Puerto Rico

Subcultura del abuso debilita a Puerto Rico desde adentro

Jesús Dávila

11/03/2013

Opinión

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San Juan, Puerto Rico, 12 de marzo de 2013 (NCM) – La subcultura del abuso ha llegado a extremos inéditos en Puerto Rico con más de cuatro millones de denuncias en doce años, cifra que va en aumento, en tanto el gobernador autonomista Alejandro García Padilla hace esfuerzos de última hora para evitar que Estados Unidos ponga la Policía nacional bajo sindicatura, precisamente por su patrón de abusos.

Esa tendencia creciente del abuso cotidiano parece haberse ensañado en particular con los más pequeños y los que nacieron en 1995 –que este año llegan a su mayoría de edad- se criaron y crecieron en un Puerto Rico en el que un estimado que podría llegar a más de tres cuarto de millón de menores han sido víctimas de maltrato y desde 2001 al presente, más de 80 mil han sido removidos de sus hogares por el Gobierno.

Las cifras, obtenidas por NCM Noticias de los informes estadísticos del propio Gobierno, evidencian un patrón de deterioro que ha ido creciendo durante los pasados cuarenta años, consistente con el aumento en la violencia homicida registrado desde el inicio de los años setenta del siglo pasado.

Tan común se ha vuelto el maltratar niños en esta pequeña nación isleña, que luego de conocerse que el anterior gobierno anexionista había ocultado sin atender 42.000 expedientes de presunto abuso infantil y que la denuncia fuese usada para desacreditar el ahora bando opositor, no ha ocurrido un esfuerzo notable ni del Gobierno ni de los grupos organizados para atender con premura esa emergencia social.

La incapacidad manifiesta de Puerto Rico para enfrentar con urgencia el problema se levanta como una señal de la debilidad social y política interna en este punto estratégico del noreste del Caribe, equidistante de Guantánamo al oeste y de Caracas al sur. No es, sin embargo, la única señal.

Precisamente esta semana, apenas a pocas horas de que comenzase en Curacao la conferencia regional de seguridad marítima del Caribe, a tiempo para la cual EEUU logró poner en marcha el plan para militarizar las costas e instalar un potente escudo de radares, se anunció la salida de dos jefes policiales.

El primero fue el jefe de la oficina de Puerto Rico de la Agencia de Control de Drogas (DEA), quien fue sustituido por un enviado desde Filadelfia. Una fuente gubernamental dijo que se conoció en privado de la decisión durante una visita reciente de la jefatura de la DEA al país, justo cuando el funcionario recibió el reconocimiento de ser designado “coronel honorario” de la policía puertorriqueña.

La segunda noticia fue que el jefe de la Policía nacional, Héctor Pesquera, abandonará el país a finales del mes para volver a su puesto como encargado de seguridad del puerto de Miami. A pesar de que el informe fue confirmado por la dirección del puerto estadounidense, el gobernador García Padilla indicó que seguía negociando con Pesquera para que se quede o que, por lo menos, posponga su salida.

La presencia de Pesquera es considerada muy importante para lograr un acuerdo en el caso en el tribunal de distrito de EEUU por la demanda sobre el patrón de violaciones de los derechos civiles por parte de la Policía nacional, que en 2011 llegó a usar en público técnicas de tortura para tratar de doblegar a los estudiantes alzados de la Universidad de Puerto Rico. El temor en el Gobierno, según han informado fuentes responsables, es que si renuncia el funcionario –que ha sido respaldado por la Casa Blanca- el tribunal eche al suelo toda apariencia de que Puerto Rico controla su policía y designe un síndico que la supervise directamente.

Pero el problema de fondo de una sociedad donde se vuelve común el maltrato de unos a otros va mucho más allá de las manifestaciones grotescas en las prácticas comunes de la policía y más bien parecería una demostración empírica más de los estudios siquiátricos de Franz Fanón sobre cómo el colonizado vuelca el resentimiento y la violencia contra sí mismo.

El registro de llamadas telefónicas a las líneas de emergencia indica que al comenzar el siglo se producían más de 200.000 llamadas al año para denunciar casos de maltrato de ancianos, mujeres, niños y otros. Ese registro aumentó a sobre 300.000 a mediados de la década pasada y en 2008 superó las 400.000 querellas anuales hasta llegar a más de 430.000 el año pasado.

Durante el mismo período, de acuerdo a las estadísticas oficiales, han sido removidos de sus hogares por denuncias de maltrato más de 81.000 niños. En igual tendencia que el maltrato en general, esos casos de niños sacados de sus casas comenzaron en 5.500 en 2001 y al presente ya mantiene un promedio de 7.000 al año.

Desde que se estableció entre 1968 y 1969 el Departamento de Servicios Sociales –hoy Departamento de la Familia- bajo el gobierno del patriarca anexionista Luis A. Ferré, esa agencia ha tenido la misión de prevenir y corregir el problema del maltrato infantil y entre 1970 y 1972 se removían cerca de 2.500 niños anualmente. Los casos de maltrato en sus diversas modalidades y niveles de gravedad seguían y en el año fiscal 1976 y 1977 se contaron 23.287.

Diez años después, el promedio de casos denunciados de maltrato infantil había aumentado a 32.000 y la tendencia no se estabilizó. A mediados de la década de los noventa, el promedio era cerca de 35.000 y en 2001 uno se sobrepasaron los 46.000 casos, con más de 50.000 en algunos años siguientes.

Allá para 1974, bajo el gobierno autonomista de Rafael Hernández Colón, se estableció un “proyecto de demostración” sobre cómo atender los casos de maltrato infantil que daba mayor énfasis a “la fase de investigación”. Además, se asignó el tema del maltrato infantil a una unidad especializada de la Policía nacional, pero el problema siguió creciendo.

El nuevo gobierno autonomista anunció este mes que se propone establecer otro programa demostrativo para poder ensayar otras soluciones.

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