Paramilitarismo y megaproyectos en Colombia: el caso “Bellacruz”
14/01/2013
- Opinión
Entrevista con Fredy Antonio Rodríguez Corrales y David Alirio Uribe Laverde ( miembros de Asocol y de la
La sociedad francesa recibe dirigentes y defensores de derechos humanos en Colombia cada vez más a menudo y en proveniencia de diversas luchas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Forman ustedes parte de otras coordinaciones nacionales o movimientos sociales en Colombia?
Como líder campesino y defensor de derechos humanos hacemos parte de la Coordinadora Nacional Campesina (CNC), una organización que agrupa diversos procesos campesinos alrededor del país. Dentro de los procesos que integran la CNC se encuentra la organización de familias desplazadas ASOCOL que abandera la lucha por la tierra en la hacienda Bellacruz. A su vez, somos parte del Congreso de los Pueblos [1], escenario de articulación política y social que convoca diversas organizaciones y procesos populares del país, con miras a la construcción legislativa con y desde los pueblos de Colombia.
¿Por qué están en gira europea?
Gracias al apoyo de la Coordinación Belga por Colombia y de otras organizaciones de derechos humanos y de solidaridad con Colombia, estamos realizado una gira por Europa en los meses de noviembre y diciembre de 2012, con el objetivo de que eurodiputados y representantes de los gobiernos e instituciones de varios países, exijan al gobierno colombiano una pronta y efectiva restitución de las tierras que han sido despojadas y usurpadas por la violencia, como requisito necesario para un proceso de paz y reconciliación nacional, así como la garantía y protección efectiva para los campesinos y campesinas que lideran los procesos de restitución. A su vez, hemos tenido la oportunidad de hablar con medios oficiales y alternativos, con el fin de que nuestra voz tenga eco y los pueblos del mundo conozcan una parte del conflicto social por la tierra que sigue tan latente en Colombia.
¿Qué sucede en la Hacienda Bellacruz (Departamento del Cesar, Colombia)?
Además de la exigencia genérica de respeto a los derechos de las víctimas del desplazamiento, venimos denunciando el caso específico de la hacienda Bellacruz como un caso emblemático del conflicto por la tierra en Colombia. La constitución de esta hacienda, ubicada al norte de Colombia y que llegó a ser una de las más grandes del país, se realizó a través de la expulsión de los legítimos propietarios de las tierras: familias campesinas que las habían colonizado muchos años atrás [NDLR: en tierras pertenecientes al Estado]. Posteriormente, tras el inicio de una lucha jurídica para la recuperación de sus tierras y en momentos en que tenían todos los argumentos a su favor ante la justicia, la familia Marulanda, propietaria de la hacienda, contrata un grupo paramilitar que a través de la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos, contando con más de 40 asesinatos, obliga a cerca de 600 familias a desplazarse y abandonar sus tierras en el año de 1996. Estos hechos se encuentran en la absoluta impunidad y sus máximos responsables están en libertad. El actual gobierno de Juan Manuel Santos ha prometido resarcir la deuda histórica con las víctimas del desplazamiento y ha sido proferida una ley para la restitución de las tierras, sin embargo, lo que tenemos hasta el día de hoy son líderes y lideresas vinculados a procesos de reclamación de tierras que han sido asesinados y ni una sola hectárea de tierra entregada, ni en el caso Bellacruz, ni en ninguno.
Durante la conferencia de 20 de noviembre 2012 en la Maison de l’Amérique Latine (Paris), ustedes evocaron los trasfondos políticos y económicos, relacionados con megaproyectos de palma de aceite, paramilitarismo, empresarios multimillonarios conocidos e incluso... el ex-embajador de Colombia en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea ¿Pueden contarnos algo más?
Para el año de 1996, momento del desplazamiento forzado masivo, Carlos Arturo Marulanda era tanto embajador de Colombia ente la Unión Europea como encargado de la hacienda Bellacruz junto a su hermano Francisco Marulanda, de quien se dice era personalmente el comandante del grupo paramilitar de ultraderecha que cometió los homicidios, desapariciones y hostigamientos que obligaron a las familias a desplazarse. Gracias a la presión internacional que ejercieron redes de solidaridad en Europa, Carlos Arturo Marulanda es obligado a dejar su cargo como embajador y por gestiones del Juez Baltazar Garzón es encarcelado en España durante 13 meses. Lastimosamente, una vez es extraditado a Colombia para que responda por sus crímenes, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a través del Fiscal General designado, lo deja en libertad en menos de un mes de haber arribado al país. Tanto a Carlos Arturo como a Francisco Marulanda se les iniciaron procesos judiciales por su relación con grupos paramilitares. Sólo en contra de Francisco Marulanda hubo una sentencia de fondo que lo declaró culpable, pero en segunda instancia fue declarado inocente, aun cuando comandantes paramilitares declararon la responsabilidad directa de los hermanos Marulanda no sólo en los homicidios y desplazamientos de la hacienda Bellacruz, sino en crímenes cometidos en toda la región del sur del Cesar, departamento en que se encuentra ubicada la hacienda, ya que ésta sirvió como centro de operaciones de los grupos paramilitares. 16 años después de ocurridas las graves violaciones a los derechos humanos en la hacienda Bellacruz, los hechos se encuentran en la impunidad y sus máximos responsables se encuentran en libertad. Sólo hasta el presente año se vuelve a abrir un proceso en contra de Francisco Marulanda por el delito de desplazamiento, siendo emitida una orden de captura que no se ha hecho efectiva, más por la falta de voluntad de las autoridades que por las habilidades de este delincuente para evadir la justicia.
La Ley 1448, llamada « Ley de víctimas y restitución de tierras », fue firmada por el presidente Santos en junio de 2011. Desde entonces, el gobierno colombiano afirma que ella permite garantizar los derechos de las víctimas y, en particular, el derecho a la restitución de tierras. En qué sentido el caso de Bellacruz es emblemático en términos de no restitución de tierras?
Desde el año de 1994los campesinos de la hacienda Bellacruz contamos con resoluciones del Estado que nos dan la razón. Desde hace 3 años nos decidimos a vencer nuestros miedos y volver a demandar al Estado la realización de justicia frente al caso, la restitución y la reparación integral de las víctimas, contando con el apoyo de la CNC. El nuevo marco normativo de la Ley de restitución de tierras implicó una esperanza para nosotros, pero nos hemos visto enfrentados a los mismos obstáculos que históricamente se han opuesto a nuestra permanencia en el territorio. Esto es, la dilatación de los procesos jurídicos de restitución a través de todo tipo de artimañas facilitadas por el control que ejercen sobre las instituciones del Estado,quienes resultarían perjudicados de la devolución de las tierras a los campesinos. También sufrimos la continuación de actores armados en la región, grupos paramilitares ahora denominados “Ejércitos Antirestitución” que irán en busca, como su mismo nombre lo indica, de todo aquél que se atreva a reclamar tierras arrebatadas por estos mismos grupos, y que de paso favorecen a los grandes inversores capitalistas que están adelantando proyectos agroindustriales dentro de la hacienda Bellacruz, siendo innegable su relación con los hechos.
Tienen ustedes, como líderes campesinos y defensores, miembros de los movimientos sociales, una idea sobre el número de casos de este tipo a nivel nacional en Colombia?
El caso de la hacienda Bellacruz es emblemático precisamente porque encierra unas realidades y problemáticas que se han replicado múltiples veces en las diversas regiones del país. Ya se han presentado más de 21.000 solicitudes de restitución a nivel nacional y, como indicamos anteriormente, no se ha restituido una sola hectárea de tierra, luego es de suponer que los demás casos puedan estar atravesando el mismo tipo de dificultades que el caso Bellacruz.
En un reciente reportaje de investigación la revista colombiana Semana (17/11/2012) [2], publicó un artículo bajo el nombre de « fraude agrario histórico » en Colombia, evocando el caso Bellacruz y las múltiples irregularidades constatadas en la restitución de tierras ¿Cuáles son las trabas puestas contra la restitución de tierras que ustedes han podido constatar sobre el terreno?
El conflicto jurídico por la adjudicación de las tierras de la hacienda Bellacruz a sus legítimos propietarios se remonta muchos años atrás y ha adolecido de incontables irregularidades. Durante los años cincuenta, la esposa de Marulanda Grillo, antiguo propietario de la hacienda y padre de los hermanos Carlos Arturo y Francisco Marulanda Ramírez, recibió cerca de 5.000 hectáreas de tierra por parte del Estado, haciéndose pasar como una supuesta campesina sin tierra. Luego, a finales de los años ochenta, la familia Marulanda logra que el Estado en vez de expropiar las tierras que pertenecían a la nación, se las compre para adjudicarlas a los campesinos. Más aún, con el despojo violento y el desplazamiento, la familia Marulanda se quedó tanto con el dinero que le pagó el Estado como con la tierra, un negocio muy rentable. Una vez decidimos retomar la lucha por nuestras tierras hace aproximadamente tres años, nos tropezamos con la misma manipulación de la justicia. De manera inaudita, los archivos que poseía el Instituto de Desarrollo Rural (INCODER) sobre el caso Bellacruz desaparecieron y aparentemente ningún funcionario conocía de los procesos administrativos que se habían adelantado anteriormente sobre este latifundio. En consecuencia, nuestra primera labor fue buscar estos archivos hasta que pudimos hallarlos gracias a las copias que fueron enviadas para los procesos judiciales. Sólo por agregar un hecho reciente, en agosto de este año, cuando funcionarios del INCODER iban a realizar una diligencia dentro de la hacienda Bellacruz acompañados de los líderes campesinos, hombres armados vestidos de civil se interpusieron y no dejaron entrar a los campesinos. Ni siquiera la fuerza pública fue capaz de actuar frente al caso y los funcionarios del Estado, en vez de suspender la diligencia hasta tanto no se garantizara la participación de los campesinos, la realizaron prescindiendo de ella.
¿Cómo transcurre para ustedes un día cotidiano? ¿Ustedes están amenazados?
Cada día que pasa es para nosotros una oportunidad de vida. Aunque la situación es riesgosa, nos mantenemos firmes en la lucha con la esperanza de retornar a las tierras que pertenecían a nuestros antepasados. Desde enero del presente año, como líderes de la organización ASOCOL hemos recibido reiteradas amenazas en contra de nuestra vida, persecuciones e incluso un atentado en nuestra contra, cuando hombres armados intentaron ingresar a la vivienda en la que habitábamos. Estas amenazas han sido proferidas por el grupo paramilitar “Ejércitos Antirestitución”, pero conocemos que están respaldadas por aquellos que ven afectados sus intereses económicos con el trabajo que desarrollamos.
El gobierno colombiano de Juan Manuel Santos ha evocado en numerosas ocasiones el « compromiso auténtico y firme con los derechos humanos » y está comprometido en un proceso de paz. El Estado colombiano protege a los defensores de derechos humanos y a quienes luchan por la restitución de tierras? ¿En qué consiste dicha protección si es que existe?
Las cifras hablan por sí mismas. Sólo durante la primera mitad del presente año 29 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, mientras que otros 49 defensores corrieron con la misma suerte durante el año 2011. La situación de los líderes que reclamamos la devolución de nuestras tierras no es menos alarmante. Desde la promulgación de la Ley de víctimas y de restitución de tierras a mediados del año pasado, 17 líderes y lideresas vinculados a procesos de restitución han sido asesinados o desaparecidos, sumando en total más de 70 líderes campesinas, indígenas o afrodescendientes asesinados desde el año 2005. Lo anterior, sin contar con los casos que nunca son denunciados ante la justicia por miedo a posibles represalias y sin mencionar otro tipo de actos de amenaza, hostigamiento y persecución que se han presentado en nuestra contra. La situación es muy adversa, muchos de estos líderes o defensores de derechos humanos han sido ejecutados a las puertas de las instituciones del Estado solicitado una protección que nunca llegó. Como dirigentes del proceso de la hacienda Bellacruz hemos librado una lucha para que se nos asigne un esquema de protección que sigue siendo incompleto, ya que en las noches quedamos totalmente desprotegidos. Hemos tenido a nuestro favor el acompañamiento de un congresista de la República que ha agilizado la actuación del Estado, pero nos preocupa la situación de los centenares de campesinos y campesinos que se encuentran aislados, librando solos la batalla contra la impunidad.
¿El comercio con los países tienen una relación con los problemas de violencia por las tierras en Colombia? (NDLR: Esta entrevista fue realizada antes del voto para la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la l’UE y Colombia del 11 de diciembre de 2012)
Una de las causas del despojo en Colombia ha sido la necesidad del capital de apoderarse de territorios estratégicos para la inversión de capital, principalmente proveniente del extranjero. Durante la gira que realizamos nos sumamos a las voces que se oponían a la celebración del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, porque sabemos que brindará aún más garantías de las que ya existen para que los inversionistas adelanten proyectos productivos a gran escala sobre tierras manchadas de sangre que fueron arrebatadas por la violencia, así como para el flujo de capitales ilícitos y el lavado de dinero. Los empresarios siempre alegan su buena fe y el total desconocimiento de la situación. German Efromovich [NDLR: gran empresario brasilero], quien compró la familia Marulanda la mayor parte de las tierras de la hacienda Bellacruz en el año 2009, manifiesta que la tierra no fue la que violó los derechos humanos y su adquisición no implica ningún compromiso con los hechos de violencia que se sucedieron en la hacienda y que no se han resuelto todavía.
¿Cómo la sociedad civil europea puede solidarizarse con las luchas de los campesinos desposeídos de sus tierras en Colombia? ¿Qué tipo de acciones y cómo podrían ser útiles para ustedes?
El primer paso es acercarse y conocer la realidad del conflicto por la tierra en Colombia y su relación con las políticas de los gobiernos Europeos. Quienes se ven afectados con la realización de acuerdos comerciales como el TLC entre la Unión Europea y Colombia no son sólo los pueblos de América sino también los pueblos de Europa. La base del hermanamiento como pueblos es la capacidad de identificar las causas comunes de las problemáticas que padecemos y la posibilidad de trabajar juntos para solucionarlas. Una de las formas puede ser la participación activa en las redes y organizaciones de solidaridad con Colombia, pero también han salido iniciativas como la firma de cartas a través de correos masivos haciendo un llamado a las embajadas o consulados de Colombia en el territorio europeo para que se pronuncien frente a la dramática realidad del desplazamiento forzado en Colombia y las preocupaciones frente al proceso de restitución, que por ahora resulta más riesgosa que beneficiosa para las familias campesinas.
Entrevista y traducción realizadas por la Asociación EntreTodos-France y Mémoire des Luttes. http://www.facebook.com/EntreTodosFrance
Notas:
[1] Ver en este sentido la entrevista a Marylen Serna, dirigente de la plataforma de movimientos sociales colombianos "Congrès des Peuples".
[2] Leer “Fraude agrario histórico en Colombia: ¡qué tierrero!, versión en francés y español en el sitio Le Grand Soir - 7 diciembre de 2012. Fuente: http://www.medelu.org/Paramilitarismo-y-megaproyectos-en
https://www.alainet.org/es/active/60893
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