gobierno trató de coparlas con su militancia o con militantes de los partidos que están inscritos en la escuela neoliberal, pero no lo logró plenamente. De ahí que estas instancias jurisdiccionales puedan constituir un freno siempre y cuando el poder político no sea mucho más fuerte y los obligue a prevaricar prácticamente. Ese es un detalle interesante... - Quiere decir, a la postre, que este recurso estará supeditado a la correlación de fuerzas. ¿Cuál es la situación del movimiento popular? Bolivia es un país permanentemente movilizado, no obstante el desgaste que ha sufrido su organismo matriz, la Central Obrera Boliviana, con mucha trayectoria en el continente... - ¿Significa, entonces, que si bien los diversos sectores sociales están protagonizando acciones diarias, lo hacen de manera dispersa? En efecto, es diaria y dispersa... lo cual obviamente es un factor que limita, es una de las debilidades del movimiento popular boliviano, porque cada cual actúa con la visión específica de su problema. La COB era un centro de aglutinamiento de los diferentes sectores sociales, incluso de partidos políticos de izquierda, hoy eso ya no se ve. Sin embargo, lo importante es que no ha perdido su orientación antimperialista, su conciencia de clase; y aunque coyunturalmente se advierte un cierto debilitamiento por el embate de la economía de mercado, sigue siendo un espacio de lucha importante y tiende a fortalecerse. Y es que finalmente quienes se preocupan por los problemas nacionales, por la soberanía nacional, por el desarrollo del país, por los derechos humanos y temas afines, son los sectores populares. Hoy se expresan en torno a problemas sectoriales, y aparantemente eso distrae del problema grande, pero qué se puede esperar cuando se ha llegado al punto en el que la gente tiene que pelear por su sobreviviencia, cuando la ofensiva neoliberal ha llevado a una terrible exacerbación del individualismo porque sabe como jugar con el estomago de una persona. En estas condiciones, el sólo hecho de reivindicar la dignidad ya es promesa de futuro.