Cambios
Sobre la política militar del presidente Kirchner
25/06/2004
- Opinión
La determinación de la Agrupación Quebracho de realizar una
resonante protesta frente al Edificio Libertador merece una
consideración especial.
El tema no es sencillo: de hecho, la actitud de los militantes que
se dieron cita en el predio de Paseo Colón encarna el sentir de
una parte del campo popular argentino, asentado en una visión
cristalizada de nuestra historia reciente.
Y tiene su derivación. Pues da cuenta de la importancia de
efectuar un diagnóstico acertado sobre el sentido del proceso en
marcha, así como de la esencia de las políticas militar y de
derechos humanos llevadas adelante por el gobierno nacional.
Vamos, entonces, hacia uno de los debates más fieros que hemos
enfrentado. Mas como no hemos rehuido la discusión acerca de otros
asuntos peliagudos, nos sentimos con el ánimo adecuado para
desplegar una concepción contrastante con el sentido común de una
faja importante de la militancia popular argentina.
Hasta el presente, el Ejército argentino mantuvo una firme
orientación liberal conservadora acompasada por un accionar de
corte fascista. Si bien la configuración hegemónica merecería una
investigación específica, podemos aseverar que este "Ejército
liberal" fue constituido a partir del golpe de Estado de 1955.
A partir de esa interrupción del orden constitucional, dos grandes
trazos delineados por el poder oligárquico e imperialista
modelaron a las Fuerzas Armadas, y específicamente al Ejército: la
adscripción al liberalismo en el plano económico y al
conservadurismo en el orden político.
Esta precisión no parece trascendente si no efectuamos algunas
observaciones: el primer punto se logró a través de la
incorporación de los altos mandos de la fuerza a una línea del
empresariado que usufructuaba directamente los beneficios de una
economía pujante (paradójicamente pujante a pesar de los
beneficiarios). El segundo, haciendo pie en una formación tilinga
y un deseo de pertenecer a otros estratos sociales que derivaba en
el gorilismo y, claro está, en el racismo.
Así, liberalismo conservador y antiperonismo se conjugaron en el
pensar y el hacer del Ejército argentino entre 1955 y el año en
curso. La fuerza en cuestión se constituyó, de ese modo, en una
maleable organización a disposición de los intereses económicos
antinacionales y antipopulares.
(Como se verá, estamos lejos de asumir la interpretación
tradicional de la izquierda acerca de las Fuerzas Armadas como
brazo castrense del sistema de dominación imperial. Si la
expansión de ese criterio en nuestro país encuentra fundamento en
el comportamiento militar de las últimas décadas, la realidad
presente nos obliga a relativizar su vigencia y a considerar que
la orientación de esas armas está ligada al sistema capitalista
local con vinculación internacional, lo cual no es lo mismo.
Es decir, al igual que en el análisis que vamos efectuando, día a
día, sobre todas las instituciones, consideramos que en el período
presente las Fuerzas Armadas están en discusión, que no se ha
consolidado una hegemonía que permita aseverar cuál será su rumbo
seguro y que pueblo y gobierno están ejerciendo una presión
sostenida y positiva para encuadrarlas dentro de lineamientos
eslabonados con los intereses geoeconómicos regionales.
Hemos enfrentado a la dictadura militar con energía en los
momentos más complejos, y hemos combatido la impunidad cuando la
misma se propagó cual oropel sobre los criminales. No tenemos
vocación castrense. Pero la única verdad es la realidad, y las
modificaciones en la misma han forzado una mirada dúctil para
aprehender las nuevas situaciones y valorar las batallas
triunfantes de vastos sectores del campo popular argentino,
siempre devaluadas por quienes prefieren perder para concluir que
nada sirve para nada.)
El golpe de 1976 mostró la ofensiva feroz de estos espacios con el
objetivo de frenar el hasta entonces imparable crecimiento de la
economía industrial argentina, así como de aplastar un movimiento
popular conciente y en proceso de maduración. El Ejército operó
como una eficaz herramienta en esta dirección y desplegó una
metodología represiva netamente articulada con tales intereses.
El retorno de la democracia institucional, fruto de la combinación
de resistencia popular --otro de los factores ocultos de nuestra
historia--, la derrota de Malvinas y el agotamiento de las
perspectivas políticas de un gobierno debilitado por su propia
inflexibilidad, entre numerosos elementos, permitió la difusión de
la catástrofe dictatorial y la evaluación parcial de sus
consecuencias.
El gobierno alfonsinista, que a través de la gestión económica de
Bernardo Grinspun buscó orientar gradualmente el panorama
productivo hacia un desarrollismo tenue, fue rápidamente puesto en
caja por el poder concentrado. Y así, después del importante
Juicio a las Juntas, llegaron las instrucciones a los fiscales y,
más tarde, las leyes de impunidad. Estas últimas disposiciones se
ensamblaron con el advenimiento de Juan Vital Sourrouille como
ministro de Economía para adoptar, en los dos planos mencionados,
los rumbos conocidos.
El menemismo se constituyó, económica y militarmente, en un
intérprete cabal del bloque de poder concentrado. De hecho, operó
como el ariete de la transnacionalización y el deterioro de los
más variados aspectos productivos locales, completando el accionar
dictatorial en ese flanco. Como hilván, los indultos serenaron la
inquietud de los cuerpos dirigentes de las Fuerzas Armadas que, a
su vez, participaron con porciones menores de la entrega del
patrimonio nacional. Fernando De la Rúa no obturó en plano alguno
esa tendencia.
Los levantamientos populares del 19 y el 20 de diciembre marcaron
una ruptura profunda de la sociedad con el neoliberalismo. En
cierto modo, esa conciencia implicó un quiebre con las políticas
represivas que lo posibilitaron. El 19 por la noche podía
entenderse que el país ya no sería el mismo. Hay sectores que aún
hoy no lo pueden comprender. El enfrentamiento callejero con las
fuerzas policiales durante todo el día 20 y los crímenes contra
los manifestantes que se registraron esa jornada, terminaron por
profundizar una mirada sobre los derechos humanos concretos que
venía creciendo entre la población.
El desplazamiento de los altos mandos, la anulación de las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final, el enjuiciamiento y
encarcelamiento de todos los comandantes de la represión, el
establecimiento de una política de Derechos Humanos profunda como
epicentro gubernamental, la realización de un acto popular y
explícitamente militante en la ESMA, la condena abierta del
presidente Néstor Kirchner a lo actuado durante la dictadura, son
datos centrales de una nueva política de Defensa, relacionada con
una concepción nacional y popular.
Por primera vez desde 1983 un gobierno genera un quiebre efectivo
entre la comandancia del Ejército liberal y las nuevas
generaciones militares. De ahí la energía con que los medios de
comunicación neoliberales cuestionaron el acto de la ESMA: están
muy preocupados e indignados ante la perspectiva de perder la
influencia tradicional sobre las Fuerzas Armadas. Cuando el jefe
del Ejército, general Roberto Bendini descolgó los cuadros de los
presidentes de la dictadura, percibieron que la fuerza en cuestión
podía dejar de ser una herramienta utilizable para cualquier
emprendimiento y empezaba a constituirse en una institución
estatal disciplinada al poder político dispuesto electoralmente.
Y cuando el mismo militar reivindicó una política industrial desde
el Estado tomando como referencias históricas a los generales
Enrique Mosconi y ¡Juan Domingo Perón! -con todo lo que este
último implica en tanto símbolo intolerable para la cosmovisión
liberal en sus más variadas facetas-tuvieron la certeza de la
existencia de un rumbo hostil a sus intereses. Allí lanzaron la
nueva etapa de su campaña propagandística sobre la "inseguridad" y
la relacionaron forzadamente con la política oficial de derechos
humanos. Para poder entrarle a la cuestión de algún modo, aunque
más no fuera -por ahora-colateral.
Kirchner, con sus actos, dijo sin declamar -curiosa interpretación
¿no?-a la joven oficialidad: ustedes no son los responsables de
esta situación, ¿porqué van a hacerse cargo de la misma
defendiendo a criminales y corruptos? Vengan, podemos construir un
país distinto con ustedes. Podemos elaborar una política en la
cual el Ejército no sea el eterno repudiado. Para eso deben
diferenciarse efectivamente de los viejos generales gorilas.
La no comprensión de esta situación, de la movida audaz e
innovadora concretada por el presidente, conlleva a la realización
de acciones profundamente erróneas como la generada por Quebracho,
que sólo contribuye a prefigurar un nuevo emblocamiento entre
generales gorilas y nuevos cuadros militares; es decir, tiende a
la desarticulación del accionar oficial y a ofrecer la
argumentación que necesita el conservadurismo antinacional y
antipopular para retomar la amalgama más nefasta de nuestra
historia política.
En este momento hay tres sectores que combaten firmemente este
avance político popular innegable, con futuras derivaciones en el
plano económico: el poder concentrado, que está empezando a perder
un bastión insustituible, la izquierda tradicional -que radicaliza
su discurso antimilitar, también, por no haber participado
hondamente en las luchas antidictatoriales-y los segmentos cívicos
promilitares -que suelen pretender una economía nacionalista
llevada adelante por militares liberales-caracterizados
limpiamente por Arturo Jauretche como pelotudos.
El primero de ellos, al controlar buena parte de la economía
nacional y casi todos los medios de comunicación de vasto alcance,
es el que tiene en sus manos la posibilidad de deteriorar la
esperanza nacional y sumir al país en un nuevo y brutal ajuste
continuo asentado en la reconstitución de un generalato
reaccionario. Los otros dos, pueden operar involuntariamente como
complemento propagandístico destinado a prestigiar las añejas
políticas oligárquicas en zonas reacias a admitir la corrección de
las iniciativas oficiales.
https://www.alainet.org/es/active/6420?language=en
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