A la violencia desatada contra las ocupaciones de tierras improductivas en Brasil no se le ha asignado "intensidad", pero su cronología da cuenta de una guerra declarada, cuyas características apelan a reflexionar sobre las condiciones bajo las cuales la palabra guerra se vuelve objeto de notificación. Para desalojar a los/as sin tierra de los asentamientos, los pistoleros usan armas de grueso calibre, hay presencia de tanques y helicópteros, suenan disparos, se lanzan bombas lacrimógenas, hay vejaciones, violaciones, deportaciones masivas, muertos y heridos. Las barracas y pertenencias de los/as campesinos son quemadas, robadas o destruidas y, como si eso fuera poco, la mayoría de veces son los/as agredidos quienes terminan tras las rejas. Asimismo, aunque el artículo 172 del Código de Procesamiento Civil de Brasil prohíbe los desalojos antes de las 6 de la mañana, éstos casi siempre se realizan durante la madrugada y por lo general carecen de mandato judicial. Según el Jornal do Brasil (19/03/99), los hacendados han llegado hasta a anunciar la utilización de minas terrestres contra las ocupaciones de tierras improductivas, que en los últimos dos años, en razón del incremento del desempleo, se han multiplicado. Hoy existen más de 10 mil familias acampadas, tan sólo en el región del nordeste 1.134 familias acampadas esperan su asentamiento. En algunos desalojos interviene directamente la policía militar y civil, en otros existen sospechas fundamentadas de que algunos de los pistoleros, pagados por los hacendados, son policías; no obstante, el uso invariable de máscaras hace imposible reconocerlos. En todo caso, su presunta neutralidad frente a la acción de los pistoleros se convierte en colaboración, pues no impiden las acciones violentas ni arrestan a los responsables. La segunda semana de mayo, Querencia do Norte, en Paraná, actualmente en estado de sitio, fue escenario del "montaje de un operativo de guerra contra los trabajadores sin tierra, con la movilización de más de dos mil policías, tanques, perros entrenados para atacar a multitudes, helicópteros, grupos anti-secuestro y anti-guerrilla, más de cien camiones, más de 30 autobuses, tropas de choque, bombas lacrimógenas, etc. Este tipo de mega operativos no son aislados, en el Municipio de Mariluz, también en Paraná, "aproximadamente 700 miembros de la policía militar realizaron un desalojo durante la madrugada (07/98), los policías destruyeron todas las pertenencias de los trabajadores y robaron el poco dinero que encontraron. La policía utilizó 15 autobuses para llevar a los trabajadores hasta la frontera con Paraguay, donde fueron abandonados apenas con la ropa que llevaban y sin alimentos, muchas familias fueron desmembradas". En los últimos acontecimientos represivos en Paraná se habla incluso de limpieza étnica. Estos ejemplos ilustran la magnitud de los desalojos, pues en cualquier parte del mundo 2.000 militares con tanques, helicópteros y demás implementos, son un ejército actuante, y los desplazamientos forzados son condenados por la legislación humanitaria internacional, como lo son los allanamientos, la tortura y encarcelamientos sin mandato judicial. No obstante, el caso de la guerra contra los/as sin tierra no ha sido aún objeto de condena ni de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ni de aquella de la OEA y, mientras los expedientes sobre estas agresiones se apolillan en los archivos de los juzgados locales, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso es considerado autoridad en temas de derechos humanos. En Paraná, uno de los Estados más afectados por la represión, días después de un desalojo realizado por la policía militar, el propio secretario de seguridad Cándido Martins de Oliveira, declaró a la prensa que había pedido moderación y que "los policías sólo debían haber disparado a las piernas", pero hubo heridos y muertos. Guerra contra el Movimiento Sin Tierra Las indagaciones sobre la violencia son rápidamente archivadas o reposan como pendientes en las gavetas, la impunidad reina y más bien se han hecho públicas listas de líderes del Movimiento Sin Tierra -MST- marcados para morir. El caso del equivocado asesinato de Eduardo Anguinoni (03/99), dedicado a su hermano Celso Anguinoni, miembro de la Dirección Nacional del MST, cuyo nombre figura en dichas listas, puso en evidencia que en Paraná la persecución contra los líderes ya no se agazapa más. El pasado 5 de abril, el coordinador regional del MST Seno Staat, fue secuestrado y torturado durante 5 horas en el Municipio de San Francisco Beltrao (Paraná). En ese lapso, "unos 10 torturadores, contratados por la maderera Santana, insistieron en que si el MST no para de ocupar haciendas, él y una lista de personas claramente mencionadas iban a morir. Seno Staat, sufrió quemaduras en los brazos, ahogamiento, estrangulamiento, golpes en todo el cuerpo, golpe del vacío y, en todo momento, permaneció con un revolver apuntando hacia su cabeza, con la amenaza de apretar el gatillo en cualquier rato". Celso Anguinoni y Seno Staat, vienen sufriendo amenazas de muerte y sus vidas corren peligro, ellos figuran en una lista de marcados para morir atribuida a la organización derechista UDR, donde están también Jaime Calegari, Ademir Dalazen, Antonio Arrepiado, Claimar Jairo Zatta, Delfino Becker, Pedro Cabral, Julir das Chagas Martins y otros líderes del MST. Por su parte las autoridades, que en muchos casos han sido advertidas sobre las amenazas y el peligro de la violencia, mantienen una aparente "neutralidad". "Celso Anguinoni participó a la audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (12-02-98), donde denunció la situación de violencia en el noreste de Paraná y advirtió que los miembros del MST, incluso él, estaban sufriendo amenazas de muerte. Y que, además, era de conocimiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la referida lista de personas amenazadas por la UDR y, no obstante, nada se hizo para evitar el episodio que culminó en el asesinato de Eduardo", señala un comunicado del MST. La guerra económica Mientras el Movimiento Sin Tierra ha sido reconocido con significativas preseas internacionales por su proyecto colectivo de desarrollo sustentable y sus acciones efectivas de lucha contra la pobreza, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso se ha empeñado en desmantelarlo a través de la puesta en aplicación de mecanismos económicos, encaminados a dar soluciones individuales a algunos casos. La estrategia de aplicación de estos mecanismos comprende cuatro puntos principales: substituir la expropiación de latifundios por la venta de tierras, facilitada por préstamos de poca cuantía otorgados por el Banco de la Tierra, un programa conjunto del gobierno brasileño y el Banco Mundial; desmantelar el Instituto Nacional de Reforma Agraria -INCRA- y transferir la responsabilidad a los gobiernos estatales; acabar con los créditos y subsidios del Estado para los pobres; e introducir una nueva política de desarrollo para los asentamientos, a través de la cual por el otorgamiento de unos 1.800 dólares por familia, éstas se hagan individualmente responsables de la contratación de empresas de topografía, construcción de carreteras y casas. En síntesis, el gobierno está descomprometiendo al Estado de su responsabilidad en lo relativo a la reforma agraria y transfiriendo al mercado el futuro de los millones de sin tierra del país. La posibilidad individual de acceder a los créditos del Banco de la Tierra es vista como una estrategia para disminuir las posibilidades de acción colectiva, autonomía y proyecto común, propuesta por el MST. La guerra ideológica Mientras las movilizaciones del MST han ido ganando simpatía y legitimidad en la opinión pública brasileña, el gobierno ha desatado grandes campañas mediáticas de propaganda para restar importancia a su enfoque colectivo y ponderar el modernismo del enfoque mercantil. La propuesta de la salida económica para comprar la tierra, al precio que los latifundistas impongan, endeudando de por vida a los sin tierra, es presentada como una solución a las ocupaciones de tierra, cuya lógica interpone una solución mercantil a la idea de co-responsabilidad social y desarrollo colectivo inherente a los asentamientos. También se verifica, particularmente en los recientes hechos acontecidos en Paraná, una suerte de lineamientos para la información que se difunde y hasta se habla de restricciones a la libertad de prensa. La intensidad de los derechos humanos El silencio sobre la correlación y complicidad entre las acciones del gobierno y aquellas de los latifundistas, que han llevado a una agudización de las violaciones de los derechos humanos de los sin tierra en Brasil, interpelan a la comunidad internacional en varios sentidos, entre ellos el de actuar inmediatamente para que el gobierno de ese país garantice la vida y la integridad de los trabajadores rurales sin tierra y de sus líderes; como también actuar para que cesen la impunidad y la violencia, los desplazamientos forzados, los desalojos, las violaciones y encarcelamientos ilegales. Más aún, sería de esperar que las Comisiones de Derechos Humanos de la ONU y la OEA, llamen la atención del gobierno brasileño tanto sobre la persistencia y magnitud de la violencia como sobre la impunidad reinante. La propia existencia de los sin tierra es un producto de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, en un país que tiene el premio de ubicarse entre los de mayor concentración de la riqueza y más amplia magnitud de la pobreza, cuyas soluciones pasan por el desarrollo de una propuesta de sociedad que respete todos los derechos humanos: universales e indivisibles. RECUADRO 1 Persecución Política y étnica Comisión Pastoral de la Tierra y MST Un ejemplo de las acciones practicadas por la policía es lo ocurrido en la hacienda Bandeirantes, donde el comandante del operativo, teniente Geraldes, del Grupo de Operaciones Especiales de Paranavaí, vociferaba y difamaba a los trabajadores, pateaba a los niños y las mujeres semi-desnudas para que se apresurasen en desocupar el área, llamándolas de vagabundas, marginales y otras palabras crueles. Habiendo asumido personalmente la tarea de destrucción de las barracas, dicho teniente conducia un tractor sobre los escombros y pobres pertenencias de los trabajadores acampados; eso revela el nivel de agresividad y violencia contra los sin tierra, a la cual no hay como responder, sino con la memoria indeleble que esa niñez cargará para el resto de sus vidas, sobre la infamia y la violencia de sus torturadores: acostados, semi-desnudos, con la cara contra el suelo, desde las 3 hasta las 7 de la madrugada, bajo el frío y las amenazas, esas niñas/os experimentaron temprano la fase más perversa de la miseria y la exclusión social de este país. Por otro lado, como si no bastase la persecución política, los trabajadores son víctimas de persecución étnica. Durante la operación de desalojo, los policías exigían que las familias revelaran su localidad de origen, para proceder inmediatamente a la deportación y limpieza étnica. Muchas de esas familias fueron expatriadas para Paraguay en años anteriores, de allí nuevamente empujadas hacia Brasil y ahora aquí son tratadas como indeseables, bandidos y subversivos del orden. El mismo sistema que los expulsó en el pasado, quema ahora sus barracas y los quiere deportar nuevamente hacia donde ya no tienen condiciones de volver. RECUADRO 2 Informe de Dom Tomás Balduino, Obispo Presidente de la Pastoral de la Tierra Por invitación de la Comisión Pastoral de la Tierra de Paraná, visité hoy a los 7 labradores presos en el penal de Ponta Grossa. Conmigo estaban el Obispo Diocesano, Dom José Aviz, el Prof. Plinio Arruda Sampaio y el Dr. Darci Frigo. Los presos nos refirieron el siguiente relato: cuando aún estaban en el área de donde fueron desalojados todos sufrieron torturas psicológicas, con amenazas de muerte por parte de los policías. Dos labradores mientras permanecían esposados fueron sometidos a las siguientes torturas: pisotones de los soldados, ahogamientos en los abrevaderos de ganado, intentos de ahorcamiento con una cuerda, amenaza de violación con un pedazo de caña estando ellos completamente desnudos, fueron obligados a comer estiércol de ganado. Dijeron que pueden reconocer a los policías que los torturaron. En la cárcel, hasta hoy no consiguieron contactar a sus familiares, permanecen con la misma ropa, no han logrado obtener una visita médica, y uno de ellos viene padeciendo de sangrados de la nariz. Luego de nuestras averiguaciones supimos que el capataz de la hacienda no ha sido detenido. Ellos estaban todos sentados en el suelo, se trataba de una persecución contra los líderes. Observaciones Nos causó espanto y estupor, las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo hoy en el Estado de Paraná, las violaciones cometidas por los órganos de seguridad, son un claro retroceso hacia los umbrales de la dictadura militar. Se añade a este clima odioso, la noticia de hoy sobre la mega campaña de guerra policial desencadenada, con la mitad del efectivo militar, contra los acampamentos de los labradores sin tierra, es de temer las consecuencias futuras, pues el aparato policial o se considera autónomo para actuar o está respaldado por la policía más reaccionaria y cruel. Curitiba, 06 de mayo de 1999