El Salvador

Instructivo paso a paso para estafar al Estado

David Ernesto Pérez

17/09/2013

Opinión

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En la gestión de David Gutiérrez iniciaron las irregularidades

¿Por qué? Esta es la pregunta que se repitió frente al estrado de los jueces de paz el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, cuando explicaba una radiografía de las irregularidades que forman parte del largo nacimiento del bulevar Monseñor Romero. ¿Por qué modificaron un contrato para favorecer a una empresa? ¿Por qué los ministros permitieron que el Estado fuera estafado? ¿Por qué si los ex funcionarios son inocentes no comparecen ante la justicia

Martínez explicó el paso a paso de la estafa: en junio de 2005 Copreca-Linares ganaba la licitación que publicó la gestión del MOP de David Gutiérrez Miranda para la construcción del entonces bulevar Diego de Holguín en un plazo de 420 días. El costo de la obra era 25 millones 652 mil 957.16 dólares. Las bases del proyecto establecía una serie de requisitos a cumplir, sin embargo, los contratistas no entregaron en regla sus estados financieros y las solvencias que servirían para comprobar que estaban legalmente inscritos en El Salvador.

El MOP y Copreca-Linares firmaron el contrato el 28 de noviembre de 2005 “sin que el asocio hubiere completado la solvencia fiscal y de seguridad social que eran requisito para firmar el contrato”. El 7 de diciembre el asocio emitió una factura de adelanto por $5 millones 39 mil 784.59. Al menos 14 días más tarde se da la orden de inicio de la obra y dos días después el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca emitía un cheque por 7 millones 695 mil 887.15 dólares. En enero de 2006 la constructora reemplazó la factura inicial por una de 2 millones 656 mil 102.56 dólares. “El cambio de la factura ya pagada vulneró el control interno, posibilitando la evasión fiscal”. Aunque posteriormente la empresa liquidó 4 millones 565 mil 213.64, quedaron sin ser reintegrados al Estado 3 millones 130 mil 673.51.

En 2008 se ordena la primera auditoría interna al proyecto; sin embargo, a finales de ese año el auditor explicaba que no pudo concretarla porque el asocio se negó a informarle de sus estados contables. “¿Qué se hicieron los 5 millones 878 mil?” se preguntó en la audiencia el funcionario del presidente Mauricio Funes. El estudio contable señala que hay montos duplicados por 111 mil dólares que eran justificados con gastos “sin relación alguna” a nombre del Polideportivo de Sonsonate con el FISDL. “La auditoría interna del MOP comprobó faltas graves sin que se haya tomado medidas oportunas”. Las cuentas bancarias de Copreca-Linares tampoco registraban los ingresos de los adelantos que el MOP le pagó en los años 2005 y 2006.

Otra de las irregularidades, ya en la gestión de Jorge Isidoro Nieto – sucesor de David Gutiérrez – fue la modificación “injustificada” del diseño de la obra. El primer diseño contemplaba dos derivadores (orejas), pero le agregaron dos más y el trazo de la carretera se cambió hacia el norte para invadir los terrenos protegidos de la Alcaldía de San Salvador. Para construir en los predios el MOP obtuvo un permiso del Ministerio de Medio Ambiente – en ese entonces el ministro era Hugo Barrera – sin “el procedimiento establecido”. Posteriormente la Corte de Cuentas, la cartera medioambiental y la comuna capitalina se opusieron a la obra “que afectaría una zona protegida”.

Nuevamente en 2008 se dio otra irregularidad: el entonces ministro Nieto modificó el contrato (18 de enero) para que fuera posible que Copreca-Linares llevara al MOP a un laudo arbitral con lo cual lo condenó a pagar 7 millones 942 mil 576.83.

“A pesar de los antecedentes negativos que existían de los arbitrajes”, comentó Martínez, cuatro días después del cambio en el contrato Copreca-Linares solicitó el arbitraje y ese mismo el MOP lo aceptaba. La condena, además de obligar al pago, obligó a presupuestar otra vez 25 millones para la obra; amplió el plazo contractual a favor de la empresa y la desligó de instalar iluminación artificial debajo de los puentes. “La condena llegó en menos de la mitad del tiempo establecido por la ley en un tema extraordinariamente complejo”.

Nieto pidió al Ministerio de Hacienda, 27 días después de la condena, que emitiera un cheque a favor del asocio para pagarles el laudo, no obstante existían pagos pendientes de mayor antigüedad.

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