Mientras se debate la nueva Ley de Seguridad en el Congreso Nacional, como parte del Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007, desde la sociedad comienzan a elevarse voces críticas hacia un plan de gobierno que presenta varios aspectos preocupantes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones de derechos humanos de la Argentina nacidas en plena dictadura militar, sostiene que, en líneas generales, la orientación del plan es incorrecta y que la implementación de algunas de las medidas podría acarrear un agravamiento de la situación de violaciones a los derechos humanos. El CELS ve cuatro aspectos negativos en el plan (1): 1. El Plan mantiene la dicotomía entre eficiencia y garantías: considera que sólo es posible dar respuestas eficientes a los problemas de seguridad ciudadana limitando garantías constitucionales e intensificando el poder punitivo; 2. La única respuesta a la seguridad es la represión del delito: no da respuestas integrales al tema de la seguridad, como garantizar el derecho a la educación de los jóvenes, sino que continúa viendo al problema de la seguridad ciudadana desde la óptica penal; 3. Las instancias de control y transparencia sugeridas son débiles: en un contexto de ampliación de la estructura policial y del poder punitivo, las propuestas de mayor transparencia o control civil sobre las fuerzas de seguridad podrían terminar legitimando una política fundamentalmente punitiva. 4. La participación ciudadana tendría que abarcar también el diseño de políticas públicas. Tal como se presenta el Plan podría terminar por erigir un sistema penal que gire en torno a la privación de la libertad, con más presos pobres y mayor debilitamiento de las garantías constitucionales. En los primeros debates de la ley en el Congreso se destacaron los conceptos de la diputada socialista María Elena Barbagelata, quien en su crítica a la nueva legislación penal se encargó de señalar que las experiencias muestran que la disminución de la delincuencia se encuentra relacionada con la reducción de la pobreza. En su intervención en el debate parlamentario, denunció que "quienes hoy glorifican el Estado penal son los mismos que ayer exigían menos Estado en materia económica y social. A la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia del Estado penal": Manifestó también su preocupación porque "ya no se trata de prevenir el crimen ni tratar al delincuente con vistas a su eventual reinserción social una vez cumplida la pena, sino aislar a grupos percibidos como peligrosos". Además, consideró un error que se discuta cómo bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años en lugar de crear más escuelas y desarrollar vigorosos programas de apoyo a los jóvenes de sectores desfavorecidos. La diputada también señaló una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la corrupción policial y la impunidad de los grandes delitos que son llevados a cabo bajo sistemas de gran corrupción y protección, como el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas. "En una sociedad democrática, la legislación debe estar al servicio de la prevención y de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Si estos objetivos no se garantizan, ninguna ley tendrá eficacia para combatir el delito, porque no habrá ni verdad ni justicia", aseguró. Un grupo de militantes cristianos, encabezados por cuatro religiosas y religiosos conocidos por su trabajo por los derechos humanos en el país (Hnas Marta Pelloni y Margarita Goddard, y P. Miguel Haag y Luis Guzmán), dieron a conocer un documento(2) en el que enfatizan que una sociedad sin violencia y sin víctimas de ninguna clase "será fruto de la justicia y no fruto del castigo". Para estos militantes cristianos, el debate fundamental que debe darse la sociedad argentina es sobre la desigualdad profunda y la pobreza masiva y la necesidad de devolverle valor a la vida y de trabajar por una seguridad para la vida. "Si no juntamos todas nuestras energías para rescatar a los millones de hombres y mujeres que están sumergidos en la pobreza, de nada valdrá que nos amurallemos, que pidamos más castigos, más cárceles. Terminaremos siendo cómplices de la seguridad del orden establecido, que condena a la mitad de la población", aseguran. Desde las víctimas de la inseguridad, surgió una iniciativa interesante a partir de un medio estatal. Se trata del programa "Diálogos de Paz" que se transmite semanalmente por Radio Nacional. Es conducido por una mujer cuyo hijo fue víctima de la violencia policial y la productora es la madre de otro joven asesinado por un vigilador al salir de una estación de tren. El programa, de una hora de duración, que cuenta con el auspicio del Programa Nacional Antiimpunidad del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, reúne a familiares de víctimas de la inseguridad. La participación de personas que han sufrido profundas heridas en sus familias por la violencia, tanto policial como de la delincuencia, y que luchan por la justicia y la convivencia sin impunidades permite reflexionar sobre la necesidad de trabajar en la creación de políticas públicas que den sustento a una sociedad donde los derechos y las garantías cuenten para todos y todas por igual. Se depuran las fuerzas policiales En tanto, el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires apuran la depuración de las filas policiales, quitando de sus cargos a cientos de uniformados. La semana pasada fueron 107 los jefes pertenecientes a la Policía Federal, con jurisdicción en todo el país, los que debieron abandonar sus cargos. El 30% está sospechado de haber tenido algún tipo de connivencia con el crimen organizado. Esta semana, fueron 300 miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires los que debieron abandonar sus cargos. Muchos son investigados por enriquecimiento ilícito y otros también por estar sospechados de tener trato con delincuentes y por haber perpetrado diversos tipos de delitos. No es sencillo para las autoridades gubernamentales formar una nueva fuerza policial. La provincia de Buenos Aires pretende tomar a 4000 nuevos efectivos, seleccionados entre gente joven, con buen nivel educativo. Pero la afluencia de candidatos para cubrir los cargos parece no ser suficiente. Los salarios que se ofrecen son regulares y no alcanzan para cubrir las expectativas de muchos posibles candidatos, tanto varones como mujeres, quienes a su vez tienen en cuenta lo peligroso de la labor que les tocaría desempeñar. No obstante, algunos pasos importantes se están dando en materia de formación de las nuevas fuerzas. Los jóvenes fueron citados a presentarse en una de las universidades nacionales que tienen su sede en el conurbano bonaerense, ya que se pretende que los nuevos oficiales de la fuerza reciban parte de su formación en la universidad pública, compartiendo las aulas con el resto de los estudiantes. Otras medidas innovadoras incluyen transparentar los ascensos dentro de la fuerza, con el fin de terminar con la "dedocracia", como lo señalaron a la prensa fuentes del Ministerio de Seguridad provincial. Se prevé llamar a concurso abierto para ocupar cargos y calificar a los comisarios con participación de foros vecinales de seguridad. En al actualidad, existen 165 foros vecinales de seguridad, 65 foros municipales y 22 defensores de la seguridad en toda la provincia de Buenos Aires. Si bien muchos de los participantes en estos foros se entusiasman con la idea de poder evaluar la tarea de la comisaría local y de los jefes policiales a su cargo, en general consideran que para poder dictaminar sobre estos temas es necesario que las personas que intervengan tengan buenos conocimientos del tema para no cometer injusticias ni equivocaciones que luego repercutan negativamente en la comunidad. Pero, como manifiestan las organizaciones y personas citadas en este artículo, no se trata de un monitoreo ciudadano para legitimar acciones punitivas. El profesor Carlos Eroles, de la Universidad de Buenos Aires, agrega que nadie debería dejarse envolver por "discursos perversos", que marcan una realidad fragmentada en términos de poder, sino trabajar por una práctica de derechos humanos dentro y fuera del Estado. La ciudadanía debería involucrarse más activamente para construir una seguridad integral, con justicia y equidad para todos y todas, sin distinciones. Notas: 1. CELS, documento "¿Qué es seguridad? ¿Qué es justicia?", abril 2004, www.cels.org.ar 2. Documento "Fruto de la Justicia", mayo 2004, www.nuevatierra.org.ar