El Salvador

Caso MOP: el juicio de los ausentes

David Ernesto Pérez

16/09/2013

Opinión

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Autores intelectuales de la estafa contra el Estado siguen prófugos

¿O sea que todos los que están allá son los abogados? Pregunta una periodista neófita que mira con asombro a un batallón de 21 defensores vestidos con trajes a la medida, pulseras, relojes de lujo y cabellos engominados que representarán en el juicio a los 16 acusados de estafar al Estado por la no construcción del bulevar Monseñor Romero. La mayoría de los abogados son conocidos en los juzgados de San Salvador por haber tenido entre sus clientes a exfuncionarios procesados por corrupción y a narcotraficantes condenados – y no condenados-.

En el banquillo de los acusados las ausencias mandan. De los 16 están presentes únicamente seis que parecen cansados, sus camisas están arrugadas y tienen barba de varios días. Nadie está esposado como suelen estar los pandilleros o los delincuentes comunes.

Si usted fuese el juez y se sienta en el estrado tendrá a su derecha al batallón de defensores y a su izquierda a los cinco fiscales – cuatro mujeres - que defienden los intereses de todos los salvadoreños y tratarán de recuperar 12 millones de dólares que supuestamente fueron robados al Ministerio de Obras Públicas (MOP) cuando Jorge Isidoro Nieto López fue ministro de la cartera. La estafa se supone que la perpetró el dueño de la constructora guatemalteca Copreca, Jesús Hernández Campollo. En el contrato inicial – adjudicado por la administración del MOP de David Gutiérrez – estaba constituido el asocio Copreca-Linares que mientras se construía el tramo II se habría disuelto.

Los primeros en intervenir son los defensores quienes alegaron violaciones a la Constitución en el momento de la captura, nulidad del juicio porque la Fiscalía investigaba a imputados que no sabían que iban a ser imputados, hasta vincularon las capturas con supuestas presiones políticas de Estados Unidos para aprobar el FOMILENIO II. Todos los acusados tienen abogados, sin embargo no están presentes todos. Por ejemplo, los defensores de Hernández Campollo son Luis Mario Pérez Bennett y a Miguel Ángel Flores Durell. El primero ha asegurado ser el representante legal del empresario y actuó sin necesidad de hablar con él previamente. “Está en Guatemala (Campollo) donde siempre ha estado”. Del segundo nadie explicó cómo llegó al juicio.

Antes que la Fiscalía oficializara que había girado órdenes de capturas contra exfuncionarios, el Diario de Hoy publicó una entrevista con Nieto en la que ha asegurado que quieren enfilar contra él por “razones políticas” amarradas a la campaña electoral en la que el expresidente Elías Antonio Saca pretende ganar la reelección. Aunque la publicación fue vía correo electrónico, el antiguo titular afirma que no teme a la justicia por ser un “hombre limpio”. Nieto, sin embargo, es otro de los ausentes en el proceso en su contra. Sólo está su abogado.

El Ministerio Público quiere la detención provisional porque teme fugas. La fiscal Johana González explicó que los acusados viajan constantemente fuera de El Salvador. “La mayoría de los procesados están a la fuga por la gravedad del delito y la responsabilidad civil que se les está exigiendo”.

Los acusados son: Juan Francisco Bolaños, Raúl Eduardo Menjívar Pleités, Ernesto Iván Ayala, Alberto Eduardo Colorado Cordero, Óscar Alfredo Díaz, Sigifredo Ochoa Gómez, Carlos Arturo Ruiz, Lidia Elizabeth Franco, Ile María Guadalupe Calderón Giralt de Carpio, Luis Armando Pineda, José Roberto Douglas Lemus Menéndez, Rodrigo Pareja Mejía y Daniel Antonio Hernández. Los únicos capturados son: Hernández, Bolaños, Franco, Colorado Cordero y Lemus Menéndez.

La Fiscalía, luego de hacer un recuento de los ausentes, hace lecturas al azar de la acusación que se basa en un peritaje que hizo el MOP y que fue supervisado por el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. El primer señalamiento fue que la administración de Nieto – la que inició en enero de 2007 – autorizó ampliar el plazo de la construcción de la obra al entonces asocio al contratista pese a que ya había retraso y pudo haber usado la caducidad del contrato.

La tesis de la Fiscalía es que la ampliación no aplicaba porque esta se da por motivos de fuerza mayor – inundaciones, terremotos, catástrofes ambientales – según el contrato de llave en mano (inalterable) firmado tanto por el MOP como por el asocio. “El retraso se dio por la negligencia del contratista que no cumplió con sus obligaciones contractuales que debía realizar. No hay constancia que se agotaron todos los recursos para luego decirle al MOP que había tramitado los derechos de vía” dijo la fiscal refiriéndose a unos permisos ambientales que no habrían sido tramitados por Copreca con la Alcaldía de San Salvador.

El 10 de febrero de 2007 Nieto y Hernández Campollo, de acuerdo a la Fiscalía, acordaron modificar el diseño del ex Diego de Holguín violando el contrato y la ley LACAP. Se suponía que los cambios al proyecto no significarían más costos para el gobierno, sin embargo Hernández Campollo cobró por el “rediseño y la ejecución del mismo”. La obra, además, se demoraba cada vez más. Cinco meses después de las modificaciones estaba atrasada en un 26.78%, pese a esto el MOP le había pagado 14 millones 556 mil 917 dólares a Copreca-Linares.

Meses más tarde el atraso seguía agudizándose mientras el ministro Nieto recibía informes desfavorables de la situación omitió sancionar o finalizar el contrato. El ministro, además, sabía de los conflictos entre Hernández Campollo y el dueño de la constructora Linares, Hugo Linares, motivo suficiente para finalizar el acuerdo con los privados.

Martes, 17 Septiembre 2013

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