La batalla del Yasuní

31/08/2013
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Manifestaciones en defensa del Yasuní en Quito. Foto: Amazonia por la Vida.
Al dar por terminada la iniciativa ITT-Yasuní de parte del gobierno se ha producido un intenso debate y variadas movilizaciones de protesta ante la eventual explotación de petróleo en un parque nacional que es habitat de pueblos con aislamiento voluntario y una verdadera joya de biodiversidad
 
 El gobierno de Jamil Mahuad decretó en 1998 Zona Intangible un sector del Parque Nacional Yasuní ubicado entre los cuadrantes de exploración petrolera Ishpingo, Tiputini, y Tambococha se trataba de no interferir en los territorios de pueblos originarios en aislamiento voluntario y mantener una de la zonas más ricas en biodiversidad del mundo alejada de la explotación petrolera que se realiza en varias zonas de la selva amazónica ecuatoriana. Durante el gobierno del Economista Correa se propuso condicionar una parte de la zona intangible amazónica con un mecanismo de compensación por el ingreso no percibido al no explotar los recursos petroleros y la contribución de mantener el crudo bajo tierra. Esta compensación sería realizada por la comunidad internacional al Estado ecuatoriano bajo criterios de la economía ecológica, la economía ambiental y la economía de recursos naturales.
 
Según lo que se denominó Iniciativa Yasuní ITT el estado ecuatoriano se comprometía a dejar bajo tierra, de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo en la reserva ecológica del Yasuní, para evitar la emisión a la atmósfera, de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono — que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles — a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional por una fracción del valor estimado, por el 50% de las utilidades que percibiría si se diera la explotación de este recurso (unos 350 millones de dólares anuales).
 
El 15 de agosto de 2013, el gobierno de Rafael Correa dio por terminada la Iniciativa y señaló el inicio de la explotación petrolera en la zona. El presidente anunció que el uno por mil del parque nacional (10 Km2) se usará para la extracción petrolera, lo que se estima generará alrededor de 18.000 millones de dólares (600 millones de dólares anuales durante 30 años).
 
De acuerdo al juicio de muchos, la iniciativa desde el comienzo fue mal planteada, ya que aparecía como una especie de chantaje a la comunidad internacional y enseguida fue muy mal gestionada lo que la condujo al fracaso, los fondos que se reunieron fueron escasos. Además siempre se contó con un plan B que además de revelar la poca convicción presidencial, daba señales equívocas a los interesados.
 
Cuando el presidente Rafael Correa Delgado dio por terminada la iniciativa Yasuní- ITT se produjo un verdadero remezón en la sociedad ecuatoriana a la cual se le había informado que estaba frente a una propuesta emblemática y anunciadora de nuevos rumbos en materia ambiental. Las reacciones han sido variadas y se ha generado una dinámica social y política que ha agitado la tranquila y estable situación del país.
 
El tema del Yasuní ha tenido la rara virtud de volver ecologistas a los miembros del derechista partido CREO y hacer coincidir a un hombre de "izquierda moderna" como Rafael Correa con un conocido analista conservador, neoliberal como Walter Spurier, ambos economistas coinciden en que hay que explotar el petróleo del Yasuní.
 
Se han producido en el país importantes movilizaciones tanto del movimiento indígena como de los jóvenes, que el gobierno ha minimizado. El movimiento indígena y de acuerdo a preceptos constitucionales ha planteado realizar una consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano quien decida la explotación del Yasuní y ya ha presentado al Tribunal Constitucional y al Consejo Nacional Electoral la petición de consulta y la pregunta correspondiente. El tribunal debe calificar la petición y una vez aprobada se procederá a recoger firmas hasta completar el 5% del padrón electoral que son cerca de 600.000 para convocar a la consulta popular.
 
La batalla está planteada, por una parte el movimiento indígena e importantes grupos de jóvenes y agrupaciones ecologistas, intentan la defensa de los pueblos que habitan o se desplazan por la zona (son pueblos nómades que viven de la caza, la pesca y la recolección) y además una defensa de la rica biodiversidad que se presenta en este sector. Por otra parte el gobierno que señala que necesita estos recursos para combatir la pobreza y que no existen en la zona tales pueblos en aislamiento voluntario.
 
La batalla es desigual puesto que el gobierno al controlar sin contrapeso todo el aparato del Estado y su inmenso pool de comunicación y propaganda ya ha comenzado una agresiva publicidad a favor de su propuesta. Además se dispone a emplear como siempre sus redes clientelares y ya ha ofrecido el oro y el moro a los municipios de la Amazonía. Los recursos del movimiento indígena en este sentido son limitados, su fortaleza es la organización y la movilización, en las primeras marchas los jóvenes y los indígenas de las ciudades más importantes han ganado las calles en manifestaciones en casi todas las ciudades más importantes del país. Algunas de estas manifestaciones han sido fuertemente reprimidas.
 
La medida tiene un significado prácticamente definitivo respecto del rumbo de la llamada revolución ciudadana, marca un punto de opción definitiva hacia la derecha y un reforzamiento de la orientación neo desarrollista, extractivista, el gobierno sigue apegado a la matriz petrolera, además de implicar una ruptura total con cualquier proyecto emancipador. Por otra parte ya han sido desplazados los más importantes sectores de izquierda al interior del conglomerado gobernante y los que aún quedan están totalmente subordinados.
 
Las argumentaciones del gobierno para justificar la explotación petrolera son débiles y más bien en el fondo está la presión de conseguir recursos financieros que un modelo basado en la inversión fiscal exige. Esto además de significar un costo ambiental impredecible significa una ruptura con las concepciones del buen vivir que se preconizaba discursivamente, ya que estas implican en primer término armonía con la naturaleza y armonía entre las personas. El gobierno en su propaganda señala que el impacto ambiental va ser mínimo, pero casi todos los expertos ambientalistas estiman que si bien puede haber una disminución de este impacto, igual los daños son considerables.
 
Finalmente, respecto de alternativas para obtener recursos, desde los sectores ambientalistas se proponen alternativas productivas y redistributivas de corto, mediano y largo plazo como son: impuesto a la gasolina cara, renegociación de las concesiones a la telefonía celular o su nacionalización, impuesto a los altos ingresos, reforzamiento del turismo ecológico, y el cambio de la matriz productiva realizando una buena reforma agraria orientada a la agricultura ecológica junto al desarrollo y la potenciación de la agro industria sostenible y sustentable. El conjunto de estas alternativas unidas a otras le proporcionarían los recursos equivalentes a los que se obtendrían con la explotación del petróleo.
 
De acuerdo a la consideración de algunos analistas el gobierno que preside Rafael Correa revela una cierta pereza a construir alternativas que rompan la dependencia petrolera e hizo la opción por lo más conservador y más fácil. De hecho ha dejando de lado los preceptos constitucionales de los derechos de la naturaleza.
 
Domingo, 01 de Septiembre de 2013 19:26
 
 
 
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