El máximo órgano del capital organizado en Guatemala, el Comité Coordinador de Asociación Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, ha salido a la defensa de uno de sus cuadros militares más efectivos: Ríos Montt. Y no podría ser otra manera, siendo que dicho ex dictador fue uno de los más fieles servidores y defensores del régimen de explotación, saqueo y opresión que ha existido históricamente en Guatemala, el cual ha sido construido y del cual se han beneficiado quienes ahí se integran, un régimen que ha condenado a la mayoría de esta pueblo, a la miseria, desnutrición, analfabetismo, desempleo, emigración, etc.

 

 Han salido de sus palacetes quienes han manejado el país como su finca, quienes nos siguen viendo a los ciudadanos y ciudadanas como sus mozos, y a los jueces como parte de sus equipos de capataces.  Han salido en defensa de uno de los operadores del genocidio, política en la cual también participaron civiles que facilitaron sus fincas, actuaron en órganos como el partido de la violencia organizada, el llamado Movimiento de Liberación Nacional, y quienes desde sus lujosas oficinas daban conducción estratégica a su instrumento máximo de dominio: el Estado.

 

En comunicado y conferencia de prensa, han salido a descalificar al tribunal que condenó por genocidio a Ríos Mott, afirmando: “…el Tribunal hizo una calificación inadecuada de la figura de genocidio” y han acusado a la comunidad internacional –a falta de poder argumentar el cuco del comunismo, del narcotráfico o del terrorismo– de haber presionado para que se diera tal condena. Además, como una amenaza velada desde su poder, se han declarado en sesión permanente para analizar las consecuencias de la condena y entre líneas han ordenado públicamente a la Corte de Constitucionalidad –donde operan sus cuadros más lúcidos en materia de jurisprudencia- “anular la condena, preservar la gobernabilidad y el futuro del país”.  Niegan y se anteponen a lo que documentos, testimonios de víctimas y peritos han corroborado: el genocidio y la política contrainsurgente con carácter clasista, racista y homofóbica.

 

Cuando condenan a uno de los suyos o de sus servidores, el CACIF no está de acuerdo.  Y cuando esto pasa, además de oficiosa defensa, empieza a construir argumentaciones y justificaciones ideológicas como plantear que los tribunales han sido presa del “conflicto ideológico”, que el veredicto “abona a la polarización”.  Además, se ubican como los adalides del país cuando afirman que se debe recular para “mantener el Estado de Derecho” y argumentan que por esa razón no pueden “aceptar estas resoluciones ilegales”.

 

 Lo grave de esta actitud del CACIF es que, implícitamente, viene a alentar a ciertas organizaciones y redes que están propagando discursos anticomunistas y que están lanzando amenazas e intimidaciones a granel en contra de víctimas, activistas y líderes sociales que han ejercido su legítimo derecho de exigir justicia.

 

Quienes nos asumimos como ciudadanos libres no podemos aceptar que un grupo minoritario representado en el CACIF, quiera imponer su ley, que se atreva a descalificar a la autoridad jurídica y que conmine a la Corte de Constitucionalidad a aceptar su designio oligárquico.

 

Los hechos históricos y las pruebas jurídicas son contundentes. Si se da marcha atrás en la condena, CACIF y sus servidores en el organismo judicial, serán los responsables de atentar contra los derechos de las víctimas y contra la justicia.