Argentina

La verdadera violencia institucional

Red Eco

16/05/2013

Opinión

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En medio de congresos y campañas sobre violencia institucional y menciones perdidas a algunos casos de gatillo fácil ocurridos hace más de diez años, el gobierno nacional busca lavarse culpas y apuntar a un supuesto autogobierno de las fuerzas de seguridad, como responsable de las torturas y muertes de jóvenes en todo el país. Mientras tanto, la persecución, torturas y asesinatos en manos policiales no solo continúan sino que se recrudecen.

Hace pocos días un grupo de cuarenta personas viajó desde Jujuy hasta la Ciudad de Buenos Aires para denunciar la violencia policial de la que es víctima en la localidad de San Pedro. Reclamaron la remoción de la cúpula policial de la provincia, promoción de nuevas políticas de seguridad, y que se aparte de las fuerzas y se juzgue a los policías torturadores y asesinos como así también a jueces y fiscales cómplices.

No es la primera vez que esto ocurre; ya el año pasado un grupo más reducido había viajado a Buenos Aires. En ambos casos, el motivo fue el mismo: la falta de respuestas que sus denuncias tienen a nivel provincial. La secretaria de Derechos Humanos de Jujuy les dijo que no cuenta con el poder político necesario para solucionar el tema y señaló tener las manos atadas. Es así como todas las denuncias de violencia policial presentadas quedaron en un simple trámite administrativo.

Apremios ilegales, torturas y muertes son moneda corriente en la provincia de Jujuy, especialmente en la localidad de San Pedro. La violencia sufrida de parte de las fuerzas policiales se da en muchos casos en seccionales que han sido denunciadas como sitios de tortura durante la última dictadura cívico militar.

Solo basta mencionar algunos de los casos que se dieron en estos primeros cuatro meses y medio de 2013, para dar cuenta de la situación en San Pedro.

En enero, Ariel Mamani de 40 años había ido con un amigo a la Municipalidad a buscar trabajo, pero un policía les dijo que salieran de allí y se fueran a la plaza, de donde fueron nuevamente sacados por otro efectivo. A una cuadra los interceptaron dos patrulleros y una moto, los pusieron contra la pared, los tiraron al piso, los esposaron y los llevaron hasta la Seccional Novena donde los golpearon. “La policía está acostumbrada a levantarnos porque somos negros y de barrios humildes”, afirmó luego Mamani.

En febrero, Maximiliano Pérez había ido a hacer una compra cerca de su casa y efectivos de la Infantería se bajaron del móvil, le sacaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron desnudo un largo rato en la calle. A la semana siguiente le hicieron exactamente lo mismo.

Gabriel Ibañez de 23 años estaba en un cumpleaños cuando llegaron policías de la Brigada de Investigaciones y de Infantería porque, según ellos, en la fiesta había un chico que había robado. Lo inculparon a Ibañez y lo sacaron a las patadas junto a otros jóvenes. Lo tiraron en el piso de la camioneta y le pisaron la cabeza. Al llegar a la Seccional Novena lo desnudaron y esposaron por atrás, le taparon la cabeza con una bolsa y lo golpearon fuertemente, para luego picanearlo. Estuvo incomunicado tres semanas. Querían que se hiciera cargo del robo. Según relató Pablo Juárez, una de las personas que viajó a Buenos Aires, en una entrevista realizada por Contrapunto Radio, a algunos jóvenes se les hace firmar bajo tortura haciéndolos responsables de distintas causas, con las que nada tienen que ver. Además, denunció que muchos chicos son utilizados por la policía como mulas para distribuir droga en la provincia. Incluso se les paga con droga y si los chicos quieren escaparse o dejar de hacerlo son torturados salvajemente.

Juárez también contó que uno de los jóvenes que había viajado con él, al regresar a Jujuy fue sacado de su casa por la policía, sin ninguna orden, fue llevado, una vez más, a la Seccional Novena, donde lo desnudaron, le echaron agua fría, le pusieron bolsas en la cabeza, picana eléctrica, le pegaron palos, piñas, patadas, lo llevaron al hospital, lo devolvieron a la comisaría y le siguieron pegando. Lo soltaron a los dos días y le iniciaron una causa por resistencia a la autoridad. Ese mismo chico en otra oportunidad había sido llevado al monte por la policía de Infantería y de la Novena, lo habían tirado al piso mientras le exigían que dijera quién había robado una moto supuestamente sustraída en el barrio donde vive. Le dispararon con una itaka más o menos a un metro de distancia, con balas de goma, de las que todavía tiene esquirlas en el cuerpo.

El martes pasado, tres personas vestidas de civil se presentaron sin orden judicial en la sede del “Movimiento 24 de Marzo Nunca Más” de San Pedro con la finalidad de pedir información acerca de dos militantes que habían viajado a Buenos Aires, argumentando que tenían en su poder grabaciones de entrevistas realizadas a ellos en la Capital Federal. Ante esta situación, la organización presentó un recurso de Habeas Corpus.

Así como se mencionan todos estos hechos referidos a la localidad jujeña podría hacerse un relato similar de lo que sucede en otras ciudades de cualquier provincia del país. En este marco, desde el gobierno nacional se impulsa una Campaña contra la Violencia Institucional, que tuvo a modo de presentación un Congreso realizado a principios de mes en la Plaza de los Dos Congresos en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa recibió apoyos tanto como críticas. Vale sin embargo detenerse en quienes efectuaron estas últimas.

Un número importante de familiares de víctimas de distintas formas de violencia estatal apareció mencionado dentro de los disertantes del Congreso sin su consentimiento o incluso habiendo manifestado su negativa a participar. Esto generó que Vanesa Orieta (hermana de Luciano Arruga), María Leontina Millacura Llaipén (mamá de Iván Eladio Torres Millacura), Liliana del Carmen Silva (mamá de Matías Casas), César Antillanca (papá de Julián Antillanca) Elizabeth Hernández (mamá de Brian Hernández), entre muchos otros, emitieran un comunicado en el que señalaron: “Nosotrxs, familiares de víctimas de la política represiva del Estado, sabemos bien qué es la violencia institucional. Concreta y sencillamente, el Estado necesita de las fuerzas policiales -ya sea metropolitana, bonaerense, la Gendarmería-, para poder establecer las políticas de desigualdad que sostienen, propias del modelo explotador, que protege a las redes criminales. La única razón por la que existen policías es el control que necesitan mantener sobre los laburantes para seguir con este modelo económico y social que solo beneficia a unos pocos y castiga siempre a los mismos”. En este marco, enumeraron lo que ellos consideran que es violencia institucional: Las leyes antiterroristas que persiguen a los que se organizan y luchan; que la policía fusile un pibe cada 28 horas; 70 asesinados por luchar; la desaparición forzada de jóvenes en todo el país; las cárceles hacinadas de jóvenes humildes sin futuro; los sueldos por debajo de la canasta familiar de la mayoría de los trabajadores y los desorbitantes sueldos de los funcionarios públicos; no habilitar los recursos necesarios para el esclarecimiento de casos impunes; el cierre de causas de crímenes aún sin resolver; el traslado de una ciudad a otra de policías denunciados, ya sea por casos de abuso sexual, narcotráfico, gatillo fácil, etc.; incluir nombres de personas sin haberlas consultado en los paneles de las jornadas que organiza el gobierno.

En un sentido similar se manifestaron desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. Consideraron que esta “campaña” no es más que “otra de las tantas herramientas que ha sabido crear el kirchernismo para reprimir con el menor costo político y el mayor consenso posible”: “Lejos de pretender cambios profundos respecto a “la problemática”, como ellos la llaman, sirve para negar el carácter sistémico de la represión. (…) Otra idea central que fue común escuchar entre los panelistas, es la de “dos gobiernos paralelos”, en alusión a la tesis de que la policía se autogobierna y autodetermina, lo que permite esquivar toda responsabilidad estatal”.

Afirmaron además que el gobierno que lleva adelante esta campaña es el mismo que impulsa el Proyecto X de Gendarmería e infiltra servicios en las organizaciones políticas, el que actualiza las leyes antiterroristas: “El mismo gobierno que tiene en su haber más de 4000 criminalizados por luchar, más de 2300 asesinados por el gatillo fácil y la tortura y 20 muertos por la represión a la protesta social”.

Fuentes: Anred / Contrapunto / Correpi / Agencia Walsh

http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=10664&Itemid=130

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