Paraguay

Jueza suspende audiencia de Curuguaty y así reconoce tácitamente que fue un error empezarla

Base Is

03/06/2013

Opinión

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La magistrada arrancó la instancia ayer sin esperar que se resuelva un fallo de la etapa anterior. Ahora, al encontrarse empantanada, decidió levantarla hasta tener la pieza que le falta.

“Tomando en consideración el planteamiento de la defensa y atendiendo el allanamiento de la fiscalía, este juzgado -a fin de evitar nulidades posteriores- y para salvaguardar el debido proceso: decide suspender este acto, hasta que sean subsanados y contestados los recursos...”. Con estas palabras la jueza Yanine Ríos dispersó hoy la audiencia del controversial caso Curuguaty hasta fecha indefinida.

Fue tras la insistencia de los abogados de los 11 campesinos y campesinas imputados, Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, que vienen señalándole esta incoherencia procesal desde hace unas semanas. Y tras la recomendación del fiscal Jalil Rachid, que planteó también que “al haber una apelación pendiente (…) la audiencia no puede llevarse a cabo”.

Aunque para él y la Fiscalía, a diferencia de los abogados, el fallo que falta amenaza las meras formalidades procesales del caso y no el fondo de la acusación.

El veredicto que se espera

La resolución faltante es la que tiene que emitir una Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este. Ésta tiene que definir si la audiencia preliminar de la jueza Ríos puede seguir sin antes aclarar a quién pertenecen las tierras de Marina Cue o tiene que esperar para proseguir.

Esto segundo, a quién pertenecen las tierras, está por definirse en otro juicio civil en la Corte Suprema, que podría decir que Marina Cue no es de los Riquelme. De pasar esto, quedaría sin sentido una de las acusaciones del fiscal Rachid contra los campesinos, la de invasión de inmueble ajeno. En ese sentido, lo pendiente sí está vinculado a la cuestión de fondo.

Veamos de quién es la tierra, después sigamos

Justamente el anterior intento de arrancar con la audiencia preliminar, en la ciudad de Coronel Oviedo, se pospuso por un incidente de pre-judicialidad planteado por Morales y Ferreiro, quienes pidieron a la jueza aclarar primero la titularidad de aquellas tierras para después continuar.

La magistrada decidió que no hacía falta, a lo que los dos abogados apelaron, hasta que esta apelación llegó a la Cámara de Ciudad del Este, de donde aún no salió una resolución.

¿Cómo quedan los sobreseídos?

Ayer lunes el fiscal Rachid pidió el sobreseimiento de tres de los imputados, Juan Alfredo Caballero, Marcelo Trinidad y Miguel Ángel Correa, que fueron detenidos en el hospital de Curuguaty cuando buscaban a familiares y conocidos el día de la masacre.

Sin embargo, la policía local, por el hecho de preguntar, los detuvo y sometió a agresiones y hasta torturas, haciendo constar en sus actas que fueron apresados en el escenario de la matanza, explicó el defensor de dos de ellos, Joaquín Díaz.

Basados en el informe policial, la fiscala Ninfa Aguilar y el juez José Dolores Benítez, desoyeron a testigos y testimonios en favor de los detenidos y se empeñaron a enviarlos a la cárcel. Finalmente, cuando ya era insostenible seguir con más arbitrariedades, gracias un video de un medio de comunicación que mostraba la detención en el hospital, el juez los puso en libertad.

La situación jurídica en que quedan estos tres imputados se estudiará también una vez retomada la audiencia preliminar.

Sinsentidos

La audiencia de estos dos días nos sirve para entrever insumos con los que hacer un análisis crítico del caso. Podemos empezar diciendo que la torpe dinámica y las indecisiones de la jueza refuerzan las sospechas de que este caso está definido por elementos extra-jurídicos, pero que ciertos actores tienen la tarea final de darle una fachada jurídica.

Los fiscales Jalil Rachid, Juliana Giménez y Francisco Ayala, si bien son los encargados de investigar qué pasó en Curuguaty, a simple vista muestran una parcialidad manifiesta y se enfrascan en la tarea de probar que toda la culpa la tuvieron los campesinos y campesinas. De esta manera siguen una hipótesis de antemano definida por la clase hegemónica y anticampesina que utilizó la masacre para sustentar un golpe de Estado.

En ese mismo terreno, es inconcebible que los fiscales no hayan investigado los antecedentes de las tierras, el actuar de la familia Riquelme y especialmente de la policía. En el caso de esta última, inclusive a pesar de denuncias documentadas de abusos, extralimitaciones, torturas, ejecuciones, omisión de auxilio y otros abusos a los derechos elementales.

El caso de los tres imputados a punto de ser sobreseídos estuvo plagado de irregularidades y arbitrariedades de parte de policías, funcionarios fiscales, fiscalas y jueces (todo el circuito), y que no pararon hasta que un medio de comunicación mostró un video que les amparaba.

Hoy el propio Rachid dice que son inocentes y pide que se los desvincule del caso. En el caso de los 11 imputados restantes es lo mismo, fueron y están siendo víctimas de arbitrariedades y abusos de autoridad de todo el circuito policial-fiscal-jurídico y mediático, pero por sobre todo de la angurria de ciertos sectores políticos.

El punto nos sirve para conocer a cabalidad cómo actúan las autoridades policiales, fiscales y judiciales cuando se trata de sectores desprotegidos.

Por último, en estos días de proceso salta al rostro una aberración olímpica, que no puede pasar desapercibida: la suspensión de esta audiencia preliminar está vinculada a la indefinición de la titularidad de la tierra de Marina Cue.

¿Cómo es que una misma Justicia (un juez) da por hecho que la tierra pertenece a Riquelme aún sin ver los títulos, ordena un desalojo ilegal que termina con 17 masacrados y que tumba a un presidente de la República, a pesar de que otra instancia de ella (la Corte Suprema) hace años tiene pendiente definir a quién pertenece la tierra?

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