Presentación

Durante este año son varios los hechos que debemos resaltar sobre la dinámica de la violencia contra el sindicalismo colombiano.

En primer lugar, tenemos que registrar la ejecución extrajudicial por parte del Ejército colombiano de tres reconocidos dirigentes sindicales del departamento del Arauca el día 5 de agosto, LEONEL GOYENECHE, tesorero de la subdirectiva de la CUT en ese departamento, JORGE EDUARO PRIETO CHAMUCERO, presidente seccional de ANTHOC y ALIRIO MARTÍNEZ, presidente del sindicato de trabajadores agrícolas. En esa misma acción fueron detenidos el presidente de la CUT en Arauca SAMUEL MORALES FLORES y RAQUEL CASTRO afiliada a ASEDAR.

En segundo lugar, el número de sindicalistas víctimas de homicidio continua siendo alarmante, aun cuando el numero es menor en comparación con igual periodo del 2003. Entre el primero de enero y el 25 agosto del año 2004 fueron asesinados 47 trabajadores sindicalizados, de los cuales 16 eran dirigentes, durante el mismo periodo del año anterior nuestro Banco de datos en derechos humanos registro 62 homicidios, de los cuales 25 eran dirigentes.

En tercer lugar, se mantiene las restricciones a la creación de sindicatos, ello se evidencia en el registro en el Diario Oficial de solo 3 organizaciones sindicales creadas en el periodo Enero –Julio de 2004.

Es en este marco que presentamos el presente informe sobre el estado de los derechos a la vida , la libertad y la integridad física de los sindicalistas colombianos para el periodo 1ro de Enero a 25 de Agosto de 2004, [1]

1. La situación de los derechos humanos de los sindicalistas durante el gobierno de Álvaro Uribe

Total de violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad física de los trabajadores sindicalizados en Colombia

Agosto 7 del 2000 – 25 DE AGOSTO DEL 2004

Fuente: Banco de Datos en DDHH de la ENS

Estas cifras ponen en evidencia los siguientes cambios : En primer lugar, el conjunto de las violaciones tuvo un incremento del 17.7%, lo cual contradice la afirmación gubernamental que indica que durante este gobierno la situación de derechos humanos de los sindicalistas ha mejorado; en segundo lugar, se han incrementado significativamente las amenazas, los allanamientos a hogares de sindicalistas o a sedes sindicales; las detenciones y los hostigamientos, la mayoría de estas violaciones tiene origen en agentes estatales; en tercer lugar, hay que resaltar la disminución significativa de los homicidios, en el periodo hubo una disminución del 54% en este tipo violaciones a los derechos humanos, es en la disminución, a la más grave de las violaciones a los derechos humanos : la vida, donde ha fundado el gobierno de Uribe la afirmación de que la situación de derechos humanos de los sindicalistas a mejorado durante su gobierno.

Desde agosto del año 2002, hasta el 25 de agosto del 2004, las mujeres fueron víctimas de 330 violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad, es decir, el 30% del total de violaciones a los DDHH registradas. Esto corresponde a 212 amenazas de muerte, 43 homicidios, 42 desplazamientos, 14 detenciones, 9 hostigamientos, 5 secuestros y 4 allanamientos.

Es importante señalar que del total de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, el 51%, (599 casos), fueron cometidas contra dirigentes sindicales, miembros de juntas directivas, comités ejecutivos y subdirectivas de las centrales sindicales. Del total de sindicalistas asesinados, 62 eran dirigentes, esta cifra indica que se mantiene la tendencia de la década: un promedio de 30 asesinatos por año y corrobora la tesis de una acción sistemática y deliberada contra los dirigentes sindicales. Del total de las 660 amenazas de muerte, 290 (el 44%) fueron dirigidas contra altos dirigentes sindicales, 47 dirigentes más fueron detenidos, 14 sufrieron atentados, 7 fueron desaparecidos, 53 sufrieron algún tipo de hostigamiento, 9 fueron secuestrados y 12 se vieron sometidos a allanamientos en sus residencias.

2. Balance de violaciones a los derechos humanos en el 2004.

Total de violaciones a la vida, la libertad y la integridad física

Sindicalistas Colombianos

Enero 1 - agosto 25

2003 y 2004

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos, Escuela Nacional sindical. Por limitaciones de recolección de información para la categoría de desplazamiento forzado para el periodo de Enero agosto de 2004, la excluimos de este cuadro; en igual periodo del año anterior registramos 91.

De los 392 casos de violaciones a la vida, la libertad y la integridad física registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical, en el periodo de enero - agosto, se pueden destacar los siguientes aspectos: En primer lugar, se presenta un aumento de la persecución sindical y de las amenazas contra dirigentes sindicales en momentos de fuertes conflictos laborales; en segundo lugar, se agudiza la situación del magisterio colombiano en los departamentos del Valle, Arauca, Magdalena y del Atlántico y, finalmente, persiste uno política gubernamental de restricción, penalización e ilegalización de la actividad sindical y los derechos relacionados con ella.

Paralelamente, y en el contexto de fuertes conflictos laborales, la situación de seguridad personal de los sindicalistas colombianos y de sus familias ha empeorado, los espacios de concertación siguen cerrados, las relaciones laborales con los empresarios públicos y privados se han deteriorado y se mantienen las restricciones al ejercicio del derecho de huelga, la creación de sindicatos y a la negociación colectiva.

Aun cuando se presenta una disminución en el número de homicidios en lo que va trascurrido del año, no fincamos esperanzas en que se mantengan la tendencias positivas[2] que se veían como consecuencia de la disminución del 51% en los homicidios y del 77% en los secuestros de sindicalistas en el año 2003. De nuevo parece confirmarse que las variaciones positivas siguen relacionadas con el resultado bastante contingente de los cambios en la estrategia militar y los cálculos políticos y estratégicos de los actores del conflicto armado y no tanto como consecuencia de la aplicación de políticas gubernamentales deliberadamente orientadas a garantizar y a proteger el ejercicio de la actividad sindical y los derechos de asociación en el país.

Tal cual lo reportábamos en nuestro informe anual del año 2003, en el 2004 se presentan también en mayor número las violaciones referidas a las amenazas de muerte, las detenciones arbitrarias de trabajadores y la violencia contra las mujeres, mientras en contraste, disminuyeron los homicidios, los secuestros y las desapariciones forzadas de sindicalistas. Estas variaciones responden, como se mostró, a los cambios generales en las modalidades de la violencia en el país, es decir, respondían a la tregua mal cumplida por algunos sectores del paramilitarismo y a los cambios que sobre la acción guerrillera produjo la ofensiva desplegada por las fuerzas militares.

Los 47 casos de sindicalistas asesinados entre el 1º de enero y el 25 de agosto, la ejecución extrajudicial de 3 dirigentes sindicales en Arauca; la persecución de que es víctima FENSUAGRO; el asesinato de CARMEN ELISA NOVA dirigente sindical de Sintrahospiclínicas en la ciudad de Bucaramanga, ciudad en la que se desató inmediatamente después de su asesinato una marejada de amenazas contra dirigentes sindicales de la CUT en el departamento de Santander; la amenaza masiva contra los directivos de Sinaltrainal en el contexto de la huelga de hambre decretada por esta organización el 15 de marzo del 2004; el secuestro el 17 de ese mismo mes de Carlos Herrera vicepresidente de la Asociación de Empleados del Departamento de Antioquia, por el 34º. frente de la FARC[3]; el agravamiento de la situación del magisterio en diversas regiones del país y la declaratoria de ilegalidad de la huelga de la Unión Sindical Obrera, corroboran, una vez más, que el gobierno actual, como casi todos los gobiernos que lo han precedido, carecen de voluntad política y capacidad para garantizar y proteger el ejercicio de la libertad sindical en Colombia y que los cambios en materia de derechos humanos de los sindicalistas colombianos siguen sujetos a los vaivenes del conflicto armado colombiano.

HOMICIDIOS CONTRA DIRIGENTES SINDICALES

Enero –agosto

2003 y 2004

Como lo hemos señalado en nuestros informes parciales y anuales, la violencia contra el sindicalismo colombiano es selectiva, discriminada y calculada. La naturaleza de esta violencia se confirma nuevamente en el 2004, con el hecho de que el 64% de las amenazas de muerte y el 34% de los homicidios se dirijan a miembros de juntas directivas de sindicatos, federaciones y centrales y, con el hecho de que las amenazas y los homicidios ocurran precisamente, y en razón, de los conflictos laborales en los que participan estos dirigentes.

Es ilustrativo del primer aspecto, la ejecución extrajudicial de los dirigentes sindicales del departamento del Arauca, el asesinato de Carlos Alberto Chicaiza, dirigente del Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Servicio Público del Valle –Sintraemsirva-, asesinado el 15 de abril del 2004 en el municipio de Calima, Valle del Cauca; el asesinato Carlos Raúl Ospina, dirigente de sindical de Sintraemsdes asesinado el 24 febrero de 2004 en Tulúa, el asesinato de Álvaro Granados Rativa, dirigente sindical de Sutimac, el 8 de febrero del 2004 en Bogota; el asesinato de Luis José Torres Pérez, dirigente sindical de ANTHOC, el 4 de marzo de 2004 en Barranquilla; el asesinato de Cesar Julio García, dirigente sindical de ASEIMPEC, el 13 de marzo del 2004 en Cartago; el asesinato de Carmen Elisa Nova, dirigente de Sintrahospiclínicas el 15 de julio en Bucaramanga.

3. Aumenta la violencia contra el magisterio colombiano

En Colombia el sector más afectado por la violación de los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad-, es el de los trabajadores del sector de los servicios públicos; sector que agrupa a los trabajadores de entidades y empresas estatales o privadas que se dedican a actividades de educación, servicios públicos domiciliarios, salud, justicia y construcción de obras públicas. De estos el magisterio colombiano ha sido tradicionalmente el subsector más afectado en las violaciones a la vida, a la integridad física y a la libertad.

Esta situación no ha sido diferente en el año 2004, 254 maestros han sido amenazados en el país y 20 educadores más han sido asesinados. La situación más difícil es la que viven los educadores del departamento de Antioquia – ADIDA- que reporta 107 amenazas y 8 homicidios. En segundo lugar, se encuentra la situación del magisterio del departamento del Valle, sindicalizado en SUTEV, que reporta 48 afiliados amenazados y en tercer lugar, se encuentra la situación de los educadores de Sucre, que reporta 42 educadores amenazados.

4. La estrategia de terror contra las mujeres sindicalizadas

Como afirmábamos antes, la situación de DDHH de las mujeres sindicalizadas se ha tornado dramática. En nuestro informe del año 2003 registrábamos con pavor un incremento del 600%. Lamentablemente la tendencia de violencia contra las mujeres se mantiene en año 2004, cuando 9 mujeres sindicalizadas han sido asesinadas, 106 han sido amenazadas y 6 han sido detenidas arbitrariamente. Como hemos dicho en otros informes, el incremento sustancial de las violaciones dirigidas contra mujeres sindicalizadas, refleja en sus intenciones una finalidad simbólica y estratégica de inmovilizar y aterrorizar.

Mujeres asesinadas en presencia de sus hijos, mutiladas, que sufren las amenazas de sus hijos, por la actividad que realizan o son utilizadas como medio de presión, se convierten símbolo a través del cual se aterroriza a los otros. Estas violaciones no son un fin en si mismo, son la imagen del terror dirigido a los otros: hijos, familiares, vecinos y demás sindicalistas y, buscan contundentemente, presionar la elección entre la vida y la integridad o la actividad sindical.

5. Violencia antisindical en las regiones

Las dinámicas de la violencia contra el sindicalismo se han extendido por todo el país , en años anteriores esta se centraba en algunos departamentos, en especialen Antioquia. Como lo muestra el cuadro siguiente la costa caribe, Norte de Santander, Arauca y el Suroccidente colombiano se han convertido en peligrosos terrenos para el ejercicio del sindicalismo.

Homicidios y amenazas de muerte contra sindicalistas según departamentos

Enero 1º al 25 de agosto

2004

Fuente: ENS

6. La Cental Unitaria de Trabajadores, la más victimizada.

Homicidos según centralales sindicales

Periodo Enero- agosto 2003 y 2004

Como lo hemos afirmado desde 1991, la Central Unitaria de Trabajadores es la central sindical más victimizada en todos los rangos de violaciones a los derechos humanos de los que recogemos información. Igualmente este año el 98% de las víctimas de homicidio eran miembros de la CUT, esto no soslaya el hecho de que la Central General de Trabajadores Democráticos de Colombia - la CGTD - ha sufrido 6 homicidios y 21 de sus afiliados han sufrido amenazas este año."

7. ¿El estado, mayor responsable?

Otro de los cambios importantes en la violencia contra el sindicalismo es que desde agosto del año 2002, es mayor la responsabilidad de las instituciones armadas y de seguridad del Estado en violaciones a los derechos humanos de sindicalistas. En el año 2004 la tendencia histórica del silencio se mantiene, en 276 casos registrados, es decir el 70.% del total no sabemos nada sobre los autores materiales o intelectuales. Del 30% de las violaciones restantes (116 casos) en los que tenemos información real sobre los posibles autores debemos decir que 59 violaciones son de responsabilidad estatal(50.8%), 38 fueron cometidas por las AUC(32.7%), 13 son obra de delincuencia común(11.2%), y 5 por la insurgencia(4.3%).

Debemos destacar que la responsabilidad estatal se concentra en detenciones arbitrarias o allanamientos y en las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra dirigentes sindicales en el departamento de Arauca.

8. La actividad sindical sigue siendo penalizada por el Estado

Analizando la situación vivida por los sindicalistas colombianos en el año 2003, se observa como el gobierno del presidente Uribe acompaña su política de seguridad y de guerra con una actitud de persecución y penalización hacia los actores del conflicto económico y social ubicados por fuera de la acción armada.

Este año tuvo como sello de las políticas de seguridad –o de guerra– un aumento escandaloso de la represión al derecho de asociación sindical, y un aumento de las detenciones, los allanamientos y hostigamientos por parte de la fuerza pública a las organizaciones sindicales en el contexto de conflictos laborales. La política antisindical del gobierno de Uribe no solo no ha cambiado, sino que se ha agravado este año, ya que hemos registrado 51 casos de detenciones arbitrarias de sindicalistas.

Tampoco ha cambiado una postura antisindical que ha sido reafirmada con la contundencia de los hechos, por ejemplo, con la sentencia del pasado 26 de marzo del juzgado 28 penal del circuito de Bogotá, por la cual fue absuelto el dirigente sindical, de la USO Hernando Hernández. La decisión del juez mostró adulteración de pruebas, testigos inducidos y pagados, manipulación de la información y la presentacion de pruebas falsas para inculpar a Hernando Hernández del delito de rebelión[6].

Una situación similar ha sido la vivida en el año 2004 por Luz Perly Córdoba, Responsable de Derechos Humanos de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –Fensuagro- , quien fue victima el 18 de febrero del 2004 de un allanamiento en su residencia y quien posteriormente fue detenida y acusada de rebelión, la detención el 8 de marzo de Gilma Culman Sánchez, sindicalista Afiliada al Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, quien además fue presentada ante los medios de comunicación como miembro de una organización insurgente.

Adicionalmente y en virtud de la política de seguridad democratica se producen allanamientos y se investiga y se detiene a los dirigentes sindicales acusándolos de ser insurgentes o colaboradores de la insurgencia con facilidad y escaso control. Por contraste, hasta el día de hoy, sólo en dos casos referidos a homicidios de dirigentes sindicales se han identificado los responsables y se han condenado y en el 99% de los casos de homicidios de sindicalistas no existen avances en las investigaciones y la mayoría de los casos se encuentran en etapa preliminar o, sólo con apertura formal de las investigaciones.

9. Persiste la política de negación y restricción de libertades sindicales

El 2003 fue uno de los peores años para los derechos de libertad sindical en el país, además de la precarización de los derechos laborales, los trabajadores y sus organizaciones vieron como el Ministerio de Protección Social, cuya función publica debía ser de estimulo a la sindicalización y vigilancia de las normas laborales, se dedicó a impedir la creación de sindicatos y restringir la actividad sindical. Una evidencia dramática de ello fue la aprobación de 26 solicitudes de ilegalidad de paros y huelgas de las 30 que fueron presentadas por los empresarios,.

La Declaratoria de ilegalidad de la huelga de la USO, y el posterior despido de 248 de sus afiliados, entre los cuales se encuentran 7 miembros de su junta directiva nacional, además de evidenciar la política antisindical del gobierno del Presidente Uribe, pone de manifiesto una política de gobierno de ir en contravía de la normatividad internacional, como lo atestigua su discurso en la más reciente conferencia de la OIT, donde expresó que excluye del ambito de los servicios publicos esenciales varias actividades economicas, porque él sigue una tradicion francesa y no la que se expresa en los convenios de OIT y en la doctrina del comité de Libertad Sindical. En este tema como en otros, al gobierno colombiano poco le ha importado desconocer la normatividad internacional que protege los derechos derivados de los convenios, las recomendaciones y mandatos de la Organización Internación del Trabajo.

Desde la posesión del presidente Uribe se presenta un giro radical respecto del tratamiento de los conflictos laborales: en vez de diálogo y concertación con las organizaciones sindicales, el tratamiento ha sido ilegitimar e ilegalizar todas sus acciones. Por un lado es claro el incremento de las solicitudes de ilegalidad de acciones de protesta o huelga que hacen los empleadores de empresas, públicas y privadas, confiados en una respuesta positiva por parte del Estado, y por otro, la manera como éste responde positivamente a estas solicitudes, contrariando de nuevo el derecho internacional del trabajo: más del 80% de las solicitudes de ilegalidad presentadas en los dos últimos años han sido resueltos a través de procesos que comprometen la independencia del Ministerio de la Protección Social y la legalidad de estas acciones. En Colombia no son los jueces laborales quienes deciden estas solicitudes, es el Ministerio de la Protección Social quien a través de decisiones administrativas lo hace con toda facilidad y rapidez, actuando a la vez como juez y parte, inclusive en casos en los cuales el conflicto se presenta con empresas estatales.

Igualmente se ha producido una caída brutal en el reconocimiento legal a nuevas organizaciones sindicales, en este caso el Ministerio de Protección Social sistemáticamente rechaza el registro de nuevas organizaciones sindicales pretextando razones formales e inclusive de orden público, nuevamente en este punto incumple los estándares legales internacionales, el gobierno colombiano interfiere en la vida interna de las asociaciones sindicales y de nuevo viola el principio de autonomía, tan importante para la vigencia del derecho de asociación. La autorización de funcionamiento para 9 sindicatos en el 2003 y solo 3 en lo que va corrido de 2004 son un aclara evidencia de esta politica.

Otros hechos graves enmarcan la política antisindical y de precarización laboral de este gobierno. Los negociadores colombianos del TLC se han opuesto a incluir en el tratado el respeto a normas internacionales del trabajo, se han cerrado todos los espacios nacionales de concertación y diálogo social, la ley que reforma la carrera administrativa de los servidores públicos en Colombia desmonta la estabilidad de los funcionarios de carrera y no garantiza el ejercicio del derecho de asociación, menos los de negociación colectiva o huelga. Las propuestas presentadas por el presidente Uribe para la nueva reforma pensional buscan, al eliminar regímenes especiales desconocer convenciones colectivas que son normas jurídicas nacionales agravando aún más el precario respeto de ese derecho en el país.

En la Conferencia de la OIT terminada a fines del mes de junio el gobierno colombiano logró que la grave situación de los derechos laborales en Colombia se soslayara y no se activara ninguno de los instrumentos de investigación por incumplimiento de compromisos normativos o constitucionales. Cabe esperar alguna discusión importante en la sesión especial que Comité de Libertad Sindical realizará del mes de noviembre, dedicada por entero al caso colombiano.

Las acciones del actual gobierno, están ligadas a un afán sistemático de neutralizar las fuerzas del sindicalismo. Un país sin sindicatos y ciudadanos sin derecho a asociarse o a protestar o a negociar las condiciones de su trabajo, es el cometido de la política laboral y sindical del actual gobierno.

* Documento elaborado por Área de Derechos Humanos y Laborales de la Escuela Nacional Sindical, Colombia