Bolivia

Iberdrola en Bolivia: una actividad nada ejemplar

Erika González

04/03/2013

Opinión

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"El Gobierno de España defiende siempre los intereses de las empresas españolas, estén dentro o estén fuera de España", declaró el ministro de Industria y Energía ante la nacionalización de las filiales de Iberdrola en Bolivia. La decisión fue anunciada por el Gobierno de Bolivia el 29 de diciembre de 2012 y se justificaba por una injusta política de tarifas de la multinacional vasca en el área rural boliviana; la población de estas zonas tenía que pagar por la electricidad casi el triple que si viviera en las ciudades.

Las mismas palabras fueron pronunciadas por el Gobierno español el 12 de abril de 2012, tras la expropiación por parte del ejecutivo argentino de las acciones de Repsol en la petrolera argentina YPF, y también se repetían el 1 de mayo de ese mismo año cuando el gobierno de Evo Morales nacionalizó TDE, filial de Red Eléctrica Española. Y en esa misma línea, en el año 2006, el Gobierno del PSOE presionó diplomáticamente al Gobierno de Bolivia cuando decretó la nacionalización de los hidrocarburos, lo que afectaba a los intereses de Repsol. Así, la defensa incondicional de las transnacionales españolas en su internacionalización es una “política de Estado” y, en consecuencia, se pone a la disposición de estas compañías todos los medios diplomáticos, políticos y económicos de las instituciones públicas.

Denuncias contra la transnacional

Esta postura es inamovible a pesar de las denuncias e impactos que puedan tener estas multinacionales en su actividad internacional, como ha sido el caso de Iberdrola en Bolivia y del resto de empresas españolas que han tenido actividad en este país. Red Eléctrica Española fue objeto de denuncias sistemáticas por sus irregularidades en el transporte de electricidad antes de ser nacionalizada, el BBVA fue criticado por la mercantilización de las pensiones, Abengoa participó en el consorcio Aguas de Tunari que causó la “Guerra del agua” en Cochabamba, el grupo Prisa defendía la postura de las transnacionales españolas a través del principal diario boliviano, La Razón, y Repsol ha agravado el desabastecimiento energético del país, ha vulnerado los derechos de los pueblos indígenas y ha deteriorado ecosistemas de gran valor.

Todos estos casos han sido desarrollados a partir de una investigación conjunta, realizada en 2009, entre el Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad y el Centro de Documentación e Información Bolivia. Al hilo de la nacionalización de las filiales de Iberdrola en Bolivia es necesario saber cuál ha sido el papel de esta multinacional vasca en el país.

Los impactos de Iberdrola en Bolivia

Iberdrola inició su actividad en el año 1995 comprando las empresas que distribuyen electricidad en el departamento de La Paz (Electropaz) y en el de Oruro (Elfeo) lo que le permitía a la compañía española controlar el 38% de toda la energía vendida en Bolivia. A partir de ese momento Iberdrola no sólo ha mantenido un precio injusto de la electricidad para el área rural sino que no ha invertido en la expansión de redes eléctricas, especialmente fuera de las zonas urbanas. Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, sólo el 47% de la población en las áreas rurales disponen de electricidad, e Iberdrola ha sido una de las empresas que no ha facilitado el acceso de energía en estas áreas.

Pero es en el ámbito laboral donde Iberdrola ha recibido más denuncias en Bolivia. Así, nada más iniciar su gestión, Iberdrola llevó a cabo un proceso de reestructuración que conllevaba la división de la empresa en varias unidades, el despido de personal y la subcontratación de determinadas áreas de trabajo. A partir de Electropaz y Elfeo creó otras dos empresas más, Edeser y Cadeb, que ejecutarían funciones básicas para el suministro eléctrico (servicios de lectura e instalación de medidores, cortes de suministro, mantenimiento, reparación, etc.). Ambas empresas fueron registradas como subcontratas; de esta forma, se perdió el control público sobre las condiciones en las que se trabaja, precisamente, en las empresas que mayor riesgo de accidentes tienen por su actividad.

La división en varias empresas y la subcontratación ha introducido, además, una gran diferencia en el pago de salarios: el personal directo de Electropaz ha tenido una nómina 5 veces superior al personal de Edeser y Cadeb, mientras que la gerencia ha recibido un salario 40 veces superior. Lo que se suma a la reducción de personal y las largas jornadas laborales que, en algunas secciones como la administrativa, han llegado a superar las 60 horas semanales. Ante este panorama laboral, la actividad sindical ha sido fuertemente reprimida por parte de Iberdrola. Un ejemplo de ello es que las personas no sindicadas tienen un salario promedio mayor que las afiliadas como efecto de las estrategias implementadas por la empresa. En definitiva, la multinacional ha conseguido deslegitimar al sindicato y debilitarlo, situación que le ha venido muy bien para evitar cualquier oposición cuando ha planteado medidas que deterioran las condiciones laborales.

Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina-Paz con Dignidad y coautora del libro Las multinacionales en Bolivia. De la desnacionalización al proceso de cambio (Icaria, 2010).

Fuente: Diagonal, 31 de enero de 2013

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