Operación aérea fuera del alcance del radar

13/02/2013
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SAN JUAN, Puerto Rico. (NCM) – Un comité del presidente Barack Obama sobre seguridad nacional, en el que están representadas las agencias militares y de inteligencia, determinó que no tiene que revisar las implicaciones de autorizar la entrega experimental del aeropuerto internacional de Puerto Rico a un consorcio mexicano-estadounidense por parte de la Administración Federal de Aviación.
 
La decisión del comité se produjo a pesar de que en el expediente del caso aparece la advertencia de que en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín se conducen operaciones militares altamente secretas relacionadas al terrorismo y otros asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos.
 
El plan para la transacción, que está bajo evaluación final, le quitaría a Puerto Rico el control sobre su aeropuerto principal al menos por los próximos cuarenta años aunque cambiase su condición política. El proceso para la transferencia comenzó hace años, pero llega a esta etapa de adjudicación en momentos en que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Consejo de la Internacional Socialista están reclamando que se ponga fin a la situación colonial de esta nación isleña, ubicada en el noreste del Caribe equidistante de Guantánamo y de Caracas.
 
La CELAC afirma que Puerto Rico es una nación latinoamericana y asunto de “interés” para América Latina. Mientras tanto, la Internacional Socialista, que respalda la independencia de Puerto Rico, pide que la Asamblea General de las Naciones Unidas atienda el caso, dado que en el plebiscito de noviembre una mayoría del electorado puertorriqueño repudió la colonia y de que EEUU viene obligado a proveer un proceso para que el país escoja entre alternativas no coloniales.
 
El 17 de septiembre pasado, una parte cuya identidad está tachada en la correspondencia dada a conocer, formuló ante la Administración de Seguridad en el Transporte de EEUU una serie de preocupaciones por el arrendamiento propuesto del aeropuerto de Puerto Rico a la empresa Grupo Aeroportuario del Sureste, de México. La agencia federal, parte del Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security), le contestó, con fecha del 15 de octubre, que estaba supervisando todo el proceso y que había indicado a la empresa mexicana que debía someterse voluntariamente a la competencia del comité presidencial para la revisión del negocio, de manera que se garantizara que no afectase la seguridad nacional de EEUU.
 
El mismo 15 de octubre pasado el Grupo Aeroportuario de México hizo lo recomendado y el comité le respondió eximiéndolo del requisito de revisión el 13 de noviembre. La contestación se había mantenido en reserva, pero NCM Noticias obtuvo una copia del documento del Comité sobre Inversión Extranjera en EEUU (CFIUS por su nombre en inglés).
 
La carta especifica que el consorcio formado por el Grupo Aeroportuario del Sureste, la estadounidense Aerostar Airport Holdings y dos empresas de inversiones de Delaware no tiene que someterse a revisión de seguridad nacional porque la transacción planteada no cae bajo el estatuto de Producción de Defensa. La determinación del CFIUS tiene la importancia particular de que es un organismo que se acomoda a los lineamientos en política internacional del Presidente y tiene entre sus miembros ex oficio al Director de Inteligencia Nacional, bajo cuya competencia están la Agencia Central de Inteligencia y demás agencias de espionaje, al igual que también forman parte representantes del comité el Departamento de la Defensa y el propio Departamento de Seguridad de la Patria.
 
Mientras se producía ese intercambio de cartas, se colocaba en el expediente de la Agencia Federal de Aviación la advertencia de que “distinto a cualquier otro aeropuerto en Estados Unidos” el aeropuerto Luis Muñoz Marín sirve de “apoyo para numerosas operaciones encubiertas y altamente secretas”, tanto militares como de agencias de ley y orden. Además se consigna que es una instalación estratégica entre América del Norte y América Latina y que conviene prevenir que como resultado de la transferencia se pueda filtrar información sobre operaciones encubiertas y otros asuntos de inteligencia.
 
En realidad, no son raras estas curiosas inconsistencias de Washington con respecto al manejo de Puerto Rico como frontera artificial, ya que la frontera real de EEUU queda a más de mil kilómetros de distancia.
 
Tan reciente como el día seis de los corrientes, el Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, anunció que un ayudante de la Secretaria de Seguridad de la Patria Janet Napolitano le había prometido más hombres y equipos para reforzar la vigilancia fronteriza como parte de la Iniciativa de la Frontera Caribeña. Sin embargo, el mismo día, la Casa Blanca anunció que la Secretaria Napolitano se había reunido con jefes de policía de diversas jurisdicciones y otros funcionarios para discutir asuntos relacionados precisamente a la defensa fronteriza y la inmigración, reunión a la que asistieron enviados de puntos tan diversos como California, Utah, Vermont y hasta de la ciudad de Tuscaloosa, Alabama, pero no de Puerto Rico.
 
En el frente interno, el asunto del arrendamiento del aeropuerto está siendo foco de controversia cada vez más enconada.
 
Mientras el plan cuenta con el apoyo entusiasta del anexionista Partido Nuevo Progresista, de oposición, y de la industria turística, el oficialista Partido Popular Democrático está dividido. Los llamados del nuevo gobernador autonomista, Alejandro García Padilla, a que se entienda que la decisión está en manos de Washington, además de que podría retirar su apoyo al proyecto si aparece otra forma de atender el déficit de la Autoridad de los Puertos, no logran apaciguar los ánimos.
 
En días recientes, un enorme piquete abarrotó dos cuadras del Viejo San Juan frente al Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, y en el mismo participaron representantes de los partidos opositores. Entre ellos estuvieron el Partido Independentista Puertorriqueño, el del Pueblo Trabajador, Movimiento Unión Soberanista y Puertorrirqueños por Puerto Rico, así como organizaciones como el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, la Organización Socialista Internacional, el Frente Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.
 
El Ejército Popular Boricua-Macheteros, que en los últimos años se ha concentrado en acciones de su división de inteligencia militar, emitió un extenso comunicado en el que convocó “al pueblo a que tome las calles y defienda con todas sus fuerzas y de todas las formas a su alcance, el único acceso al resto del mundo que tenemos por nuestra condición de isla”. “Estaremos con ustedes haciendo lo que nos corresponda en el momento preciso”, dice el comunicado.
https://www.alainet.org/es/active/61543
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