San Cristóbal de las Casas.- Después de la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997, el gobierno federal pudo salir del enredo y del callejón sin salida en que se encontraba cuando los distintos actores ejercían presión sobre el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la desmilitarizacion de las comunidades indígenas, la desarticulación de los grupos paramilitares, entre otros aspectos no menos importantes, que arrinconaban al gobierno a que se comprometiera a dar una salida política al conflicto armado. El gobierno empezó a utilizar en su discurso la necesidad de desarticular los "grupos de civiles armados que estaban fuera de la Ley", y le dio el mismo calificativo al EZLN como grupo paramilitar al tiempo en que 96 priístas paramilitares recluidos en la cárcel de Cerro Hueco eran acusados de la masacre de Acteal, municipio de Chenalhó. Bajo el pretexto del desarme, el ejército se reposicionó en Chenalhó en 28 lugares e intentó penetrar hasta La Realidad donde supuestamente se encuentra la Comandancia General del EZLN, pero las oportunas denuncias de las comunidades, evitó momentáneamente el avance. Al parecer, quien obtuvo los mayores beneficios de la masacre fue el gobierno, porque le permitió cambiar su estrategia: hoy el EZLN militarmente está más arrinconado y más reducido su radio de movilidad por el cerco militar e incendiario en el campo chiapaneco; los municipios autónomos están siendo desarticulados y las cárceles se están llenando de indígenas militantes de la oposición mientras cada vez más se cierra el cerco a los observadores internacionales. Paralelamente a esto, el gobierno ha estado manejando el discurso de que el único camino en Chiapas es la "vía del diálogo", que "no correrá sangre indígena". Contrariamente a este discurso, la sangre indígena y campesina está corriendo. La ofensiva coincide con la presentación pública del Acuerdo Estatal de Reconciliación para Chiapas que presentó el gobernador Roberto Albores Guillén, y se inicia esta espiral de violencia con los asesinatos de los dirigentes de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPCH), Rubicel Ruiz Gamboa y Antonio Gómez Flores, en febrero de 1998, y que continúa hasta hoy con los asesinatos de otros dirigentes campesinos en la Fraylesca y el encarcelamiento de dirigentes de la organización campesina CIOAC, del PRD, bases de apoyo del EZLN, etc. Estas ofensivas se han llevado en períodos de mayor dispersión de la atención pública -como Semana Santa y períodos vacacionales- por medio de redadas policiaco-militares en la colonia La Hormiga en San Cristóbal, donde detuvieron a dirigentes indígenas evangélicos que se han caracterizado en años anteriores por realizar movilizaciones a favor de quien mejor les paga. Esta ofensiva continúa y se incrementa en una espiral de violencia que a corto plazo no se le ve fácil solución. Por su lado, las comunidades indígenas pese a todo continúan declarándose en resistencia, organizando sus regiones autónomas con un estado de alerta máxima. Las comunidades están dispuestas a no venderse ni a rendirse, porque no quieren regresar a las condiciones en que estaban antes del 1 de enero de 1994. En este contexto de resistencia los principales grupos paramilitares están usando el fantasma de Acteal, amenazando a sus principales opositores con llevar a cabo otra masacre igual en las zonas de Venustiano Carranza, la zona norte, El Bosque y Ocosingo, lo que ha tensado la situación en distintas regiones de Chiapas. Aunado a esto, las constantes visitas de Zedillo (durante su gobierno lleva 11 visitas a Chiapas y tan solo en lo que va del presente mes lleva 2), apoyan la continuación de esta política represiva orquestada desde el gobierno federal y como principal operador Albores Guillén. Los siete puntos de la estrategia Las autoridades estatales y federales llevan a cabo una ofensiva policiaco militar, principalmente sobre las comunidades zapatistas. La táctica del gobierno federal ha sido canalizar su estrategia por medio del gobierno del estado. Las dos visitas del presidente Zedillo y Emilio Rabasa Gamboa (Coordinador para el Diálogo) a Chiapas tienen como principal objetivo supervisar su implementación. Dicha estrategia fue resumida por Emilio Rabasa en 7 puntos: 1. Atención a las demandas del pueblo. Este punto es bastante ambiguo, porque las demandas del pueblo son muchas: tierra, trabajo, salud, educación, alimentación, vivienda, democracia, justicia, libertad, etc., y para responder a ellas se tendría que dialogar y dar solución a todos los sectores, incluyendo al EZLN y a los de oposición al gobierno, no solo a la parte del pueblo que milita dentro del PRI. 2. La focalización de los recursos a los municipios de mayor marginación. Los municipios de mayor marginación en Chiapas son 42 y la mayoría zapatistas. Lo que quiere decir que se van a canalizar recursos con dos finalidades: como estrategia de contrainsurgencia de división a las comunidades y para recuperar tanto las presidencias municipales como las bases sociales que el PRI que ha perdido en esos municipios. 3. Vigencia del Estado de Derecho. El gobierno, argumentando "recuperar el estado de derecho", aplica la ley pero principalmente contra los dirigentes de las organizaciones campesinas opositoras al gobierno. Mientras, el diputado priísta Samuel Sánchez, dirigente del grupo paramilitar "Paz y Justicia", confeso público de ser un grupo armado, no se le ha aplicado la ley, como tampoco a los paramilitares del MIRA en Taniperlas, a los Chinchulines en Bachajon que continúan agrediendo y asesinando campesinos de la oposición. 4. La política intercomunitaria. El gobierno maneja que los desplazados por la violencia política están retornando a sus comunidades, lo cual no es totalmente cierto. Las únicas que regresaron en los últimos días fueron 41 familias de Pantieneja en Tila. Lo que no dice el gobierno es que estos pocos retornados siguen hostigados por Paz y Justicia, condicionándoles a que dejen las filas de la oposición, que renuncien a su fe católica, que no realicen reuniones en la comunidad, que informen de todas sus actividades a los dirigentes de Paz y Justicia, etc. 5. El promover una política intercomunitaria con prioridad en Chenalhó. Lo cual no es posible, porque los paramilitares encarcelados en Cerro Hueco se presume que siguen controlando y dando órdenes por teléfono a sus seguidores en las comunidades priístas, amenazando a los desplazados con llevar a cabo otra agresión similar a la de Acteal. Por otro lado, el gobierno no aplica la ley ante la violación al derecho de libertad de culto, toda vez que los priistas prohibieron las celebraciones católicas en la cabecera y luego llamaron a un sacerdote expulsado de la Diócesis y que tiene un proceso canónico en contra. 6. Impulsar la remunicipalización, como parte de los Acuerdos de San Andrés. Para impulsar este punto es necesario retomar el marco Político de la Negociación y tener la voluntad política de cumplir lo firmado, por lo que la Comisión de Remunicipalización debe estar compuesta por los representantes de los Partidos Políticos representados en el Congreso Local, representantes del EZLN, representantes del Gobierno Local y los representantes indígenas de las comunidades. Como siempre, el gobierno impulsa la participación de los caciques indígenas de los municipios de Chenalhó, Chamula, Tenejapa, Oxchuc y Cancuc, que se publicitan con las autoridades para legitimar la política oficial. Mientras, las verdaderas comunidades representadas en los municipios autónomos están siendo reprimidas con el argumento de usurpación de funciones. Si se reinstala esta Comisión una vez más, del mismo modo y forma que el gobierno intento llevarla a cabo el año pasado, se encontrará con la resistencia de las comunidades indígenas. La otra alternativa del gobierno será impulsar la remunicipalizacion donde los caciques piden su autonomía, como en Monte Cristo, municipio de Angel Albino Corzo; Belisario Domínguez, municipio de Motozintla; y Malpaso, en el municipio de Tecpatán, etc. Luego de que en la última visita del presidente Zedillo exhortara a la aceleración del proceso de remunicipalizacion, el gobernador Albores ejecuta dicho mandato invocando una nueva propuesta sobre la materia para finales del presente mes. 7. La solución política y la vía del diálogo al conflicto armado en Chiapas. Por un lado se maneja este discurso, sin embargo, el gobierno muestra la cara de la represión, de fortalecer a los grupos de poder caciquil y conservadores en Chiapas, como las familias Orantes en la Fraylesca, los Ruiz en la Concordia, los ganaderos en Ocosingo y Altamirano y los Auténticos Coletos en San Cristóbal. Las organizaciones campesinas Con la última visita de Zedillo a Chiapas, las organizaciones campesinas que tradicionalmente han venido luchando por la tierra ven cerrada la posibilidad de seguir accediendo a ella. El Ejecutivo Federal informó el fin del reparto agrario por medio de la compra de 193 mil 686 has. con un valor de 800 millones de pesos entregadas a 50 mil campesinos chiapanecos. Por su lado, los ganaderos de los municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo exigen el pago de 680 predios tomados desde 1994 por los zapatistas y organizaciones campesinas. Mientras tanto, en los centros urbanos más grandes de Chiapas como San Cristóbal, Tuxtla, Tapachula y Comitan existen más de 300 expedientes esperando solución por tierras tomadas después del 1? de enero de 1994. Si las tierras tomadas no las paga el gobierno a los ganaderos, ni las legaliza, los campesinos temen ser desalojados, como lo están llevando a cabo en Yajalón, Venustiano Carranza y Tapachula. Paralelamente, los campesinos de la oposición están sufriendo los embates de la represión ante el aumento de encarcelados, principalmente en los municipios donde gobierna la oposición como en Jitotol, Ixtapa, Soyalo, Nicolas Ruiz, Altamirano, Ocosingo, Chilon y Sitala. En varios de ellos hay procesos abiertos contra los principales dirigentes que, al arrancar la contienda electoral, se les ira amenazado con aplicar órdenes de aprehensión. Sin embargo, las organizaciones campesinas a través de los distintos bloques buscan su rearticulación. El Frente Amplio de Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO), las Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP) que aglutinan a una serie de organizaciones y otro tanto de organizaciones indígenas y campesinas, están haciendo un nuevo intento de coordinación entre las fuerzas sociales con el fin de contener la represión y reorganizar el movimiento popular, en lo que se conoce como el Foro de Convergencia de Organizaciones. Si bien es cierto que es un buen intento, todavía no logra consolidarse en torno a ejes comunes como la represión, la desmilitarización, desparamilitarización, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, etc., es decir, todo aquello que les diera unidad por encima de las diferencias. La Campaña xenofóbica La calidad del turismo ha cambiando en Chiapas. Los turistas no solo vienen a disfrutar de las bellezas naturales del estado, sino a solidarizarse, a informarse, a conocer y ver lo que pasa. Sin embargo, los retenes militares y migratorios rumbo a Palenque, Tonina, Laguna Miramar, Lagos de Montebello, etc., poco distinguen el tipo de turismo que pasa por esos lugares. A la mayoría de los turistas que son retenidos por el Instituto Nacional de Migración, se les pone un sello que dice "está enterado de sus derechos y las leyes mexicanas", lo cual es una advertencia para cualquier intento de observación o arribo a un Campamentista Civil por la Paz. Las visitas de los observadores internacionales ha molestado tanto al gobierno mexicano que está impulsando por los diversos medios de comunicacion, sobre todo la televisión, el espíritu "chauvinista", y a rechazar todo tipo de solidaridad internacional; además, intenta culpar a la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) y a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas de promover la intervención extranjera en el país. El gobierno pretende ocultar las violaciones a los derechos humanos, las acciones del ejército, de los diferentes cuerpos policiacos, y la responsabilidad de los presidentes municipales militantes del PRI que se presumen apoyan la paramilitarizacion. El gobierno no quiere los ojos del mundo en Chiapas, no quiere incomodidades ni testigos, no quiere que los tratados comerciales internacionales se vean estropeados por ellos. Para ello ha propuesto una serie de reformas a la Ley General de Población en lo que compete a los observadores internacionales: a) deben ser avalados por una organización "seria" y por lo menos con 10 años de trabajo de observación internacional; b) que los observadores hayan participado como observadores internacionales; c) que el trabajo que hayan realizado como observadores haya sido publicado; d) los grupos de observadores serán como máximo de 10 personas; e) no se les otorgará permisos superiores a los 10 días entre otras cosas que serán discutidas en la próxima Sesión del Congreso Federal a finales de este mes. Por otro lado, se les ha empezado a negar la visa a observadores internacionales como a Ted Lewis, Coordinador de Global Exchange en San Francisco, Estados Unidos. Se continúa persiguiendo, hostigando e investigando a personas que llegan a Chiapas como al grupo de 12 personas de la Iglesia Unida de Cristo que llegó de visita y a colaborar en proyectos productivos en la zona de Las Margaritas. Esta campaña contra los extranjeros crece y cada vez más se burocratiza su entrada al país. Los que logran entrar se les restringe los lugares de visita en Chiapas, se les especifica en su visa a donde pueden ir. Esto es anticonstitucional, ya que el gobierno mexicano niega la existencia de la guerra en Chiapas y por otro lado restringe el libre tránsito en el estado, lo cual es contradictorio. También los retenes militares son anticonstitucionales si no existe la guerra. Sin embargo, crecen las esperanzas porque se instale una oficina de la Unión Europea de observación internacional sobre los derechos humanos en San Cristóbal.