Ante fallo judicial que condena a comuneros mapuche
13/09/2004
- Opinión
Declaración de la Directiva del Colegio de Antropólogos de
Chile ante Fallo Judicial que condena por Ley Anti Terrorista a
comuneros mapuche
La directiva nacional del colegio de antropólogos de Chile expresa
su consternación por el fallo del Tribunal de Angol, que aplicando
la Ley Anti-Terrorista a comuneros mapuche, los condena a prisión
por una década, en los siguientes términos:
"Se hace lugar a la acusación deducida por el Ministerio Público y
a las acusaciones particulares deducidas por la Gobernación
Provincial Malleco Angol y por la empresa Forestal Mininco S. A. y
se condena a los acusados JOSÉ BENICIO HUENCHUNAO MARIÑAN, Run no
10.981.478-4, PATRICIA ROXANA TRONCOSO ROBLES, Run no 11.256.506-
K, JUAN CIRIACO MILLACHEO LICAN, Run nº 6.659.086-0, FLORENCIO
JAIME MARILEO SARAVIA, Run nº 14.474.432-2, y JUAN PATRICIO
MARILEO SARAVIA, Run nº 12.564.262-4, todos ya individualizados,
a la pena de DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO
MEDIO, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para
cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de
inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure
la condena, para cada uno de ellos, como autores del delito de
incendio terrorista, hecho cometido durante el día 19 de diciembre
de 2001, en el fundo Poluco Pidenco de la comuna de Ercilla".
No podemos dejar de relacionar este hecho con lo acontecido
recientemente con los Lonko Pascual Pichun y Aniceto Norín, de
Temulemu y Didaico respectivamente, quienes fueron inicialmente
absueltos por este mismo Tribunal, siendo el fallo posteriormente
anulado por la Corte Suprema, para ser nuevamente enjuiciados y
condenados por "intención" de delito terrorista en contra del ya
tristemente célebre Juan Agustín Figueroa.
Nos preguntamos si ahora un Tribunal superior al de Angol
accedería a anular el reciente fallo, teniendo en cuenta los
reclamos del pueblo mapuche y de diversos sectores de la sociedad
chilena, y nos respondemos que es muy difícil, dado que hay
presiones que se legitiman por sus resultados y otras que
simplemente no son tomadas en cuenta. Concordamos con la
declaración emitida por el Programa de Derechos Indígenas del
Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera,
y en particular cuando señala que:
"Por otra parte, nos parece que la sala penal de la Corte Suprema,
al conocer del Recurso de Nulidad que la defensa interpondrá,
deberá poner especial cuidado en la aplicación de los derechos al
debido proceso en este caso. Especialmente, el hecho de la
utilización indiscriminada por parte del Ministerio Público de los
llamados testigos protegidos, en la incongruencia entre la
formalización original y la acusación final, que fue aceptada por
el Tribunal, en la pertinencia de las pruebas acusatorias, en fin,
en todas las restricciones a que se vio sometida la defensa en
este caso".
El Colegio de Antropólogos de Chile, ha seguido muy de cerca la
situación de los conflictos entre comuneros mapuche y empresas
forestales, conociendo directamente algunos casos como lo fue en
1999 cuando estuvimos en Temulemu y elaboramos un Informe de
Difusión Publica (ver www.colegioantropologos.cl), luego
constituimos un Taller de análisis de coyuntura, desde el cual se
evacuaron algunos artículos, y en ciertos casos algunos de
nuestros miembros han realizado Informes Periciales a solicitud de
la Defensoría Publica.
En cada oportunidad el Colegio ha estado motivado por la
convicción de contribuir a generar condiciones para un Nuevo Trato
de la sociedad chilena respecto de los pueblos originarios. Hemos
confiado en las ventajas de fondo que la Reforma Procesal Penal
podría derivar, permitiendo crear espacios y hechos de respeto por
la diversidad étnica y cultural, en un marco de justicia en el
pluralismo jurídico.
Aunque nos duela reconocerlo, lo sucedido demuestra que hasta
ahora nuestros esfuerzos han sido vanos y estériles, ya que se
siguen imponiendo aquellos que desde diversas posiciones de poder,
banalizan la justicia y transgreden los derechos humanos,
evidenciando principios y concepciones excluyentes, clasistas y
racistas.
De la consternación pasamos al reclamo público, por lo cual
sostenemos que:
-Estamos preocupados ya que los fallos judiciales evidencian una
postura de criminalización de las demandas mapuche por territorio
y autonomía, cuya legitimidad está refrendada por el derecho
internacional al respecto.
-Peor aún, ya que no se trata de sancionar hechos específicos,
sino de anatemizar con el calificativo de terroristas al
movimiento social y político mapuche en su conjunto, y de esta
manera, consolidar la política de los indígenas "buenos" y los
"malos".
-La estrategia seguida no sólo no resuelve los conflictos, sino
que rompe los aún frágiles puentes e inhabilita los emergentes e
inestables acuerdos alcanzados, siendo la otra cara de la política
de negociación simbólica y de reconocimiento de rasgos culturales,
que son los aspectos en torno a los cuales los sectores en el
poder aceptan dialogar.
Estos fallos no hacen más que endurecer posiciones, ahondar las
desconfianzas, desarmar lo construido y poner en serio riesgo la
vigencia de los derechos básicos de los pueblos originarios. No
será una concepción de guerra entre chilenos y mapuche, la que
posibilite transitar por senderos de entendimiento, sino una
concepción y práctica de reconocimiento de derechos y de respeto
por la diversidad.
Llamamos a que la sociedad chilena, y los sectores de poder,
asuman de una vez por todas que debe ponerse en práctica una
política de restauración de lo dañado material y simbólicamente en
el modo de vida de los pueblos originarios; reformar las
instituciones públicas y estatales de manera tal que pueda
avanzarse en relaciones de interculturalidad y de trato justo y
pertinente.
Directiva Nacional
Colegio de Antropólogos de Chile
Septiembre 2004.
Colegio de Antropólogos de Chile
Septiembre 2004.
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