13 de mayo de 2013 (NCM) – La vorágine que sume a Puerto Rico es tal que no han tenido mayor impacto sucesos como la prohibición de viajar impuesta por Estados Unidos contra un conocido líder político, la oferta de China para suplir toda la meta de producción de energía de fuentes renovables que requiere el país o la validación de la elección de un candidato que ni siquiera podía votar.

 

Ni siquiera el nuevo gobierno autonomista ha reclamado el logro político de que se creara en apenas tres meses el 64 por ciento de los empleos proyectados para año y medio, silencio fácilmente explicable ante el hecho de que el descalabro económico es tan marcado que el período concluyó con una pérdida neta de decenas de miles de puestos de trabajo.

 

Pero, con discusión o sin ella en la desorientada opinión pública, la corriente de la historia se precipita en torrente hacia un nuevo nivel que habría resultado impensable durante la segunda mitad del siglo pasado.

 

Uno de los hechos más insólitos fue la visita al Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, de una delegación empresarial china, dirigida por un funcionario del Partido Comunista de la potencia asiática y escoltada por agentes que aparentaban ser del Servicio Secreto de EEUU. Los delegados, del gigantesco consorcio Jiangsu Goaxin Investment Group, sufrieron desaires de funcionarios de Palacio que ignoraban con quién trataban, para que al final fuesen recibidos por un ayudante del nivel más bajo que menospreció su propuesta de  suplir el cien por ciento de la meta de producción de energía de fuentes renovables.

 

En contraste, mientras en Puerto Rico se tomaban la visita como si fuese un cuento chino, la diplomacia china recorre América Latina haciendo inversiones y negocios, que llegan hasta el anuncio de que Bolivia tendrá su propio satélite por acuerdo con la potencia de Oriente. De hecho, el consorcio JGIG ya invierte en la costa norte de Puerto Rico en el desarrollo de un centro de investigación sobre energía solar, pero la información que ha circulado en grupos cercanos a la política es que los empresarios llegaron al vetusto palacio colonial acompañados de un miembro de una facción del partido oficialista no apreciada por el bando que ahora controla el poder.

 

Ese tribalismo político tuvo la oportunidad de mostrar sus colores en otro evento ocurrido días después.

 

El presidente del Partido Nacionalista Francisco Torres, jefe de una de las dos facciones que reclaman ser la organización auténtica, intentaba volar a EEUU en un viaje de naturaleza personal. Pero al presentarse al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín se le avisó que el Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security) había decretado que no podía viajar fuera de Puerto Rico.

 

La decisión, tomada por Washington y ejecutada en un aeropuerto que ya fue entregado a un consorcio privado mexicano-estadounidense, no enfrentó en los primeros días una reacción de parte de las demás formaciones partidarias ni eco significativo en medios noticiosos nacionales. Eso, a pesar de constituir una interferencia con la capacidad de los sectores políticos de Puerto Rico para enviar delegaciones al extranjero a buscar apoyos cuando en cualquier momento podría comenzar en Washington una nueva ronda de discusión sobre la condición política colonial de esta nación localizada en el eje de un triángulo estratégico al nordeste del Caribe, equidistante de Guantánamo y de Caracas.

 

Poco antes del suceso del aeropuerto, habían comenzado a circular informes de la división de inteligencia militar del Ejército Popular Boricua-Macheteros que intentaban dar la voz de alerta sobre la posibilidad de una nueva oleada represiva.

 

La acción contra los nacionalistas ocurre además en momentos en que la Comisión Estatal de Elecciones sigue sin reconocer la inscripción del Partido Independentista Puertorriqueño, lo que ya fue motivo de un piquete de grandes proporciones frente al organismo electoral por parte de esta formación política. Pero en tanto no se reconozca al PIP, la CEE sigue controlada por los dos partidos pro EEUU, que en estos días se pusieron de acuerdo para inscribir contrario a las normas a una candidata electa en 2012 sin tener tan siquiera capacidad legal para votar.

 

Una fuente con acceso a la CEE entregó a NCM Noticias copia del documento oficial que demuestra que la candidata, electa por el oficialista Partido Popular Democrático en un pueblo de la región oriental, fue inscrita en violación a la ley este mes de mayo, porque a la fecha de los comicios generales de noviembre pasado no tenía la edad necesaria para ser electora, mucho menos para figurar en la papeleta. El retraso en aceptar el tercer partido en la CEE permitió que no hubiese voto disidente y la presidencia consideró que su deber era mantenerse al margen.

 

Los tres eventos descritos han ocurrido en el marco de un país en que caen, como en un efecto dómino, la solvencia de las corporaciones públicas y la deuda, que por décadas se mantuvo en un promedio de 58 por ciento del producto nacional bruto, ya es de más del cien por ciento.

 

Las estadísticas oficiales son apabullantes. Según el “Informe mensual” del Departamento del Trabajo, en los meses de enero a marzo se abrieron 20.000 puestos de trabajo en la manufactura y 4.000 en lada uno de los renglones agricultura, finanzas y “por su cuenta”, para un total de 32.000, o un 64 por ciento de los 50.000 puestos de trabajo nuevos prometidos por el gobernador, Alejandro García Padilla. Pero durante el mismo período, se perdieron 56.000 empleos, lo que dejó un saldo negativo de 24.000 empleos menos en comparación con el 31 de diciembre, cuando dejó el poder Luis Fortuño.

 

Por otro lado, García Padilla sigue intentando consolidar una alianza informal con sectores que han sido focos  históricos de resistencia. Así, mezcla políticas económicas de derecha con una apertura para causas sociales de impacto, como la posibilidad que la Universidad de Puerto Rico inicie su propia reforma.