En poco más de dos años el Registro Nacional de Armas (Renar) vio crecer el número de personas armadas en casi un 30%. Según informó en una nota especial el diario "La Nación", en abril de 1999 se contabilizaron en el Renar alrededor de 200 mil personas más con armas en su poder que en marzo de 1997. En ese período la cantidad de armas en manos de la población pasó de 1'446.145 a 1'747.791. El 60% de las armas particulares están en manos de usuarios individuales, de los cuales el 15 % son mujeres. Un 75,6% de estas armas han sido registradas para el uso civil y el resto para lo que se denomina "uso civil condicional", que significa el tiro deportivo, la caza y la defensa personal individualmente considerada, con exclusión del armamento militar. En el mismo período, las empresas de seguridad privada aumentaron sus agentes de 60 a 80 mil, incrementándose notablemente la presencia de guardias privados en las puertas de los negocios, restaurantes, supermercados y la vigilancia en los barrios de clase media y alta. Las armas más requeridas por los argentinos son las pistolas semiautomáticas de 9 milímetros y calibre 22 y los revólveres de acción doble de calibre 32 y 38. Un 60% de los usuarios ha registrado armas de este tipo, mientras que otro 35% tiene en sus manos escopetas tiro a tiro o de repetición, o carabinas semiautomáticas calibre 22. Las agencias de seguridad tienen registrada un 10,5% de las armas que figuran en el banco de datos del Renar, mientras que los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad son los dueños del 25% de las armas de uso civil registradas. Este salto importante en la cantidad de armas legalmente registradas, que seguramente esconde un importante mercado negro, se atribuye principalmente al auge de la delincuencia en las grandes ciudades argentinas, en especial en la ciudad de Buenos Aires y el cono urbano, que habitan alrededor de 12 millones de personas. Si bien las estadísticas de arrebatos y pequeños hurtos pueden dar cifras similares a las de cualquier urbe del mundo, el asalto violento, con uso de armas de fuego y su secuela de heridos y muertos ya es un hecho corriente en un área metropolitana que hasta no hace mucho tiempo atrás se creía libre de este tipo de violencia delictiva. El clima de inseguridad que viven los habitantes de Buenos Aires y sus alrededores se ve refrendado por las cifras. Desde 1995, la cantidad de robos y hurtos se duplicó en esta región, pasando de 482 mil a 960 mil por año. En 1998, el 53% de la población sufrió algún tipo de robo o asalto y el perjuicio económico llegó a 473 dólares por hogar. Además, aumentaron los robos a mano armada del 9 al 13%. El aumento de la población carcelaria también es evidente y preocupa que el 77% de los reclusos sean "primerizos", la mayoría de ellos muy jóvenes. Mientras tanto, siguen investigándose casos de corrupción policial y decenas de policías de la provincia de Buenos Aires han sido exonerados en los últimos meses por hallarse involucrados en distintos tipos de delitos, entre ellos la prostitución, el tráfico de drogas, la venta ilegal de armas y el maltrato a los detenidos en las comisarías. Mal equipada, mal entrenada y con delincuentes en sus propias filas, las fuerzas de seguridad poco pueden hacer ante bandas cada vez mejor armadas y organizadas, algunas de ellas integradas por ex agentes que conocen al dedillo las falencias de la fuerza. Por otro lado, el ajuste estructural aplicado en Argentina a partir de 1991 por el gobierno de Carlos Menem y sus ministros de Economía, Domingo Cavallo y Roque Fernández, dejó sin fondos suficientes al Estado, que en poco tiempo se vio impedido de invertir adecuadamente en sus funciones fundamentales, entre ellas la seguridad pública. La falta de inversiones en capacitación para la prevención del delito y en tecnologías que permitieran realizar una vigilancia efectiva en las ciudades ha creado un vacío que aprovecha la delincuencia. Pero también el ajuste estructural ha generado una caída en los salarios del 80% de la población y un alto índice de desempleo, que en los jóvenes entre 16 y 21 años llega al 40%. También es alto el índice de deserción escolar en la escuela secundaria, que alcanza en la actualidad al 17,9%. Son cada vez más los jóvenes que quedan así excluidos del mercado laboral y de las posibilidades de alcanzar un nivel de vida digno en el futuro inmediato. Lamentablemente, un porcentaje de ellos ingresa fácilmente a los círculos delictivos, atraídos por la obtención inmediata de buenos ingresos. Como en Argentina los menores de 16 años son considerados inimputables, aunque cometan un delito grave, muchas bandas de delincuentes adultos "contratan" a jovencitos y hasta a niños para que lleven a cabo los robos y hurtos. Es común que estos menores utilicen estupefacientes para "animarse" y esto resulta muchas veces en acciones violentas contra las víctimas de los delitos, que muchas veces son agredidas a los balazos o a puñaladas aunque no hayan ofrecido resistencia al robo. Algunos sociólogos ya están hablando de la existencia de una "guerra social" en Argentina, que se refleja en la violencia de los actos delictivos. Consideran que la desesperación ante el hambre y la miseria y la exclusión social provocan que decenas de jóvenes sientan que sus vidas no valen nada y que, por lo tanto, no tienen por qué valorar la vida de los demás. Otros hablan de "filicidio", ya que se ha instaurado en la sociedad el miedo y la condena a priori de los jóvenes pobres y marginados cuya sola presencia en las calles ya es considerada peligrosa. Según Atilio Alvarez, quien fue secretario del Menor y la Familia del actual gobierno, el número de jovencitos involucrados en el delito sigue siendo el mismo. Apenas alcanza al 1,67% de los delincuentes, siguiendo la tendencia histórica. Alvarez no niega que esos jóvenes sean ahora más violentos, pero se pregunta por qué nadie hace énfasis en el casi 99% restante, que son adultos con larga experiencia en el campo del delito y que cuentan cada vez con armamentos más sofisticados e incluso sistemas de comunicación que ni tiene la propia policía. Mientras tanto, el gobierno de Carlos Menem se hace eco de los reclamos de "mano dura" y ha decidido convocar a la prefectura y a la gendarmería para colaborar con la policía en la lucha contra la delincuencia. Los partidos de oposición integrantes de la Alianza UCR-Frepaso también adhirieron al discurso de "mano dura", aunque hicieron la salvedad de que deben aplicarse medidas preventivas, entre ellas el trabajo concreto a favor de los niños y adolescentes de zonas marginadas para que vean satisfechas sus necesidades básicas y reciban la educación necesaria que les permita tener un futuro mejor, previniendo así su ingreso a la delincuencia. También están los que hablan de la posible aparición de "escuadrones de la muerte", capaces de hacer justicia por mano propia siguiendo el ejemplo de los tristemente célebres escuadrones brasileños. Pero por ahora, el ciudadano común se ve obligado a sacar dinero de su propio bolsillo para pagar seguridad privada, enrejar sus casas, poner alarmas en sus autos y comprar armas para su defensa personal. La sospecha y el temor que se han instaurado en los barrios no hacen más que continuar resquebrajando los lazos sociales y el tejido solidario, haciendo que el individualismo y el "sálvese quien pueda" continúen ganando espacio en una sociedad sacudida por su rápido empobrecimiento y el aumento de la brecha entre ricos y pobres.