América Latina

Extractivismo y teoría de las instituciones

Pablo Dávalos

03/04/2013

Opinión

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Existe una trama de conflictividad que atraviesa toda América Latina y que está signada por el fenómeno del “extractivismo”. Gobiernos de derecha, de centro, de centro izquierda e, incluso, de izquierda radical, convergen de grado o por fuerza hacia el extractivismo. Es como si la fuerza gravitatoria de la presión extractivista excediese a todo discurso político obligándolos al pragmatismo de la real politik. Por paradojas de la historia, el extractivismo se hace presente en la región en momentos en los que el discurso ecologista se ha convertido en parte fundamental, tanto de las nuevas políticas públicas que legitiman al extractivismo, cuanto de los discursos que lo critican. De México a Argentina, y sea cual sea el color de su sistema político, la presión extractiva provoca despojo territorial, conflicto social, pobreza económica, intervención y control gubernamental, contaminación ambiental, destrucción patrimonial, violencia militar y paramilitar.

En todos los países de la región las sociedades resisten al extractivismo y, en consecuencia, son perseguidas, violentadas, criminalizadas. En México, el extractivismo está asociado a la crisis del sistema político y del propio Estado mexicano, al extremo que el país ha sido puesto en la lista de “Estados fallidos”. La violencia del extractivismo, en este país, además, está asociada al crimen organizado, al terrorismo del paramilitarismo y a la corrupción del gobierno. En Guatemala el extractivismo se asienta en un proceso previo de terrorismo de Estado que incluye el asesinato a líderes sociales, como por ejemplo, el asesinato de Carlos Hernández miembro de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas, COPISCO. Incluso en el país más ecologista de toda la región, Costa Rica, la presión extractivista provoca conflicto y tensión social. Existen países cuyos territorios, casi en su integridad están entregados a las corporaciones extractivistas, como son los casos paradigmáticos de Perú y Paraguay. Existen casos emblemáticos de patrimonio natural, como los glaciares de Pascual Lama en Argentina y Chile, que están amenazados directamente por la presión extractiva. El extractivismo amenaza con provocar verdaderos genocidios a pueblos indígenas, como son los casos de los pueblos indígenas de Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador y Perú.

En el extractivismo convergen varias paradojas, quizá la más importante es la convergencia que muestran gobiernos tan dispares y disímiles en sus discursos y proyectos políticos. ¿Cómo es posible, por tanto, que un gobierno que se dice de “izquierda”, en la ocurrencia, Evo Morales en Bolivia, sea tan extractivista como un gobierno declaradamente de derecha, como el PRI de Peña Nieto en México, o Piñeira en Chile? Sobre esta misma línea ¿cómo es posible que la mayor parte de los intelectuales de izquierda del continente sean conniventes con el extractivismo de gobiernos afines a su ideología y sean ferozmente críticos con el extractivismo de los gobiernos de derecha? ¿Quizá existe un extractivismo bueno y otro malo?

Otra paradoja del extractivismo es aquella que hace referencia al discurso ecológico y del calentamiento global. Un discurso que no solo lo recogen casi todos los gobiernos de la región sino también las agencias internacionales de cooperación para el desarrollo, en especial las agencias del sistema de Naciones Unidas. Mientras más se habla de ecología y calentamiento global más se profundiza el extractivismo. De hecho, los programas más extractivistas son aquellos que se cubren de ecología y discurso “verde”, en la ocurrencia, los programas REDD+ de la Naciones Unidas, y de la UNCTAD, y que tienen en los gobiernos de “izquierda” de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, entre otros, a sus referentes más importantes.

Otra paradoja radica en el discurso de los derechos humanos y los nuevos instrumentos de defensa a los derechos humanos suscritos y apoyados por todos los gobiernos de la región. En efecto, no hay gobierno que no haga reiteradas y profusas confesiones a favor de los derechos humanos pero que, al mismo tiempo, criminalice a sus sociedades para permitir al extractivismo. Los ejemplos son numerosos. El asesinato de Sabino Romero, líder indígena de los Yukpas, en el gobierno bolivariano de Venezuela, para concesionar los territorios yukpas a las corporaciones mineras del carbón; las persecuciones y encarcelamientos a líderes sociales en Ecuador por el gobierno de la “revolución ciudadana” para permitir la expansión de la frontera petrolera, la minería abierta a gran escala, los programas ONU-REDD, los biocombustibles, etc.; la represión en el TIPNIS por el gobierno del MAS en Bolivia y la persecución a las organizaciones sociales que se oponen a los ejes multimodales IIRSA en este país; la criminalización social en Paraguay; la represión a los pueblos mapuches y el asesinato de varios de sus líderes históricos, en Chile; la persecución social a los movimientos sociales que se oponen al proyecto minero Conga, en Perú, etc.

En fin, en todos los gobiernos de la región el expediente de abusos, crímenes, torturas, encarcelamientos, despojos, etc., en contra de las sociedades que resisten al extractivismo, es largo y con evidencias contundentes. Empero de ello, todos los gobiernos se han declarado respetuosos de los derechos humanos y, algunos de ellos, incluso han apoyado las declaraciones más importantes de Naciones Unidas a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Empero, la presión extractiva no realiza concesiones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas. Asi, mientras más se habla de derechos humanos más se extiende y consolida el extractivismo y más violencia sufre la sociedad de forma independiente de todas las declaraciones a favor de los derechos humanos.

Otra paradoja está en el hecho de que casi todos los gobiernos de la región han adecuado sus marcos jurídicos al tenor de las recomendaciones de la OMC con respecto a las garantías, protección y seguridad a los inversionistas y la inversión extranjera directa, a pesar de las frecuentes declaraciones a favor de la soberanía nacional y, en algunos casos, de los discursos en contra del imperialismo. Este proceso de adecuación de las legislaciones internas de los países en función de los requerimientos de protección y seguridad jurídica a los inversionistas, ha sido denominado como “convergencia normativa” y es una parte fundamental, por ejemplo, de los ejes de integración multimodal de la IIRSA. En la región, no hay un solo gobierno que se haya alejado un milímetro de los procesos de convergencia normativa, independientemente de su color político y de su retórica antimperialista.

Asimismo, otro hecho que llama la atención es la forma por la cual se disculpa y legitima al extractivismo: la renta extractiva financiaría el gasto público en el área social, sobre todo salud, educación y previsión social. Es como si en una especie de cinta de Moebius el gasto social que en la época del ajuste macrofiscal del FMI fue utilizado como dispositivo de control social para garantizar la privatización del Estado y la desarticulación social, ahora se convierta nuevamente en argumento de legitimidad de la renta extractiva asociándolo con el financiamiento de lo social. Con la diferencia que ahora es el Estado quien administra directamente la renta extractiva para gestionar el gasto social. Es esta nueva función del Estado lo que a muchos teóricos, muchos de ellos críticos al neoliberalismo, les lleva a pensar que en América Latina se viven momentos de cambio radical, y es sobre esta percepción del nuevo rol del Estado que se posiciona el discurso del “posneoliberalismo”.

Sin embargo, una de las paradojas que más llama la atención en la dinámica extractivista es el hecho de que, al menos en América Latina, aún no hay marcos teóricos para comprender en su complejidad al fenómeno del extractivismo. Es tan fuerte la carencia de un marco teórico para asumir, comprender y criticar al extractivismo, que el discurso teórico que subyace a toda la propuesta extractiva, en la ocurrencia aquel del discurso del institucionalismo anglosajón, aún no está inscrito en el horizonte del pensamiento crítico latinoamericano. Es más, muchos críticos al extractivismo eluden la crítica a la teoría del institucionalismo aunque utilicen algunos de sus conceptos y categorías, como por ejemplo, el concepto de “acción colectiva”.

Ahora bien, quizá pueda parecer una exageración afirmar que aún no existe un marco teórico para comprender al extractivismo, pero pongo algunos ejemplos al respecto. En el VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, realizado a mediados de junio del año 2012 en Quito-Ecuador en la sede de FLACSO, de las más de mil ponencias presentadas en ese evento en ninguna de ellas se hizo alusión, ni tampoco tuvo como tema central de análisis, los procesos extractivos en el continente. De su parte, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, hace algún tiempo una de las instancias más críticas al neoliberalismo y que de alguna manera permitió el acercamiento y acompañamiento de intelectuales críticos del continente con los procesos de movilización y resistencia social al neoliberalismo, desde hace algunos años no tiene un solo grupo de trabajo dedicado a estudiar al extractivismo y sus consecuencias, entre ellas, la criminalización social[1].

Una revisión a los textos más radicales sobre el extractivismo (Svampa; Acosta; Gudynas; Machado Araoz, etc.)[2], tampoco dan cuenta de la profunda relación entre el extractivismo y el marco teórico de la teoría del institucionalismo político y económico. Ahora bien, no se trata de una cuestión teórica o académica sino del centro mismo del debate teórico y crítico sobre el extractivismo y su praxis. Si no existe una percepción clara de esa relación la crítica teórica y, en consecuencia, las posibilidades de movilización y resistencia, se acotan.

En efecto, una dinámica fuerte del extractivismo es el Pago por Servicios Ambientales y es el centro de todas las propuestas de despojo territorial llevadas adelante por los programas ONU-REDD en todo el continente. Otro aspecto predominante del extractivismo es el pago por derechos de propiedad para los OGM (organismos genéticamente modificados) o transgénicos. Los programas de captura de carbono y sumideros de carbono de los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) se vinculan con la creación de swaps de naturaleza y productos financieros derivados y tienen en la teoría de los costos de transacción y los derechos de propiedad su eje central. Estos dos conceptos son, de hecho, el núcleo teórico que permite esa articulación entre los mercados financieros especulativos, la convergencia normativa de la OMC hacia la “seguridad jurídica” para los inversionistas y las dinámicas extractivistas.

En el caso de la minería abierta a gran escala también puede verse la carencia de esa relación y crítica teórica. En efecto, a veces es más importante la concesión territorial realizada por el gobierno que la explotación de la mina en sí misma, porque la concesión territorial pueda ser negociada y vinculada con instrumentos financieros (futuros, swaps de commodities, derivados, etc.), de forma independiente de la explotación, producción y comercialización. Asimismo con la renta del agua, de la biodiversidad, del clima, de la belleza escénica, etc. Todos estos procesos tienen en la teoría anglosajona de las instituciones no solo su marco teórico sino sus condiciones de posibilidad.

Quizá sea necesario precisar en qué consiste la relación entre la teoría institucional, la especulación financiera y el fenómeno del extractivismo en el capitalismo tardío. El neoinstitucionalismo económico plantea una revolución teórica en la economía neoclásica que es consustancial para el extractivismo. Esa revolución teórica está en la ampliación del horizonte de posibilidades epistemológicas de la ley del valor. Mientras la teoría de la economía clásica adscribía la ley del valor a las posibilidades de la producción (valor trabajo) o el consumo (valor marginal), el neoinstitucionalismo propone una versión más amplia del valor que consiste en la incorporación de los denominados “costos de transacción” a toda actividad económica. Pero los costos de transacción significan todo el entramado social e histórico en el cual se realiza el intercambio económico. Mientras que la teoría económica clásica miraba a la sociedad desde el mercado y la consideraba un proceso óptimo, eficiente y en equlibrio, le teoría institucionalista integra a la misma sociedad al mercado y no deja absolutamente nada fuera de él. Por ello es más realista que la teoría económica convencional y reconoce aquello que ella misma denomina “fallas de mercado”.

Pero estas fallas de mercado es la sociedad en sí misma. Es la existencia humana en su totalidad. Mientras que para la teoría económica clásica era una tarea casi imposible fijar un valor a aquello que sobrepasaba su horizonte teórico (sea el trabajo o la preferencia del consumidor), por ello era impotente para calcular un valor, por ejemplo a la naturaleza, para la teoría institucionalista de los costos de transacción todo tiene un valor en el sentido más literal del término. Si este valor no está incorporado al circuito económico, como por ejemplo el clima, la contaminación, el ADN, o la belleza escénica, es porque aún no han sido definidos sus costos de transacción. Una vez definidos estos costos de transacción todo puede ser incorporado a los circuitos de mercado.

El avance más importante de la teoría económica del institucionalismo está, precisamente, en la valoración ambiental. Todo el esquema de la puesta en valor de la naturaleza y, por tanto, de su mercantilización, subyace al esquema teórico de los costos de transacción de la teoría institucionalista. La cuestión es ¿cómo definir los costos de transacción? Y la respuesta que da la teoría del institucionalismo es relevante: transparentando los derechos de propiedad. Y ¿cómo se transparentan los derechos de propiedad? Pues, por la vía del derecho, las leyes y los acuerdos internacionales que garantizan la seguridad jurídica a los inversionistas y a las inversiones.

Si esto es así, la transformación más importante no es al mercado sino a la sociedad en su conjunto, especialmente al Estado. La economía del institucionalismo anglosajón se convierte en aquello que había perdido el discurso económico neoliberal: en economía política. El cambio institucional, en consecuencia, es más político que económico y, a largo plazo, se convierte en cambio histórico. Si la historia de alguna manera había estado alejada de las coordenadas mercantiles, con la teoría del institucionalismo anglosajón, ahora toda la historia humana puede ser inscrita a las coordenadas del mercado.

Notas

[1] Para inicios del 2013 existían los grupo de trabajo “Cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas”, coordinado por Augusto Castro Carpio y Pablo Chacón Cancino, y “Patrimonio biocultural, territorio y sociedades afroindioamericanas en movimiento”, coordinado por Francisco López Barcenas y Matías Carámbula Parejas; en donde se aborda de alguna manera la temática extractiva, pero los marcos teóricos, institucionales, epistemológicos, geopolíticos, del extractivismo, no forman parte de las preocupaciones actuales de CLACSO.

[2] Se pueden ver los textos de E. A. Gudynas y Acosta, entre otros, en la página web www.alainet.org , los textos de M. Svampa y H. Machado pueden verse en la revista de la OSAL-CLACSO, Noviembre 2012, CLACSO, sitio web: www.clacso.org.ar

- Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.

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