México

Michoacán: No hay indicios de ingobernabilidad

Eduardo Ibarra Aguirre

04/08/2013

Opinión

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Divorciado de la compleja realidad se encuentra el diagnóstico, por lo menos en el plano discursivo, del poderoso súper secretario de Gobernación, cuando postula que “no hay indicios de ingobernabilidad” en tierras tarascas y purépechas.

Si no hay tales indicios que cualquier lector medianamente informado puede percibir, no se diga los sufridos habitantes de Michoacán, entonces los conceptos de la ciencia política perdieron significado a la hora de adornar el discurso de Miguel Ángel Osorio y, además, resultaría incomprensible no sólo su convocatoria a “construir un acuerdo para Michoacán” para “enfrentar en un clima de reconciliación la inseguridad y la crisis económica” –producto de aquélla–, sino el hecho de que “el gobierno federal entrará en pleno” al estado del Bajío por “instrucciones del presidente Enrique Peña”.

Lo primero que necesita hacer el otrora gobernador de Hidalgo es poner en consonancia el diagnóstico de que “no hay indicios de ingobernabilidad” con las drásticas medidas tomadas desde Los Pinos y el Palacio de Covián para sentar a la mesa a representantes de los poderes y las fuerzas políticas con los hombres y mujeres de los poderes fácticos –menos a los que se busca combatir con las fuerzas armadas–, incluido el arzobispo Alberto Suárez Inda, para concertar esfuerzos definidos desde la elite gubernamental y que incluye el envío de los secretarios federales.

La experiencia padecida con el Operativo Michoacán que arrancó el 11 de diciembre de 2006, sin consultar al gobernador Lázaro Cárdenas Batel (como éste lo aclaró en el semanario Proceso), multiplicó a los cárteles y la violencia homicida alcanzó formas y niveles sin precedente, amén del desempleo, la inseguridad y la migración forzada. 80 meses después, el esquema pareciera repetirse en sus trazos gruesos, sólo que ahora el reto a las fuerzas armadas es abierto: el vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y uno de sus escoltas fueron abatidos y un contingente de la Policía Federal emboscado a la luz del día, gracias a que oportunamente los agresores fueron informados desde dentro del alto mando michoacano de la PF, como reconoció un comandante.

En las redes sociales, por otra parte, se da voz en videos a pobladores que denuncian la complicidad de agentes del Ministerio Público, elementos y jefes policiacos de los tres niveles de gobierno, soldados, oficiales y jefes del Ejército. Y el grave tema permanece censurado en el duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio, en tanto las autoridades no asumen un compromiso público frente a una práctica recurrente que neutraliza los decididos esfuerzos del Ejército y la Marina, con todo y su naturaleza ilegal.

Pero nada de elecciones para sustituir a un gobernador priísta que asumió el cargo en febrero de 2012 y para el 8 de marzo de 2013 ya había pedido la primera licencia. Enfermo, sólo estuvo al frente del gobierno 12 meses y la semana antepasada le fue concedido un nuevo permiso que vence en enero de 2014. Además su equipo está siendo desmantelado por el gobernador interino Jesús Reyna, quien ni remotamente hace honor a su apellido, pero insuflado por el apoyo recibido desde Bucareli, asegura que los relevos continuarán, que trabajará con decisión para que en 2015 exista “un Michoacán diferente”.

Minando al grupo gobernante, sin un acuerdo claro con los tres partidos más votados para que no se realicen elecciones extraordinarias y con un diagnóstico engaña incautos, difícilmente los michoacanos despertarán sin tener enfrente la pesadilla que les heredó Felipe del Sagrado Corazón de Jesús y sus estrategias guerreristas que vapulearon la soberanía estatal.

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