En las primeras semanas de abril, el escenario político ecuatoriano nuevamente se vio agitado con el tema de la salida del presidente coronel Lucio Gutiérrez, cuya gestión es cuestionada a diestra y siniestra. Cuando parecía que la situación se tornaba inminente, las élites políticas optaron por bajar el tono y acordar una tregua, aduciendo la próxima realización del concurso de Miss Universo y de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tendrán lugar en Quito el próximo mes de junio. "Lo mejor sería que el Presidente renuncie para dar paso a la sucesión constitucional, sino el Parlamento tendrá que actuar para destituirlo". Palabras, palabras menos, es lo que diferentes sectores políticos y sociales han sostenido en los últimos días, subrayando que el mandatario se ha mostrado incapaz para gobernar. El pedido de renuncia surgió inicialmente de las filas de Pachakutik, tras su salida del gobierno -en el cual participó hasta agosto de 2003 en tanto miembro de la alianza electoral que catapultó a Gutiérrez a la presidencia-, por la "traición" del mandatario a las promesas de campaña. En noviembre, ese planteamiento adquirió una inusitada resonancia a raíz de las denuncias de aportes del narcotráfico a la campaña electoral del actual mandatario. Pero, entonces, apareció la mano salvadora del derechista Partido Social Cristiano (PSC) para sostenerle cuando estaba al borde del abismo. El PSC, liderado por el ex-presidente León Febres Cordero -a quien se le califica como el "dueño del país"-, en los últimos años ha demostrado que puede mandar sin ser gobierno, arrinconando a los mandatarios de turno, habida cuenta que ha logrado sostenerse como fuerza electoral indiscutible en la ciudad de Guayaquil -la más populosa del país y principal centro económico-, lo cual, a su vez, le ha permitido mantenerse como la principal fuerza parlamenataria y articular un significativo control sobre el sistema judicial. De ahí que se ha tornado común que en el país se hable de la "politización de la justicia" y de la "judicialización de la política". Para el coronel presidente, que una vez electo reveló que no tenía ideología alguna, caer en manos del PSC parecería que no pasaba de ser una jugada más para simplemente completar su periodo de gobierno. Tan es así que cuando se le pregunta sobre su manejo de alianzas -ruptura con Pachakutik de por medio-, como respuesta de cajón acude a la canción que dice: "si una vela se te apaga, otra se vuelve a prender". Y es aquí que aparece un error de cálculo: al PSC le gusta mandar sin sombra alguna. Ganando tiempo Abril comenzó mal para Gutiérrez. Al descontento y protestas sociales que se habían extendido de los hospitales a las cárceles, pasando por otros estamentos sociales, el día 6 se añadió la decisión del Tribunal Supremo Electoral de acoger el pedido de la Izquierda Democrática (ID) para que se reabran sus cuentas de la campaña electoral, pues no habrían registrado la supuesta contribución de materiales de propaganda por parte del Partido del Trabajo de México, lo cual constituye delito electoral. Pero quien se encargó de ponerle la situación más dramática fue el ex-presidente Febres Cordero al señalar, en declaraciones de prensa, que su partido podría no respaldar la institucionalidad o la estabilidad del Régimen, si éste no pone freno a la corrupción en las entidades estatales como en la telefónica Pacifictel. Para días después arremeter contra el controvertido Ministro de Energía, coronel (r) Carlos Arboleda. Con este inesperado pronunciamiento el líder del PSC no solo apuntó a establecer públicamente distancias con el gobierno - con miras a las próximas elecciones seccionales de octubre-, sino también a presionarle en un momento crítico para ganar puntos en la gran disputa que tras bambalinas se libra en el país en torno a los proyectos privatizadores del sector eléctrico, telefónico y petrolero. A renglón seguido, la administración de Pacifictel dispuso la suspensión de tres contratos cuestionados y Gutiérrez, la separación de Arboleda. Sensiblemente aislado y debilitado en el escenario político, el coronel Gutiérrez ha buscado, una vez más, reconfortarse con el respaldo de las FF.AA. Pero según ha trascendido, en los cuerpos castrenses habría malestar por la politización de la Institución, el nombramiento en cargos públicos de militares en servicio activo cercanos al entorno presidencial y los bajos salarios. "El asunto es complejo, hay una división de carácter político en las FF.AA. con militares alineados al Gobierno y otros opositores", reveló el coronel (r) Jorge Brito en declaraciones a El Comercio (25/04/04). Para limar azperesas, tras dos reuniones con el Alto Mando y unos 500 oficiales, el gobierno anunció la entrega de un bono extra a los sueldos de militares y policías. Ante los cuestionamientos a esta disposición, también anticipó un reajuste salarial a los servidores públicos, cuyo alcance no termina por definirse. Esta medida, claramente demagógica y a contrapelo del manejo ortodoxo de la economía -lo cual incluso generó un entredicho entre el Ministro de Trabajo, Raúl Izurieta, y el poderoso Ministro de Economía, Mauricio Pozo-, solo es entendible como expresión de la desesperación que embarga a un mandatario que ha perdido ostensiblemente su credibilidad: según la encuestadora Market, tan solo el 6.42% cree en la palabra presidencial. Con un Presidente cautivo, los grupos de poder parecen más inclinados a sacar ventaja de sus presiones, sin por tanto estar dispuestos a jugarse por la permanencia del actual Presidente. Al contrario, cada quien prepara el escenario más adecuado a sus conveniencias y tal la razón de ser de la "tregua" anunciada. Las organizaciones populares y la izquierda, por su parte, han señalado que tal tregua carece de sentido y que mantendrán las movilizaciones hasta que se vaya Lucio Gutiérrez. Queda por ver si estas acciones serán unificadas (lo que no ha sucedido hasta el presente) y con la contundencia que sus dirigencias anticipan.