Puerto Rico

Con el viento en contra

Jesús Dávila

05/06/2013

Opinión

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La revisión del caso colonial de Puerto Rico por parte el Congreso de Estados Unidos y las Naciones Unidas se topa este año con un marcado deterioro en las capacidades de la institucionalidad política isleña, la impaciencia de Wall Street y reclamos espinosos como el de excarcelar una figura famosa de la lucha armada, que ha estado en prisión más de treinta años.

Mientras tanto, los intentos de sectores anexionistas para descarrilar las posiciones patrióticas de la Iglesia Católica se encallaron los cortantes arrecifes del Vaticano, que no encontró causa alguna para destituir al arzobispo metropolitano Roberto González Nieves, ni para proscribir el “Altar de la Patria” erigido en la catedral de San Juan, donde serán enterrados los restos de un prócer del siglo XIX reconocido como uno de los fundadores del reconocimiento a la nación puertorriqueña.

De igual forma, los sectores de derecha anexionista sufrieron el revés, fuertemente simbólico, del repudio sonoro de miles de estudiantes, profesores y padres en los actos de graduación del principal recinto de la Universidad de Puerto Rico, que se ha ido consolidando como uno de los principales focos de resistencia social. En ese caso, sin embargo, compartieron la desdicha con el oficialismo autonomista, por el rechazo de la comunidad universitaria de todo intervencionismo político.

De hecho, las principales dificultades son para la jefatura actual del gobierno en su intento por mantener a flote el régimen autonómico denominado Estado Libre Asociado y aunque en el plebiscito de noviembre pasado la anexión como estado de EEUU fue escogida por sólo el 45 por ciento de los votantes, el ELA obtuvo el rechazo del 54 por ciento.

El deterioro de la institucionalidad política autonomista, que a mediados del siglo pasado gozaba de gran prestigio, se ha ido manifestando en una incapacidad creciente para manejar los instrumentos del gobierno mediante la ley.

Esa incapacidad presentó una muestra grave las pasadas semanas con la aprobación de una ley contra el discrimen laboral por orientación sexual. El proceso para su aprobación fue tan defectuoso que quedará en manos de los tribunales decidir en su día sobre la validez o nulidad del estatuto.

El problema fue que la propuesta enfrentó con enconó a sectores liberales y de izquierda con las derechas y los más conservadores en un intercambio cada vez más vitriólico, ante lo cual se negociaron enmiendas que convertían el estatuto en uno de cumplimiento voluntario por los patronos. Cuando la prensa levantó la voz de alerta, la enmienda más controversial fue retirada en la Cámara, pero el documento corregido no llegó a tiempo al Senado, que concurrió con una versión ya obsoleta del proyecto de ley, según consta en documentos obtenidos por NCM Noticias.

Aún así, los presidentes de las cámaras llevaron al Palacio de Santa Catalina la versión de la Cámara, que fue firmada con rapidez por el Gobernador, Alejandro García Padilla, aliviado al pensar que había dejado atrás el molesto asunto.

Al menos a corto plazo, la magia de la prensa de tendencia oficialista y el entusiasmo de defensores de los derechos humanos han prevenido que los problemas procesales del estatuto lleguen a la discusión pública.

Todavía menos conocido, pero con más potencial de daño, es el caso del presunto desmantelamiento de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, un ente de dudosa legalidad que cuenta con armas y acceso a todos los expedientes confidenciales de salud para investigar desde alteraciones en productos de belleza hasta terrorismo. Luego de casi seis meses, se informó el desmantelamiento de la controversial oficina y que se dispondría de su arsenal, pero tras semanas de respuestas evasivas, el Gobierno admitió que la orden administrativa para su cierre sencillamente no ha sido emitida.

Lo que el país sí conoce es que el déficit presupuestario del Estado está cada vez más grave y en cuestión de semanas hay que encontrar fuentes confiables para recaudar más de 4.200 millones de dólares sobre lo que actualmente recibe el erario, o de lo contrario, el gobierno podría quedar en la insolvencia. A eso, las cámaras legislativas y el Ejecutivo se dedican a debatir múltiples alternativas de impuestos nuevos y está planteado también reducir el presupuesto público, a la vez que el gobierno ensaya fórmulas sofisticadas para reducir o al menos aliviar las tarifas por servicios.

“Esto es como desvestir un santo para vestir otro”, dijo un analista de Wall Street al semanario Caribbean Business, portavoz coherente de la comunidad financiera. En el artículo, firmado por el veterano reportero John Marino en la edición de esta semana, analistas de varias entidades de Wall Street advierten que si el gobierno de Puerto Rico no logra un consenso rápido para recaudar al menos dos mil millones de dólares adicionales, ni ajusta tarifas por servicios públicos y tampoco produce un presupuesto más modesto, los bonos de este país podrían degradarse al nivel conocido como basura –o chatarra- lo que ahondaría la crisis.

Como si no fuese suficiente, ya ha logrado apoyo en todos los sectores el reclamo por la excarcelación del patriota Oscar López Rivera, convicto hace décadas de conspiración sediciosa por el vínculo que se le imputó con las Fueras Armadas de Liberación Nacional (FALN), que operaron principalmente en Nueva York y Chicago. López Rivera, que nunca fue objeto de acusaciones específicas por las operaciones y las bombas de las FALN, lleva 32 años encarcelado y al preguntársele al Gobernador, Alejandro García Padilla, quien busca acercamientos con Latinoamérica, contestó que no coincide con que “ya es tiempo” de excarcelar a López Rivera, sino que se debió hacer “hace tiempo”.

Así las cosas, García Padilla tiene pautadas la semana próxima consultas en el Departamento de Justicia en Washington y, probablemente, en la Casa Blanca. Fuentes gubernamentales dijeron que podría estar en la agenda la posible excarcelación del prisionero puertorriqueño y qué hacer sobre las audiencias en el Senado federal y el Comité de Descolonización de la ONU.

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