El próximo 24 de noviembre se celebrarán elecciones en Honduras y el ambiente preelectoral ha estado signado por un trasfondo poco visible que antecede, sustenta y trasciende este proceso: la pugna entre la nueva élite de cuño árabe-judío y la antigua élite criolla latifundista ganadera. Ésta, impulsada por el afán de re-posicionarse en puestos clave de la economía y la política, y aquella, porfiando por preservar su espacio y actual poder económico y político compartido con el capital de origen estadounidense.

El Decreto Nº 8 y la ley de reforma agraria (Decreto Nº 140) del primer quinquenio de los 1970 legitimaron jurídica y socialmente las tomas masivas de tierra emprendidas en los principales valles por migrantes desposeídos procedentes principalmente de los bolsones de pobreza localizados en el cordón fronterizo con El Salvador y la zona sur. Esas acciones emprendidas por los desposeídos y legitimadas por el Estado mellaron las bases fundiarias de esa élite latifundista que, además, por su propia condición productivo-ganadera resultaba extemporánea e incapaz de comandar una industrialización del país que resultaba imperativa ya desde los 1950, industrialización al amparo de cuyos incentivos fiscales crecerá la élite empresarial de origen árabe-judío. La fracción lúcida de esta élite, que muy tempranamente reclamaba su cuota de control gubernamental, va a apoyar el proceso reformista emprendido en ese quinquenio, consciente de que habría de implicar el debilitamiento del poder económico y político latifundista que monopolizaba el manejo del Estado.

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