Honduras

Golpe, matanzas y elecciones en Honduras (II)

Francesca Emanuele

11/11/2013

Opinión

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En 2009 se derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya. El golpe de Estado fue posible gracias a la actuación principal de las fuerzas armadas, la colaboración del Poder Judicial y Legislativo, los grandes empresarios, la prensa hegemónica, y la participación estelar de EEUU (si bien aún no se conoce la profundidad de su implicación en el golpe).

A partir de aquel momento, el país centroamericano ha vivido un episodio –aún sangrante– de violaciones consuetudinarias a los derechos humanos, agravado por la delincuencia, el narcotráfico, la concentración creciente de la riqueza, y el ahondamiento de la pobreza y la miseria.

Después del golpe se convocaron cientos de manifestaciones multitudinarias. Las protestas fueron reprimidas haciendo uso de un manojo importante de mecanismos de intimidación. Tan solo en los dos primeros meses posteriores al golpe, se detuvo a más de tres mil personas por cuestiones relacionadas con las movilizaciones. Las detenciones iban seguidas de torturas, coacciones y, en algunos casos, violaciones sexuales. Organizaciones feministas han probado que al menos diez mujeres fueron violadas por “agentes de seguridad” en aquel contexto de lucha.

La política de Estado implantada bajo el gobierno de facto buscaba la desarticulación de la oposición a toda costa: se sitiaron las universidades que alzaron la voz, y sus estudiantes fueron reprimidos y criminalizados. Los maestros y dirigentes sindicales recibieron amenazas y persecuciones. Los que corrieron peor suerte fueron exterminados.

La Comisión de Verdad tiene pruebas importantes para sostener que al menos cuatro sindicalistas y 13 maestros murieron en circunstancias que apuntan a ejecuciones por razones políticas. Diez defensores de derechos humanos fueron asesinados; y entre 2009 y julio de este año, se acabó con la vida de 29 periodistas.

En una de las primeras movilizaciones masivas, la Policía asesinó a un activista de 19 años. En el lugar de los hechos se hallaron 167 casquillos de bala. Este patrón de violencia continuaría incluso después de los comicios donde salió electo presidente Porfirio Lobo, elecciones que no tuvieron la venia de la mayoría de jefes de Estado latinoamericanos, ni de diversos observadores internacionales.

Con Lobo en el gobierno –hecho que ha estirado la ausencia democrática en Honduras– las desigualdades y la miseria vienen acompañando la incertidumbre vital creada por la delincuencia y la represión estatal. Según un reciente informe del Center for Economic and Policy Research, Honduras tendría la distribución de la renta más desigual de América Latina. Y los datos del Instituto de Estadísticas hondureño reflejan que, desde el golpe de Estado, la pobreza se ha incrementado en un 13.1%, y la pobreza extrema en un 26.4%.

En 2008, Honduras se coronaba como el Estado con la tasa de homicidios más alta del mundo. En 2011, con Porfirio Lobo en la presidencia, el país seguía ostentando esta posición, solo que los asesinatos habían aumentado en un 49.4%, según revelan datos de Naciones Unidas. Las dos principales razones de las sistemáticas carnicerías humanas son el narcotráfico y su relación con la corrupción del aparato estatal.

La nación centroamericana es uno de los principales enclaves de traslado de drogas hacia los Estados Unidos. En base a este argumento, el país de Britney Spears entrega a Honduras más del 60% del presupuesto que destina a Centroamérica en materia de seguridad y defensa. Existen ya seis bases norteamericanas en el país, y se construye una séptima, la mayor de toda Latinoamérica. El año pasado, oficiales hondureños, junto con diez agentes norteamericanos de la DEA, asesinaron a balazos –en nombre de la lucha antidrogas– a cuatro campesinos inocentes (entre ellos una mujer embarazada y un niño) y dejaron a otros tres heridos. El mayor pecado que habían cometido estas personas era intentar llegar a su destino en el principal medio de transporte de la zona, una embarcación de pasajeros.

La guerra institucional antidrogas acabó con sus vidas. Sin embargo, no es capaz de acabar con el narcotráfico, que yace protegido por un importante número de políticos y oficiales de la ley. Alfredo Landaverde, exdiputado y asesor público especializado en narcotráfico, denunció en numerosas ocasiones la conexión de decenas de políticos y policías con el tráfico ilícito de drogas. En 2011, Landaverde fue silenciado al ser asesinado por dos sicarios. Las investigaciones judiciales apuntan a la injerencia de agentes de la Policía en el homicidio.

Mientras funcionarios y políticos se reparten las ganancias del narcotráfico impunemente, y EEUU sigue doblegando la soberanía del país en nombre de la lucha antidrogas, en Honduras el 45% de la población vive en extrema pobreza, y cada 74 minutos una persona muere asesinada. En compañía, bajo Porfirio Lobo, la educación pública ha sufrido una creciente privatización, los derechos sexuales y reproductivos alcanzados padecen un terrible retroceso, y el mercado laboral se ha precarizado aún más. Afortunadamente, a finales de este mes se celebran elecciones presidenciales, y muchos hondureños sienten que podría haber una luz al final del túnel.

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