Guatemala

Los excluidos de los excluidos

Valentina Valle

14/10/2013

Opinión

^-A ⁺A

Situado en una orilla del sagrado Lago di Atitlán, uno de los lugares más conocidos de Guatemala, San Juan la Laguna ha sido por algunas misteriosas razones ahorrado por la horda de turistas que en cambio invade cada día los pueblos cercanos. La vida de esta comunidad indígena Maya Tz’utujiles pasa simple y tranquila, los pobladores dedicándose al cultivo del maíz y a la pesca y los únicos visitantes siendo los turistas que se equivocan de parada o que deciden salir de su “ruta Lonely Planet” para darse cuenta muy rápido que la guía tenía razón, no hay nada especial aquí. Sin embargo pero esto no es cierto para quien esté interesado en conocer un poco más de la realidad del país que está visitando: efectivamente hay algo muy especial aquí, un lugar llamado Centro Maya, donde voluntarios internacionales, operadores sanitarios profesionales y padres cuidados atienden y cuidan niños y adultos con discapacidades. Aura Leticia Mendoza, directora del Centro, madre de un niño afectado por la síndrome de Lejeune, nos recibe y explica que este es uno de los pocos lugares en el país enteramente dedicado no sólo a la cura de las discapacidades a través de varias actividades como musicoterapia o terapia con animales, sino también a la inserción laboral y social de los jóvenes usuarios. De hecho, a pesar que Guatemala ratificó la convención ONU sobre los derechos de las personas con discapacidades y no obstante de un cuadro normativo predispuesto a la promoción de la integración de las personas con discapacidades[1], los que sufren de una forma de discapacidad física o síquica siguen viviendo a margen de la sociedad, la mayoría de las veces en un contexto de pobreza y exclusión que afecta también su comunidad de pertenencia.

Guatemala, con una población de 14.757.300 habitantes, es el país más grande de la región centroamericana y ocupando la posición 131 de 187 en el Índice de Desarrollo Humano 2012 es también uno de los más pobres. Los Acuerdos de Paz de 1996, que pusieron fin a treinta años de guerra civil y establecieron objetivos y políticas públicas para el desarrollo humano, económico y social, siguen incumplidos. El aumento demográfico de los últimos años ha perpetuado una situación de desigualdad económica y social, con un 62 por ciento de la población que vive en estado de pobreza y un 30 por ciento de pobreza extrema, números que se hacen más impresionantes si relacionados con la categoría más marginada, los indígenas de las comunidades Maya, donde el porcentaje de pobreza es del 83 por ciento y el de pobreza extrema del 47. Las instituciones estatales se encuentran débiles y falta la voluntad política para empezar un verdadero proceso de reconciliación nacional e inclusión social.

La ENDIS 2005, primera (y única) Encuesta Nacional de Discapacidad, revela que en Guatemala alrededor del 4 por ciento de la población padecía de una cualquier forma de discapacidad. La directora del Centro Maya nos informa que a la fecha este porcentaje ha subido hasta el 10 por ciento mientras lo que no ha subido es la renta mensual de las familias de estas personas: casi la mitad permanece en un estado de pobreza, ganando poco más de 28 dólares mensuales. Además, el 50 por ciento de las personas con discapacidades sigue siendo analfabeta, hecho que se traduce en una inserción en el mundo laboral muy limitada (apenas el 0,4 por ciento del total de la población guatemalteca) y en la dependencia constante de sus familias. Las oportunidades de trabajo son negadas por falta de conocimientos en el manejo de las discapacidades mismas o porque las personas no cumplen con las características estéticas para una buena presentación de la empresa. La condición de discapacidad sigue muy estigmatizada y la dificultad en acceder a los servicios médicos, causada por la inexistencia o desconocimiento de los programas asistenciales o por el elevado costo de los mismos, exacerba una situación ya de por si muy difícil. A pesar que Guatemala sea parte del Consejo de Ministros de Salud de Centro América y que por eso haya acceso a medicamentos regionales a bajo costo, de hecho, no existen hasta la fecha programas de compra de estos productos y el presupuesto asignado al sistema de salud por el gobierno del general Pérez Molina es del 1,21 por ciento del producto interno bruto, muy insuficiente para cubrir las necesidades de la población[2]. Además sólo los que trabajan en la pública administración tienen derecho al seguro público y, también en este caso, trasladar a niños o adultos no autosuficientes hasta los hospitales es un esfuerzo (físico y económico) que no todas las familias pueden afrontar, sobre todo si residen en las áreas rurales, como la Región Sur-Occidental, donde se encuentra la incidencia más alta de casos de discapacidades.

En el departamento de Sololá, al que pertenece San Juan la Laguna, los indígenas Maya de etnias Quichés, Cakchiqueles y Tz’utujiles sufren una tasa de pobreza del 77 por ciento y de pobreza extrema del 22 y el único presidio sanitario público es el hospital de Sololá, difícilmente accesible y carente de los más elementares medicamentos. En esta región, la mayoría de los partos se da en casa, en condiciones higiénico-sanitarias muy precarias y a veces sin tampoco contar con la asistencia de una partera, así que los accidentes son muy frecuentes. Además, la tasa de mujeres que efectúan exámenes diagnósticos prenatales es muy bajo mientras se encuentra muy alto el número de uniones entre consanguíneos. Sumando estos factores a las escasas posibilidades de curas peri y post natales, y a la imposibilidad de conseguir medicamentos para patologías específicas como por ejemplo la epilepsia, es evidente porque el número de niños, y luego de adultos, con discapacidades físicas o mentales sea tan elevado. E igual porque la presencia del Centro Maya en San Juan la Laguna sea tan importante.

Los estereotipos y prejuicios siguen siendo muy radicados y la marginalización es al orden del día. Los datos de la ENDIS destacan que la participación social de estas personas en actividades públicas como lugares religiosos, recreativos, turísticos o deportivos es limitada al 20 por ciento, pero al Centro Maya se estima que sea aunque inferior. Desde 2011 un nuevo proyecto, llamado Alma de Colores y llevado a cabo con la cooperación de la organización no gubernamental COE, intenta responder a estas necesidades con la creación de un laboratorio de terapia ocupacional donde se producen artesanías con materiales reciclados y naturales y pan hecho con masa madre. Aunque los coordinadores del proyecto lo consideren todavía insuficiente para satisfacer a las necesidades de orientación en un camino de inserción laboral y formación especifica, desde un punto de vista exterior esta iniciativa constituye por lo menos un intento de dignificación de la vida de estas personas que, adentro de familias indigentes y numerosas, en comunidades indígenas marginadas y en la total ausencia de apoyo por parte del Estado, se encuentran en la condición de excluidos de los excluidos.

[1] Por ejemplo la ley 135/96 promueve la educación para las personas con discapacidades e invita las autoridades educativas a adecuar las estructuras escolares para proveer servicios asistenciales y didácticos.

[2] Fuente: Prensa Libre, “Gestión de Otto Pérez: más retos que logros”, disponible en línea en http://www.prensalibre.com/noticias/politica/retos-logros_0_955704453.html

https://www.alainet.org/es/active/68192