Colombia es definitivamente un país de contrastes. Mientras avanzan los diálogos en La Habana entre la insurgencia armada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, las fuerzas de oposición y las minorías políticas se encuentran en una verdadera encrucijada pues las nuevas normas electorales amenazan con dejarlas por fuera y de contera sin personería jurídica puesto que en Colombia de manera absurda se ligó la personería jurídica a la representación parlamentaria o dicho de manera simple, sólo se es organización política legal si se tiene representación en el Congreso de la República.

 

Quienes trabajamos cotidianamente en el Congreso de la República haciendo una labor de seguimiento a la agenda legislativa, hemos visto como éste organismo se ha ido degradando cada vez más sin que los remedios hayan logrado mejorar la calidad de la representación política. Hay que señalar que el Congreso de la República tiene un enorme poder que le entregó la Constitución de 1991. Aprueba el Presupuesto General de la Nación, ejerce el control político sobre el Gobierno y sobre la rama judicial así como sobre la Fuerza Pública, aprueba las leyes, elige a los miembros de la Corte Constitucional de ternas que le son presentadas por el Presidente de la República, por el Consejo de Estado y por la Corte Suprema de Justicia; el Senado de la República elige el/la Contralor (a) General de la República, la Cámara de Representantes, elige el Defensor del Pueblo, el Congreso en Pleno elige al Consejo Nacional Electoral, y además podría destituir ministros pues tiene en sus manos la Moción de Censura si la mitad más uno de la Cámara o el Senado de la República así lo aprueba. El Ministro censurado debe renunciar.

 

Todas estas funciones las ha usado el Congreso para negociar con el Gobierno y no para de legislar en favor de sus electores. La degradación en la representación política precisamente está relacionada en primer lugar con el incumplimiento de las promesas electorales que los candidatos realizan con sus electores. El descrédito nace de esta primera inconsecuencia se promete, pero una vez elegido y posesionado el parlamentario negocia el respaldo a proyectos muchas veces contrarios a lo que ofreció, a cambio de puestos, de contratos, de favores desde el Gobierno que es quien maneja los recursos.

 

Un segundo aspecto que toca con su desprestigio, es que en muchas ocasiones las leyes buscan su propio beneficio y no el interés público. Fue lo que aconteció con la mal llamada Reforma a la Justicia. Esta era una reforma como lo denunciamos en estas mismas páginas que buscaba favorecer a no más de 1.300 personas que en Colombia tienen un fuero especial.

 

De manera arrogante las mayorías en el Congreso aprobaron la reforma de 32 artículos de la Constitución para blindarse de las investigaciones judiciales en su contra, buscaban el apoyo de las Altas Cortes de Justicia prolongando el período de los actuales magistrados y también los blindaban de las investigaciones en su contra, acababan con las investigaciones en curso que aún comprometen a unos 73 parlamentarios en indagaciones o procesos abiertos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por nexos con los criminales grupos paramilitares.

 

Todo ello lo promovieron arrogantemente con la anuencia y el apoyo del Gobierno que sólo reaccionó, cuando la indignación ciudadana se desbordó y puso en marcha un proceso que buscaba la convocatoria de un referendo derogatorio a este  estropicio jurídico. Sólo esa indignación ciudadana incontenible logró detener el peor adefesio intentado por el actual Congreso en contra de la Constitución de 1991. Era una reforma indigna, clientelista para favorecer a una casta de 1.300 burócratas.

 

Desde el año 2006, 53 parlamentarios en ejercicio han sido condenados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y aún hay unos 73 que están en investigación. Esto es una vergüenza nacional a laque habría que agregar que por lo menos nueve presidentes del Congreso han corrido con esta sanción dentro de ese grupo. Es la mayor infiltración criminal en parlamento alguno del mundo.

 

La mayor parte de las leyes quizás con la excepción de la ley de víctimas han atentado contra los intereses públicos. A veces es mejor no presentar iniciativas a un Congreso dominado por los pequeños intereses, pero principalmente por los intereses del Gobierno. Además del fiasco de la reforma a la justicia, este Congreso aprobó una reforma tributaria en que le metió mano al bolsillo de la clase media para favorecer los intereses de los grandes conglomerados económicos y financieros con el cuento que si les rebajaba los impuestos por ejemplo, el de renta que pasó del 32 al 27 % y que si les quitaba los aportes a salud y al Sena y al ICBF, se generaría empleo. Los estudiosos del tema señalan que esto es un engaño. No se generarán puestos de trabajo rebajando los impuestos a los más ricos.

 

Este mismo Congreso se ha negado hasta el momento a garantizar el derecho fundamental a la salud mediante una reforma a la Ley 100 de 1993 que convirtió la salud en un negocio. Hizo una reforma inocua mediante la aprobación de la ley Dilian Francisca Toro o Ley 1438 de 2011. Hoy Dilian Francisca, está en la cárcel y la salud en la peor crisis de su historia. Ahora discute dos proyectos para reformar el sistema de salud sin que se avizore todavía un camino que garantice la salud de todos y todas las y los colombianos.

 

La parte más decente del actual Congreso está en riesgo. Esa parte más decente está conformada por las bancadas del Polo que ha hecho un buen trabajo de control político que ha presentado buenas iniciativas en materia de salud, que enfrentó sin éxito la regresiva reforma tributaria, que se fajó en buenos debates sobre la política agropecuaria, también, en general, ha cumplido una destacada labor la bancada de los verdes, lo han hecho bien los parlamentarios del Mira y los representantes indígenas en el Senado y en la Cámara. Pero, todos ellos corren el riesgo de no llegar al nuevo Congreso.

 

El acto legislativo No 1 de 2009 estableció que para tener representación en el Senado de la República se requiere obtener como mínimo el 3% del total de la votación que corresponde aproximadamente a unos 450 mil votos. Y esta cifra dudamos que la alcance alguno de los partidos y movimientos mencionados como la parte más decente del actual Congreso.

 

Ellos no reparten puestos, ni tienen acceso a los recursos del presupuesto, ni manejan los fondos de las regalías, ni adjudican contratos, pero su labor es fundamental para la democracia, para el Estado Social de Derecho, en fin, como diría Gianfranco Pasquino, la calidad de una democracia se mide por la calidad de la oposición.

 

Y esa calidad, en este mediocre Congreso que termina sin pena ni gloria, está constituida principalmente por esos representantes y senadores que son acompañados por muy pocos, pero también valiosos representantes y senadores de partidos de la coalición de gobierno, pero los que asumen posiciones independientes realmente son muy pocos.

 

Ante esta cruda realidad la Corporación Viva la Ciudadanía junto con Fescol, Plural, la MOE y otras organizaciones de la sociedad civil han promovido la conformación de una mesa nacional por la defensa del pluralismo político. Promovemos que el Congreso apruebe una ley que permita que los partidos de oposición, las minorías, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos puedan presentar listas de coalición para el Senado, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales. No estamos pidiendo una rebaja del umbral simplemente estamos pidiendo que los partidos de oposición y las minorías políticas se puedan coaligar para obtener una digna representación en el Congreso. No pedimos más, pero tampoco menos.

 

Queremos lanzar una gran campaña nacional por la defensa del pluralismo y de la decencia en la política. Por la recuperación de la política para la defensa de los intereses públicos.