Febrero y Octubre del 2003 quedarán en la memoria como momentos de resistencia social acumulada que evitaron la arbitrariedad, cuestionaron la soberbia del poder estatal y la esencia del sistema neoliberal; pero también se recordarán con la angustia de la pérdida de vidas humanas y el drama que significa estar herida o herido, perder el trabajo, quedar con secuelas físicas y psicológicas que limitan la vida plena. Febrero, que dejó un saldo trágico de más de 33 muertos y 205 heridos, será recordado también como antecedente nefasto de las jornadas de Octubre, cuando las víctimas mortales y los heridos se triplicaron -con la venia de los gobernantes y el oscuro manto de la impunidad-, pues los responsables de febrero no habían sido ni investigados, ni castigados. En fin, febrero y octubre del 2003 serán en la historia las expresiones más nítidas de los límites a los que puede llegar un sistema social injusto, basado en la aplicación de modelos, recetas e imposiciones financieras, amparadas en la corrupción, la impunidad y la violencia estatal. El pueblo ganó en febrero, es verdad, el paquete FMI no se impuso, la soberbia de Sánchez de Lozada sufrió un fuerte revés, pero el dolor entonces fue más grande que el sentimiento de haber triunfado; en Octubre la resistencia y fuerza ciudadana y popular defendió el gas y se opuso al ALCA, echando por fin a un presidente que en apenas un año de gobierno había perdido toda legitimidad y sentido de gobernabilidad. Sin embargo, la violencia ejercida por el Estado y tantas muertes duelen en el alma. Muchos símbolos y personajes que transitaron nuestras ciudades en los días de enfrentamiento, revuelta y resistencia social de febrero están presentes aún en las imágenes que evocan las plazas y las esquinas: los policías, los militares, tiros y gases, los jóvenes del Ayacucho, los heridos y los muertos, francotiradores, políticos, ministerios y sedes de los partidos oficialistas quemadas, armas asesinas apostadas en las esquinas, el triste final de la enfermera, la médica, el pacifista? Curioso y paradójico que aquellos símbolos de paz y cuidado de la vida como el pacifista y las mujeres de los servicios de salud, hayan sido precisamente presas de la bala certera. Todas esas consecuencias fatales hasta ahora no han sido investigadas, ni esclarecidas, ni sus responsables sometidos a juicio, ni castigados, al igual que los crímenes políticos y económicos cometidos. Tampoco lo fueron los responsables de Octubre. Pareciera que la vida ya no vale nada. La maraña que se antepone a quienes buscan justicia parece ser infranqueable. ¿Será la impunidad la que gobierne el futuro? ¿Cuántos muertos más deberemos tolerar para que esto cambie verdaderamente? Febrero y las luchas anti-neoliberales Bolivia es quizá uno de los países en los que el "modelo" se ha aplicado de manera más ortodoxa; desde 1985 –el primer gobierno de Sánchez de Lozada- se ha liberalizado y privatizado casi todo, abriendo paso al más grande fenómeno de pobreza, desempleo, precarización y abandono de la producción agrícola, el deterioro de los sectores productivos urbanos y fundamentalmente de los derechos humanos. Al mismo tiempo –quizá en parte por la misma razón- Bolivia tiene en sus entrañas movimientos sociales muy fuertes, capaces de expulsar a una transnacional como la Bechtel, o de parar un plan de ajuste promovido arbitrariamente por el FMI que estaba destinado a descansar el peso de la crisis en las espaldas de los sectores trabajadores medios. La movilización popular de febrero no se explica solamente por el motín policial, las muertes del día 13 no son fruto del enfrentamiento entre policías y militares. Se explica esencialmente porque la gente, harta de sufrir las consecuencias de decisiones arbitrarias montadas en función de intereses de grupo y de las élites, fue capaz de cuestionar no sólo aquella decisión, sino la esencia del sistema. Ninguna democracia puede basar su estabilidad en el costo de vidas humanas. Los responsables de las muertes y de la violencia, los responsables de la corrupción y el descalabro económico del país deben ser juzgados y castigados, no solamente por el daño cometido contra las personas y sus familias, cuyas consecuencias son a veces innombrables, sino porque moralmente una democracia debe alimentarse de prácticas inequívocas de respeto por la vida y la dignidad humana y, ante todo, no puede ceder al olvido. Las heridas y ausencias que perviven en los corazones de la gente exigen algo que hoy sale de las bocas de millones de bolivianos y bolivianas: paz pero con justicia. * Elizabeth Peredo es integrante de la Fundación Solón.