Secretismo, equipos negociadores sumisos e ilegítimos e imposición de la agenda y los procedimientos por parte de Estados Unidos. Estos son algunos de los cuestionamientos que expresan distintas fuerzas sociales en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Estados Unidos frente a la nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio andino, que se realiza desde el 13 de septiembre en Puerto Rico, y en la que participan delegados/as de Estados Unidos, por un lado, y Colombia, Ecuador, Perú, por otro.

Estados Unidos parece el más interesado en la firma de un TLC con los países andinos y ha impuesto "la vía rápida " para que el proceso concluya en febrero del 2005, sin considerar de que la potencia del norte vive un proceso electoral que puede influir en el contenido de las negociaciones. Pero Estados Unidos no solo impone los tiempos y los ritmos, sino que pretende un TLC a su medida, y no está dispuesto a ceder en los procedimientos y la agenda, esto es, que las conversaciones transcurran en el mayor secretismo, que no se hable siquiera de desmantelar los subsidios a sus agricultores, y que los países andinos hagan amplias concesiones en materia de derechos de propiedad intelectual e inversiones extranjeras, incluso más allá de lo que rige para la OMC.

Para la ronda de Puerto Rico, los negociadores de Estados Unido anunciaron que no presentarán ofertas mejoradas de acceso a mercados, ni harán solicitudes nuevas a los países andinos. Pese a que Estados Unidos impone las reglas del juego, los negociadores de Ecuador, Colombia y Perú asisten con la cabeza agachada para ver qué migajas pueden obtener para sus élites, dando la espalda a amplios sectores que reclaman transparencia, y un poco de dignidad en las negociaciones. Por ello, es explicable que en distintos países se haya levantado una ola de cuestionamientos demandando la suspensión de las negociaciones del TLC andino.

Previo de la ronda de Puerto Rico, la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio (RECALCA) denunció que la estrategia de negociación de Estados Unidos es postergar hasta el último las negociaciones de interés para los gobiernos andinos y obligarles a hacer toda clase de concesiones normativas en materia de inversiones, telecomunicaciones, servicios y propiedad intelectual.

En Colombia, de otro lado, las organizaciones indígenas ONIC, CRIC y ACIN iniciaron el 12 de septiembre, una marcha pacífica que partió de Santander de Quilichao en el Departamento del Cauca teniendo previsto arribar a Cali, el 15, donde se realizará un Congreso Indígena y Popular. Esta jornada, denominada "Minga por la vida, la autonomía, la libertad, la justicia y la alegría", tiene como propósito, entre otros, denunciar al TLC y al ALCA que "en manos de los negociadores del gobierno, constituyen (...) un grave peligro para el pueblo colombiano". En un comunicado, dieron a conocer que "Los resultados que persiguen el ALCA y el TLC representan las formas de agresión más peligrosas y destructivas para las que se realizan las reformas constitucionales y a las que en última instancia sirven la guerra y el terror".

En Perú, la VIII Convención de CONVEAGRO, un foro anual de agricultores y campesinos, realizada el 2 y 3 de septiembre propuso que mientras no exista reglas ni transparencia en las negociaciones, y en tanto el gobierno no demuestre cuál el costo y beneficio del TLC para el pueblo peruano, se suspendan las negociaciones. Este evento, así mismo, expresó que el TLC con Estados Unidos debe someterse a una consulta popular y que el Congreso debe discutir una ley marco que regule las negociaciones del TLC.

Aunque Bolivia, al igual que Venezuela, no participa en las negociaciones del TLC con Estados Unidos, las preocupaciones a este respecto también están presentes. Un centenar de organizaciones sociales señalaron, en un manifiesto público, que Bolivia no debe integrarse a las negociaciones del TLC Andino con Estados Unidos y mucho menos suscribir el tratado. Las organizaciones invocan 11 razones para decir no al TLC, enfatizando que negociar y firmar este tratado sería limitar las definiciones de la Asamblea Constituyente en materia de políticas económicas y sociales, y acabar con cualquier posibilidad de promover una política soberana de justicia económica y social, para combatir el modelo neoliberal.

Ecuador: que el pueblo decida

Conforme transcurre el tiempo y el TLC se cierne como una amenaza, en Ecuador voceros de la Campaña Nacional contra el ALCA y el TLC exigieron información, la realización de un amplio debate público y una consulta popular para que el pueblo decida si desea o no el TLC.

Mesías Tatamuez, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), planteó la necesidad de "unirnos todos para la defensa de la soberanía" porque el TLC no solo es una propuesta de intercambio comercial sino que tiene incidencia en los ámbitos económicos, sociales, y en los servicios sociales, como la educación y la salud. . Cuestionó la legitimidad del equipo negociador del Ecuador que responde a los intereses de grupos económicos y familiares, y en la que no están representadas las universidades, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el FUT, los colegios de profesionales, etc. Tatamuez rechazó la invitación del gobierno a asistir a la ronda de negociaciones de Puerto Rico, pues el país no tiene una agenda de negociaciones clara.

El economista Alberto Acosta, por su lado, dijo que actualmente se negocian aspectos que minan la soberanía nacional como son sobreprotección a la inversión extranjera, y los derechos de propiedad intelectual que van a favorecer a los grupos más poderosos de las empresas transnacionales, particularmente a las farmacéuticas. Manifestó que con el TLC, el país tendría serias limitaciones para definir una política productiva propia, lo que va a perjudicar no solo a los sectores populares sino a los propios empresarios. Así mismo, el TLC busca fortalecer las tendencias privatizadoras de los servicios públicos que son rechazadas por el pueblo ecuatoriano.

Acosta coincidió con Tatamuez, en el sentido de que Ecuador no tienen una agenda propia. "El hecho de que se negocie con los otros países no quiere decir que sea una agenda andina, cada país entró a correr en un andarivel escrito, suscrito y dibujado por los intereses de Washington, la agenda que está en juego es la agenda de Washington que tiene un borrador para este TLC, impone condiciones de 'confidencialidad' y no discute el problema de los subsidios agrícolas, siendo que cada agricultor estadounidense recibe un subsidio de 20.000 dólares anuales, haciendo imposible que un agricultor ecuatoriano pueda competir", enfatizó. Ante esto, "pedimos información, discusión y elección, tenemos que ir a una consulta popular pues el Ecuador no puede ser sometido a las imposiciones de Washington a través de sus testaferros nacionales, sin tener derecho a la reflexión, al análisis y a la votación en la urnas", agregó.

Por último, el dirigente social Eduardo Delgado dijo que el TLC es una nueva carta de esclavitud, "porque pretende romper y acabar con la poca soberanía que tiene el Ecuador, porque entre líneas el TLC dice que el país debe pedir permiso al gobierno norteamericano y a las empresas transnacionales para determinar si sus políticas en educación, salud y trabajo no perjudican sus intereses". Delgado dijo que en Ecuador crece a la oposición al TLC de parte de sectores ligados a la industria farmacéutica, la artesanía, ganadería, agricultura y microempresa.

Los vientos de cuestionamiento al TLC andino también soplan en Estados Unidos. Más de 50 organizaciones de este país, que pertenecen a la Alianza para el Comercio Responsable, enviaron una carta al negociador estadounidense, Robert Zoellick, en la que piden la suspensión de las negociaciones del TLC entre Estados Unidos y la región andina pues "todo indica que este acuerdo está siendo negociado según las líneas del TLCAN, el TLC Estados Unidos-Chile y el TLC Estados Unidos-Centroamérica, todos los cuales contienen medidas sobre inversión, derechos de propiedad intelectual, agricultura, servicios, trabajo y medio ambiente, que ya se ha demostrado que son desastrosas para la mayoría de la población involucrada".