“Fondos Buitres”, Clarín y Melconián, vuelan en misma bandada

Emilio Marín

01/09/2013

Opinión

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La semana fue pródiga en noticias que pueden servir para que muchos abran más los ojos sobre lo que se está jugando políticamente. Por caso, quedó nítida la bandada, o banda, donde militan “fondos buitres”, Clarín y más de un macrista.

En la política globalizada, una cosa que sucede en Nueva York tiene inmediata repercusión en Buenos Aires, y viceversa. Se juegan simultáneas y sin reloj de arena sino digital, rapidito.

Los “fondos buitres” tuvieron su momento de gloria cuando la Cámara de Apelaciones de la ciudad cosmopolita falló igual que el juez Thomas Griesa, en contra de los intereses no del gobierno sino de Argentina. Se debía doblar 1.330 millones de dólares a aquellos fondos que no quisieron ingresar al canje de títulos argentinos por dos veces (2005 y 2010). El Banco de Nueva York no podría ser el banco pagador a los bonistas que sí habían aceptado ese canje (93 por ciento del total).

A Cristina Fernández no le quedó más remedio que una apelación para que el expediente llegue al Olimpo de los dioses de la Corte Suprema norteamericana. Esta suele desdeñar estos mundanos asuntos, sobre todo si son de los que considera gobiernos subalternos.

Las dos posturas quedaron expuestas. La justicia del Norte, colonizada por el segmento más podrido del capital financiero. Y el gobierno argentino, enviando al Congreso un proyecto para reabrir el canje y persuadir a los bonistas a que se avengan a mismas condiciones que la mayoría.

Los fondos identificados como carroñeros ratificaron su apetito. NML, propiedad de Paul Singer, pidió a la Corte Suprema que no acepte esa apelación argentina. Su teoría fue que en Buenos Aires moran los deudores recalcitrantes.

La nueva ley para reabrir las negociaciones con los holdouts tendría mayoría suficiente parlamentaria. Es que aún los legisladores más corridos hacia la derecha ven bien ese gesto contemporizador con parte de los acreedores, sin privarse de criticar al gobierno por supuesta falta de “profesionalismo” en la negociación.

Lo sorpresivo, o no tanto, fue que economistas y políticos del PRO, como Carlos Melconián, salieron en defensa de Singer. A Radio América le declaró el lunes 26 que esos fondos “son tipos de buena voluntad” y que el gobierno siempre tuvo “una actitud garca” con esos acreedores. Melconián volaba en banda, perdón, en bandada...

Clarinete en Tribunales

Como los buitres nunca vuelan solos, no se puede separar su acción antiargentina en Nueva York y en la City porteña, de los embates del monopolio mediático en Tribunales. El miércoles 28 y jueves 29 se libró una ardua lucha política y cultural con armas legales, en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia para analizar razones y sinrazones de la ley de medios.

Como suele ocurrir cuando la confrontación política llega a cierto punto de maduración -y vaya si lo ha superado a casi cuatro años del 10 de octubre de 2009, cuando dicha norma fue sancionada-, las posturas se polarizan. Los grises acomodaticios, por no decir oportunistas, van diluyéndose porque en ese trance quedan sólo dos polos.

En materia de servicios de comunicación audiovisuales, o se defiende el sentido pluralista de la ley 26.522, parida con parto y dolor por la democracia, o se considera positivo el interés monopólico de Héctor Magnetto como representante de la “libertad de expresión”.

Ese miércoles fue el turno de los “amicus curiae”, que como bien objetó Horacio Verbitsky, el alto tribunal redujo a amigos de las partes, en vez de la causa judicial.

Aunque la audiencia no era necesaria, porque los siete miembros del tribunal y buena parte del país conocen lo que está en disputa, la discusión de cara a los medios tuvo su costado favorable para refrescar argumentos.

El cronista destaca, entre los defensores de la ley, las intervenciones de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el citado Verbitsky y Damián Loretti por el CELS y Miguel Julio Rodríguez Villafañe, por Cooperar. Hubo allí una combinación de buenos argumentos sobre el valor del derecho a la comunicación, con ejemplos vívidos de las privaciones a ese derecho en tantas ciudades del país por parte de Clarín-Cablevisión.

“Balas de tinta”

Los apologistas de Magnetto dieron argumentos a quienes defienden el control sobre los grupos dominantes. Uno de ellos planteó que es importante engrosar el poderío económico del holding como una garantía para “la libre expresión”. El sofisma es: si quieres más libertad de expresión debes asegurar monopolios más fuertes, capaces de resistir a gobiernos populistas y con pulsiones dictatoriales como el de CFK, Rafael Correa, Nicolás Maduro, etc.

Después del duelo dialéctico en Tribunales llegará, por fin, el turno de la Corte. Gils Carbó le pidió un fallo ejemplar a favor de la ley de medios. Pronóstico reservado: quizás el tribunal diga que la ley es constitucional pero que el Estado no puede limitar las licencias de TV por cable. Y este es justamente el corazón del negocio monopólico.

En una exposición industrial en Berazategui, la presidenta quiso retrucar las campañas mediáticas; empleó la expresión “balas de tinta” con que esos sectores disparan contra su gobierno, con ánimos destituyentes.

Y valorando los sucesos de esta semana se puede concluir que esa réplica presidencial tiene su razón de ser. Un ejemplo: esos medios no informaron bien de una medida trascendente adoptada días antes, de elevar el mínimo no imponible del mal llamado impuesto a las ganancias a 15.000 pesos de salario en bruto para solteros y casados, y aumentar el espectro de los asalariados que podrán cobrar las asignaciones familiares.

La medida, largamente demandada por diversas centrales obreras, supondrá un beneficio para millones de personas y un esfuerzo compartido entre el Estado que resignará ingreso fiscal, y los privados que deberán pagar un módico impuesto a la compra y venta de acciones de empresas que no cotizan en bolsa y a la distribución de dividendos.

Pero en vez de poner el acento en el sentido muy rescatable de ello, esos medios y opositores prefirieron enfatizar el objetivo electoralista de las medidas y en que eran fruto de la derrota del kirchnerismo en las PASO. Ambas cosas son ciertas. Al gobierno se le escapó la tortuga con el impuesto al salario y las asignaciones familiares, pero cuando se despabila y toma buenas decisiones, se lo fulmina por medidas que obviamente conllevan el interés de mejorar sus resultados electorales. Como si la oposición no tuviera un interés similar y de sentido opuesto; vuela en yunta con Singer y Clarín, y no beneficia precisamente a los asalariados...

Chevron y las fracturas

El miércoles 28 fue un día clave para la suerte del acuerdo de YPF con Chevron, porque el mismo fue tratado y aprobado en la Legislatura de Neuquén. Que ese fuera el ámbito del debate no es sinónimo de “federalismo” sino del carácter estrecho y poco nacional de la reforma constitucional de 1994 que definió a las provincias como las dueñas de los yacimientos de petróleo y gas.

En vez de ser propiedad de una Nación de 24 distritos, esa riqueza pasó a depender de 13 distritos petroleros; esto en lo formal, porque en la práctica los sucesivos gobiernos federales dispusieron los acuerdos energéticos.

Ya ese aspecto de la cuestión indica que el trámite de lo firmado el 16 de julio por Miguel Galuccio (YPF) con el CEO de la petrolera norteamericana, Thomas Watson, no siguió el curso participativo y transparente que se necesitaba. Por ejemplo, fue el día y la noche con el tratamiento de la ley de medios, con audiencias y foros previos en todo el país.

El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, trató de desmentir la acusación de los opositores al acuerdo, asegurando que el mismo no tiene cláusulas secretas. Pero era como para decirle al titular del Movimiento Popular Neuquino “no aclare que oscurece”, pues en ese instante admitía “cláusulas de confidencialidad de las dos empresas firmantes”, que se le parece bastante a un capítulo omitido o secreto.

Como se sabe, la asociación de YPF con esa petrolera estadounidense apunta a explorar primero una zona de 20 km2 de Vaca Muerta, que luego se extenderá a una región neuquina mayor, siempre con la modalidad del “fracking” o fractura hidráulica, una metodología muy cuestionada internacionalmente por los riesgos ambientales que supone.

La firma de los instrumentos jurídicos ha provocado fracturas políticas en Neuquén, con onda expansiva nacional. Ese acuerdo les costó una derrota en las PASO a los candidatos de Sapag, tanto en el tramo de senadores como de diputados nacionales, con el Frente para la Victoria ocupando un tercer lugar.

Y en el país, también afecta las perspectivas electorales de los candidatos de la presidenta. Es que además de las críticas que provoca el emprendimiento con una firma de tan malos antecedentes ambientales como Chevron (mala palabra en Ecuador), se suma la decepción de mucha gente democrática con el accionar policial del 28 de agosto. Hubo gases, palos y algunas balas de plomo policiales que hirieron a manifestantes y revivieron las peores historias de crímenes de Teresa Rodríguez y el maestro Carlos Fuentealba.

Esa realidad que sopla desde el sur y Jujuy, también con represiones policiales, parece decirle a una patagónica por adopción: así no Cristina, así no.

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