Violencia e ingobernabilidad en las calles
11/05/1999
- Opinión
Acorde con los sofocantes calores con los que se está despidiendo la época
veraniega, la crisis social que afecta a este país centroamericano ha venido
subiendo hasta llegar en un punto de ebullición que ha sumido a los
nicaragüenses en un profundo estado de ingobernabilidad y violencia callejera
que ha cobrado ya varias víctimas.
Protestas estudiantiles, una huelga nacional de transporte, enfrentamientos
con las fuerzas del orden, la paralización de la Asamblea Nacional, la
detención de dirigentes sandinistas en diferentes barrios capitalinos y la
incapacidad gubernamental de dar respuestas a los reclamos populares, son los
principales ingredientes de una situación que tiene a Nicaragua al borde del
caos.
Protestas estudiantiles
Primero fueron las protestas estudiantiles, que desde la segunda semana de
abril pasado reclaman al gobierno que otorgue el 6% del presupuesto nacional
de la república, conforme lo estipula la Constitución Política debe
entregarse a las universidades.
El conflicto tiene su origen en la falta de claridad del enunciado
constitucional y en la interpretación que hace cada uno de los interesados.
Mientras la comunidad universitaria argumenta que este monto debe incluir los
ingresos extraordinarios, el ejecutivo sostiene que el precepto únicamente se
refiere a los ingresos ordinarios. La diferencia viene a ser de 143 millones
de córdobas (11.5 córdobas por dólar).
El presupuesto de la república, que aún no ha sido aprobado por el
parlamento, se ha calculado en 6,512 millones de córdobas, más 2,900 millones
de córdobas que el gobierno espera obtener en calidad de donaciones y
préstamos de la comunidad internacional. Inicialmente, las autoridades habían
ofrecido 390 millones de córdobas para las universidades, lo que encendió la
rebeldía de los jóvenes universitarios pues esa cantidad representaría apenas
poco más del 4%
En sus protestas, que se han venido repitiendo año con año desde 1992 cada
vez que se discute el presupuesto nacional, han incluido tomas de edificios
públicos y piquetes de agitación en distintos puntos de la capital, los
universitarios han reeditado algunas de la escenas que caracterizaron al país
a inicios de 1979 cuando una insurrección popular terminó con la dictadura de
Anastasio Somoza.
Usando morteros y "bombas de contacto" (explosivos caseros), los jóvenes han
hecho frente a la represión policial ordenada por las autoridades en un afán
de acallar las protestas. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden han
dejado ya más de una decena de estudiantes y policías heridos, y la muerte de
un universitario producto de una herida de una bala de goma disparada las
fuerzas del orden.
Y si bien existe un consenso generalizado en apoyo al reclamo estudiantil,
muchos sectores de la sociedad han criticado el uso de explosivos por parte
de los universitarios y la expresión violenta de las protestas, especialmente
después que a un niño de 12 años le explotara una bomba de contacto que había
encontrado abandonada en los predios de un recinto universitario y que le
cercenó la mano derecha, provocándole severas quemaduras y daños irreparables
en su ojo derecho. En otro accidente, un universitario resultó gravemente
herido cuando los explosivos que cargaba en su mochila le explotaron en la
espalda.
Transportistas en huelga
A las manifestaciones juveniles se han sumado las protesta de los
transportistas, que reclaman una reducción en el precio del diesel que
recientemente aumentó a 16.50 córdobas el galón, precio que incluye un alto
impuesto, que representa casi el 40% (7 córdobas) de ese valor, lo que lo
hace el más caro en toda la región centroamericana.
Los economistas del gobierno aseguran que es imposible acceder a esa demanda,
pues al eliminar ese impuesto se pondría en riesgo el plan económico
gubernamental; a lo que los transportistas responden que el gobierno podría
salvar esa situación eliminando muchos los gastos suntuarios de los
funcionarios gubernamentales.
Además de la reducción del precio del combustible, los transportistas exigen
también la exoneración de impuestos para la importación de repuestos
automotrices y otros insumos importantes para el sector, una moratoria en la
concesión de nuevas rutas y la revisión de las entregadas en los dos últimos
años. Según denuncias de líderes transportistas, y como han comprobado
diferentes medios de comunicación, las autoridades han beneficiado a
integrantes del partido gobernante con autorizaciones para operar como
transportistas, en detrimento de los cooperativistas del gremio.
Tras varias rondas de infructuosas negociaciones, los transportistas
finalmente decidieron lanzarse a una huelga en la que según sus portavoces
participan unas 10 mil unidades. Iniciado el jueves 28 de abril, el paro se
ha sentido en todo el territorio nacional, y también ha provocado ya varios
enfrentamientos con las fuerzas policiales, no menos violentos que los
protagonizados con los estudiantes universitarios.
La virulencia de los enfrentamientos, que también ya cobraron un muerto, se
ha debido en parte a la participación de diferentes pandillas juveniles,
fenómeno social surgido recientemente producto de la descomposición social
que ha sufrido el país a partir de 1990. Los jóvenes pandilleros se han
involucrado tanto a favor como en contra de los transportistas. Según
diversas fuentes, por cada día de paro el país ha perdido 7 millones de
dólares.
Para enfrentar la situación, el Presidente Arnoldo Alemán aprobó un plan
conjunto de la Policía Nacional y el Ejército para resguardar los principales
edificios públicos y garantizar la libre circulación en las calles, medida
que ha sido tomada con cierto recelo y que se ha interpretado como un paso
preliminar de una declaración de un estado de excepción.
A la par de esa medida, la policía igualmente se ha dado a la tarea de
capturar líderes sandinistas de diferentes barrios capitalinos, sin mayor
explicación y en varias ocasiones sin orden judicial.
Parlamento suspendido
El caos generalizado en las calles tiene también su paralelo en la Asamblea
Nacional (parlamento), paralizada desde el 14 de abril, cuando la directiva,
dominada por diputados liberales, aprobó varios artículos de la Ley del
Presupuesto de la República sin permitir la correspondiente discusión de los
mismos, al negárseles a los representantes sandinistas exponer sus
consideraciones y propuestas.
Ante esa situación, considerada una violación a sus derechos y a los
estatutos del parlamento, los diputados sandinistas reclamaron acremente,
protestas que degeneraron en un verdadero enfrentamiento boxístico luego que
un diputado liberal agrediera físicamente a una representante sandinista.
En medio del barullo, la directiva decidió suspender las sesiones
parlamentarias, las que para los sandinistas solo pueden reanudarse si se
abre la discusión de los artículos de la ley del presupuesto que los
liberales consideran ya aprobados, punto en el que la bancada oficial se
niega a ceder.
A esta crisis institucional se sumó también un fallo de la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el dictamina que el
gobierno ha incurrido en la ilegalidad al pretender seguir funcionando sin la
aprobación del presupuesto de la república, como hasta ahora lo ha venido
haciendo.
?Un plan sandinista?
El presidente Alemán ha pretendido enfrentar la crisis con una campaña
propagandística en la que afirma que todo obedece a "un bien orquestado plan
sandinista" para desestabilizar a su gobierno, acusación que el FSLN ha
rechazado.
Sin embargo, en la celebración del día internacional de los trabajadores, el
primero de mayo, el máximo dirigente sandinista, Daniel Ortega, expresó que
"el pueblo tiene derecho a insurreccionarse" ante el irrespeto a la ley por
parte del gobierno y al cerrársele los espacios cívicos de lucha. Su
discurso fue interpretado por diversos analistas como un llamado a la
violencia en contra de la autoridades.
Conforme a encuestas dadas a conocer por los medios de comunicación, una
amplia mayoría de la población rechaza los métodos violentos en las
protestas, y piensan que para la solución de la crisis es indispensable un
acuerdo nacional. La más contundente de estas encuestas fue la realizada por
el Instituto de Estudios Nicaragüenses, con fondos de la agencia sueca para
el desarrollo, el la que un 97% de los entrevistados reclama la negociación y
el entendimiento para solucionar la crisis.
Llegan acuerdos
Tras fracasar en sus intentos de resquebrajar la huelga al suscribir acuerdos
con algunas cooperativas de dudosa legalidad, las autoridades decidieron
llamar nuevamente a negociaciones a los dirigentes del gremio.
Sorpresivamente, en menos de ocho horas de negociación, cuando se esperaba un
recrudecimiento de la violencia, el martes 4 de mayo las partes lograron
alcanzar un acuerdo que puso fin a la huelga nacional del transporte.
Las autoridades accedieron prácticamente a todas las demandas de los
huelguistas, excepto reducir el precio del diesel a como estos pedían. Este
quedó a 15 córdobas el galón en todas las distribuidoras del país. "No es el
mejor acuerdo, no es todo lo que hubiéramos querido, pero ha sido un gran
paso, una victoria para los transportistas", declaró uno de los líderes de
los huelgistas. En tanto voceros oficiales decían que con el acuerdo "es
Nicaragua la que ha ganadado".
En el documento suscrito, el gobierno también se comprometió a revisar
periódicamente el precio del combustible a fin de ir reduciendo los costos de
operación de los transportistas.
El gobierno también alcanzó un acuerdo con la comunidad universitaria, en el
que se compromete entregar 420 millones de córdobas para las universidades; y
gestionar ante la comunidad internacional el monto restante que
complementaría el constitucional 6%. Pero este acuerdo ha sido cuestionado
por los estudiantes universitarios, quienes han dicho que lo someterán a
referéndum entre sus compañeros para decidir si lo aceptan o no. En caso de
ser rechazado, los estudiantes han prometido que volverán a las calles.
Al margen de haberse resuelto momentáneamente estos dos conflictos, en
Nicaragua persiste latente la presencia de una violencia social e
institucional que tiene su origen en el plan económico que ha impuesto el
gobierno liberal de Arnoldo Alemán, cuyas cuotas de sacrificio para lograr
sus metas están siendo pagadas por los más pobres -que es la mayoría de la
población- los que a su vez son excluidos de los beneficios que este plan
puede ofrecer. Así las cosas, Nicaragua vuelve a su anormal normalidad.
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