Ecuador vivió un mes de marzo convulsionado. Los diversos factores de la conflictividad social salieron a flote y el país se paralizó por más de dos semanas. Por la presión social, el régimen del presidente Jamail Mahuad se vio forzado a moderar los términos de un severo paquete económico que pretendía imponer para cerrar la brecha fiscal. Tras la tormenta no ha llegado la calma, cuanto que una tensa espera y con un nuevo ingrediente, el tema de las autonomías regionales. La primera semana de marzo inició con la novedad de la quiebra de un nuevo banco, el Occidente. A día seguido, tras el anuncio de la flotación, el dólar se disparó de 10 mil sucres a 15 mil y en horas a 18 mil. En medio de este nerviosismo, los almacenes comenzaron a facturar en dólares, al tiempo que las autoridades monetarias evacuaban la reserva internacional para sostener la moneda. Debido a la convocatoria a un paro nacional para el 10 y 11 de marzo, impulsada por los movimientos sociales, en rechazo a la orientación neoliberal del régimen, era un sentir generalizado que la segunda semana de marzo sería conflictiva, pero lo que nadie imaginó es que el propio gobierno se encargaría de meterle más leña al fuego: para iniciar la semana impuso un feriado bancario de dos días, luego decretó un feriado general y el estado de emergencia como respuesta al paro, y cerró la faena con un paquetazo. El divorcio entre el país real y las prioridades macroeconómicas del régimen había quedado registrado hasta la saciedad. En siete meses de gestión, el gobierno ha demostrado que sus prioridades económicas se concentran en salvar a una banca descalabrada y pagar puntualmente los compromisos de la deuda externa para calificar a nuevos préstamos internacionales; todo esto tratando a la vez de establecer un equilibrio fiscal con medidas de ajuste. Es así que mientras con los banqueros en dificultades se ha mostrado muy generoso,al entregarles recursos por más de mil millones de dólares, con la población ha sido inflexible, al exigirle mayores sacrificios para pagar la factura; proceder que ha desencadenado una indignación generalizada. El paro nacional Para exigir al gobierno un cambio de rumbo, el Frente Patriótico convocó al "paro nacional contra el neoliberalismo" para los días 10 y 11 de marzo. Este frente, que agrupa a los diversos movimientos sociales, había protagonizado ya una movilización nacional el 5 de febrero, sin que sus planteamientos fueran tomados en cuenta por el régimen. Al contrario, días después éste puso a consideración del congreso un proyecto de "reordenamiento de las finanzas públicas" que contemplaba mayores impuestos, congelación de salarios, nuevos despidos en la función pública y medidas para acelerar las privatizaciones. Para Mahuad, en el plano político, su mayor -cuando no única- preocupación ha sido mantener la mayoría parlamentaria en alianza con el derechista Partido Social Cristiano (PSC), conocida popularmente como "aplanadora", excluyendo a la oposición y a la sociedad. Por tal razón, durante el paro se instaló un Congreso Popular en el que confluyeron los movimientos sociales y los partidos de centro e izquierda, para sentar las bases de un "Acuerdo Nacional" que permita enfrentar la crisis y "dar paso a un proceso de transformaciones profundas de las actuales estructuras socioeconómicas y políticas". Entre los planteamientos formulados para "reducir la inflación y simultáneamente reactivar el aparato productivo, sobre bases de equidad y sustentabilidad", el congreso popular propuso la suspensión temporal del servicio de la deuda externa, la racionalización del gasto público con la sucretización de todos los sueldos de los funcionarios públicos, la aplicación de un tipo de cambio controlado, la restitución del impuesto a la renta y a la eliminación de las exenciones del IVA, salvo en el caso de alimentos y medicinas. El paquetazo Como ya sucedió cuando la movilización popular del 5 febrero, en esta ocasión también el régimen decretó feriado para diluir la protesta, pero además decretó el estado de emergencia. En la noche del jueves 11, cuando el presidente anunció severas medidas económicas, se pudo entender el porqué de tal decreto: le permitía al gobierno enviar un paquete de proyectos al Congreso sin someterse al trámite regular. Si ya con el feriado bancario (adoptado para salvar a un influyente banco quebrado) el gobierno se había encargado de enrarecer aún más el ambiente de incertidumbre, al punto que la propia Asociación de Bancos cuestionó la disposición, tras el anuncio de las medidas económicas el desconcierto se tornó total. Y es que, entre otras, ellas contemplaban un incremento del precio de las gasolinas del l65% y la incautación por un año del 50% de las cuentas corrientes y de ahorros y del total de las colocaciones a plazos fijos. Al día siguiente los productos de primera necesidad se dispararon. Un acuerdo frágil El lunes 15 amaneció con las principales ciudades del país paralizadas por el bloqueo de calles efectuado por los taxistas en demanda de la derogatoria del incremento del precio de los combustibles. En el curso del día las diversas fuerzas políticas y sociales exigieron la suspensión del estado de emergencia y la revocatoria de las medidas, y en la noche el PSC dio a conocer que pasaba a la oposición. Mahuad se había quedado solo. Tras dos semanas de parálisis, el viernes 19 las actividades se reactivaron a medias luego que el presidente Mahuad, arrinconado por la presión popular, decidío reducir el incremento al precio de los combustibles y suspender el estado de emergencia establecidos hace una semana, sobre la base de un frágil acuerdo con los partidos de centro-izquierda e izquierda para sortear el crítico momento. El acuerdo contempla diez medidas orientadas a financiar el presupuesto, entre ellas: la eliminación de las exenciones al IVA (la propuesta oficial apuntaba a un incremento del 50%), el restablecimiento del impuesto a la renta diferenciado, impuestos del 1% al patrimonio de las empresas, del 2% a los vehículos de lujo y del 3% a las utilidades bancarias. Este giro del presidente Mahuad a considerar otras opciones que no sean las del derechista Partido Social Cristiano (PSC), se debe tanto a que éste le dejó colgado en los momentos críticos, como también a que otro de los mensajes de la protesta popular fue la exigencia que el mandatario se abra al resto de fuerzas políticas y sociales. La escasa credibilidad del gobierno, sin embargo, hizo que diversas organizaciones mantengan la movilización hasta alcanzar compromisos firmes. Tal el caso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que sólo lenvantó la medida de hecho cuando Mahuad suscribió un acuerdo de 11 puntos específicos para los pueblos originarios; como también de los maestros que se encontraban en huelga indefinida por la negativa del régimen a reconocer un incremento salarial aprobado por el congreso. El "levantamiento" de Guayaquil El lunes 22 el escenario del conflicto se desplazó a Guayaquil, la ciudad-puerto con mayor población del país, bajo la forma más insólita: el poderoso dueño del Banco del Progreso -el mismo que había originado el feriado bancario- decidió cerrar sus puertas echándole la culpa al centralismo y a la banca quiteña y logró que una multitud enardecida se vuelque a las calles para defender al banco de su ciudad, al tono de las arengas lanzadas desde un canal de televisión de su propiedad. En medio de ese "fervor cívico" saltó sobre la mesa el conflicto regional, con pronunciamientos que incluso invocaban a luchar por la "independencia de Guayaquil" y la consiguiente balcanización del Ecuador. En los días posteriores ha ido quedando en claro que los problemas de ese banco -al igual que de los demás en similar situación- responden básicamente a malos manejos por la concentración de crédito en empresas relacionadas con sus dueños y que la "guerra bancaria" es a muerte. Pero además, el "levantamiento" de Guayaquil le permitió al PSC afirmarse en su reducto y colocar como punto de agenda el tema del reordenamiento político- administrativo. Moratoria de la deuda externa Estos agitados días de marzo terminaron con una inflación sin parangones: 13.5%, para dar un porcentaje anual del 54.3%, mientras el desempleo se habría elevado a 15.8%. Con estas cifras las expectativas económicas del gobierno se quedarían cortas. El acuerdo con el centroizquierda le permitió salir del mal momento, pero se ha dilatado su concreción en el parlamento y bien puede quedar en nada. Cuanto más que arrecian las presiones del socialcristianismo y los sectores empresariales que le secundan para evitar que pasen las medidas que plantean gravámenes a los más pudientes. Más allá de la radicalidad verbal con que este sector político anunció su paso a la oposición, todo parece indicar que buscará recuperar el espacio perdido desde donde ha venido marcando la línea económica del régimen. En medio de todo este panorama incierto, lo que si parece ir tomando cuerpo es el reconocimiento de que Ecuador ya puede seguir destinando 16 mil millones de dólares, alrededor del 45% de su PIB, al pago de la deuda externa. Los movimientos sociales han iniciado una recolección firmas para pedir la convocatoria a una consulta popular a fin de que el pueblo se pronuncie sobre la moratoria del pago de la deuda; mientras en el parlamento ya cursa un proyecto para respaldar la propuesta del presidente frances Jacques Chirac, que propone revisar las deudas exteriores de países del Sur en dificultades.