La gran apuesta de este gobierno es la política de seguridad democrática, que en lo fundamental se orienta hacia la protección de la infraestructura energética, vial y de comunicaciones y a la conservación de la vida de los ciudadanos. Estos objetivos son todos muy importantes y han dado resultados positivos hasta el momento y producen un importante impacto en términos de opinión pública –la llamada recuperación de la movilidad vial, acompañada de una fuerte presencia de Fuerza Pública en las mismas-. Pero eso no significa, como algunos parecieran creerlo, que ya se avecina la derrota de las organizaciones guerrilleras. Inicialmente el fuerte de la política de seguridad democrática ha sido una estrategia de contención de las organizaciones guerrilleras en el mundo rural, no permitiendo que transiten con tranquilidad, ni que puedan operar fácilmente en los sectores articulados a la infraestructura vial y en las zonas más pobladas del país. Esto ha llevado a que las guerrillas entren en una estrategia de repliegue, forzada por la densificación de la presencia de la Fuerza Pública, con un alto costo de desgaste físico y psicológico para las unidades militares, asociado a una exigencia mayor de las mismas; una parte importante de los errores en que han incurrido miembros de la Fuerza Pública en los últimos tiempos y que han mostrado además fallas de inteligencia, coordinación y de comando conjunto, estarían relacionados con un alto nivel de estrés asociado a una operatividad al máximo; esto también estimuló inicialmente importantes deserciones, sobretodo de aquellos miembros de estas organizaciones con vinculaciones más recientes y probablemente deslumbrados por el ejercicio de poder llevado a cabo en el Caguan, -en el caso de las FARC-. En los últimos tiempos se pretende una acción más ofensiva, con miembros de las unidades de comando, entrenadas para operar en zonas selváticas y tratando de penetrar en las retaguardias de estas organizaciones, pero hasta el momento están por versen los resultados de esta fase y lo más probable es que sean menos exitosos que el control de las vías. Se han venido incrementando las confrontaciones militares en el ámbito regional –a pesar de que haya un bajo perfil para este tipo de informaciones-. Sin embargo, todo indica que la posibilidad de una derrota estratégica de la guerrilla no se vislumbra en el horizonte –lo cual no se puede confundir con causarle bajas o capturas importantes, que es distinto a golpes que modifiquen la lógica de la confrontación-. La política de seguridad democrática necesita ser complementada con una sólida estrategia política con relación al conflicto interno armado; incorporarle a la política pública de seguridad y defensa la otra 'pata' de la cual hoy adolece, que incluya una propuesta seria de negociación –que no es lo mismo que la rendición-, hecha desde un Estado fortalecido, es decir desde una lógica de fortaleza y no de debilidad. Una política que incluiría por lo menos los siguientes componentes: 1. un 'acuerdo-base' entre las distintas fuerzas políticas para mantener la estrategia de fortalecimiento del Estado, independiente de quién esté en el gobierno, -no se trata de predicar que el poder no se le puede soltar a una 'mano blandita', sino terminar con la lógica del péndulo, es decir que a un gobernante 'duro' lo suceda uno 'blando'-; 2. una propuesta seria, respetuosa y coherente de negociación; 3. un conjunto de reformas políticas y sociales que hay que impulsar independiente de una negociación, pero en paralelo con la misma. Así tendremos una estrategia integral, que le sume al fortalecimiento militar del Estado una iniciativa política sólida, y subsane la situación actual, de una estrategia militar que adolece del componente político, si quiere ser exitosa en la superación de la confrontación armada y no simplemente hacer una labor de contención del adversario. * Alejo Vargas Velásquez. Profesor Universidad Nacional