Durante su reciente visita oficial a Francia, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se reunió en París con un grupo de intelectuales para exponerles una de las preocupaciones de su país: el conflicto que opone varias comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana a la empresa petrolera estadounidense Chevron, acusada de destrucción medioambiental y de daños a la salud de miles de personas. A escala internacional, este conflicto ecológico ha adquirido un carácter muy emblemático.

 

Ecuador –primer país del mundo en reconocer, en su Constitución, los inalienables derechos de la naturaleza, convirtiendo a esta en sujeto de derecho–, se enfrenta a una multinacional petrolera, la Chevron Corporation, que es la segunda más importante de Estados Unidos y la sexta del mundo, denunciada por múltiples casos de contaminación medioambiental en diversos lugares del planeta.

“Todo empezó en 1964 –nos explica Rafael Correa–, cuando la empresa estadounidense Texaco [adquirida en 2001 por Chevron] inició su explotación petrolera en una amplia zona de la Amazonia ecuatoriana. Esa actividad duró hasta 1992. Al año siguiente, 1993, las comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbíos presentaron, en Estados Unidos, una demanda contra la petrolera Texaco por contaminación medioambiental y atentado a la salud de los habitantes. O sea, debe quedar claro que no es el Estado ecuatoriano quien lleva a los tribunales a Texaco-Chevron, sino un grupo de ciudadanos víctimas de un crimen medioambiental. Chevron heredó esa demanda cuando compró y absorbió Texaco en 2001. Poco después, a petición de la propia empresa, el caso –que los tribunales de Estados Unidos se negaron a juzgar– fue trasladado a una corte de Ecuador.”

“Hay que añadir –precisa el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, presente también en esa reunión parisina junto al presidente Correa– que Texaco, antes de retirarse definitivamente de Ecuador en 1992, dijo haber ‘limpiado’ los dos millones de hectáreas de selva virgen en los que operó. Lo cual no solo es inverosímil sino falso. Porque todos esos terrenos, como cualquier testigo puede comprobar, se hallan totalmente degradados, con decenas de abominables vertederos de alquitrán que han contaminado ríos y acuíferos. El agua, en toda esa región, es ahora no apta para el consumo. Y se ha multiplicado el número de cánceres entre la población. En toda esa selva, la excepcional biodiversidad ha sido sencillamente asesinada.”

“Y lo peor –añade Rafael Correa– es que el Gobierno ecuatoriano de la época le firmó a Texaco, en 1998, un ‘acto de finiquito’ en el que reconocía que la empresa estadounidense lo había dejado ‘todo limpio’, y la exoneraba de cualquier responsabilidad sobre consecuencias futuras de sus desmanes petroleros. Esto es muy importante. Ese ‘acto de finiquito’ le da un argumento enorme a Texaco-Chevron. En caso de demanda contra ella, la empresa puede decir –¡y con todo cinismo, lo dice!–: ‘Yo lo entregué todo limpio. Así me lo reconoció oficialmente el Estado ecuatoriano. En consecuencia: cualquier condena contra mí debe ser asumida por el Estado de Ecuador porque él es responsable de lo que ocurrió en esos terrenos después de mi partida...’

Hay que saber –sigue exponiendo el presidente Correa– que la Corte Provincial de Sucumbíos, en enero de 2012, condenó a Chevron a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por haber causado uno de los ‘mayores desastres medioambientales del mundo’ entre 1964 y 1990. Una suma que se duplicaría –¡y alcanzaría los 19.000 millones de dólares!– en caso de que la empresa no presentase excusas a los damnificados en las semanas siguientes a la sentencia. Pero Chevron, para desprestigiar esa decisión judicial y evadir su responsabilidad, alegó que, en ese juicio, los abogados de los demandantes habían falsificado los datos y presionado a los peritos científicos para encontrar contaminación donde no la había. Y presentó un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia (1).”

 

“Ante esa situación –prosigue ahora el canciller Ricardo Patiño– Chevron decidió ampararse en el Tratado de protección recíproca de inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos, y que entró en vigor en 1997. Pero este tratado, en nuestra opinión, no concierne a este caso, pues la demanda de las comunidades indígenas contra Chevron es de 1992, y el tratado, establecido en fecha posterior, 1997, no contempla aplicación retroactiva.”

“Con ese argumento –nos explica el presidente Rafael Correa– Chevron acudió a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, la cual nombró, como es habitual en estos casos, un Tribunal específico para este asunto. Este Tribunal está compuesto por tres jueces, designados (y pagados) por las partes en litigio; uno por la empresa, otro por el país y el tercero por estos dos jueces anteriores. Aquí también el poder judicial ecuatoriano cometió un error, porque designó a uno de los jueces, con lo cual implícitamente dio la impresión de que Ecuador aceptaba ese Tribunal de arbitraje. Cuando, en realidad, nuestro Gobierno rechaza ese Tribunal, no lo considera competente.”

“El caso es que ese Tribunal –agrega el canciller Ricardo Patiño– concluyó, en 2012, que Ecuador ‘incumple leyes internacionales al no tratar de impedir’ la ejecución de un fallo contra Chevron que obliga a esta empresa a pagar miles de millones de dólares a varias comunidades indígenas por la contaminación de la Amazonia. El Tribunal insiste en que ambas partes –el Estado de Ecuador y Chevron– habían alcanzado previamente un acuerdo, mediante un ‘acto de finiquito’, que exoneraba a Texaco-Chevron de responsabilidades medioambientales futuras.

El Tribunal de arbitraje también alega que Ecuador ha violado el Tratado bilateral de inversiones entre Quito y Washington, según el cual Ecuador debe ‘tomar todas las medidas a su alcance para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o el reconocimiento dentro o fuera de Ecuador de cualquier sentencia contra una firma estadounidense’.

En resoluciones anteriores, ese Tribunal ya había advertido, además, de que ‘cualquier pérdida surgida de la ejecución de la sentencia de la Corte de Sucumbíos sería una pérdida por la que el Estado ecuatoriano sería responsable ante Chevron, bajo el derecho internacional’.”

El presidente Rafael Correa retoma entonces la palabra para explicar que “las decisiones del Tribunal de arbitraje de La Haya han sido rechazadas por nuestro Gobierno. Primero, porque Ecuador, como Estado, no está implicado, repito, en esta querella. Defendemos los derechos de las comunidades indígenas afectadas por la contaminación y víctimas de los desmanes de una multinacional petrolera. Pero no somos parte en el pleito. Y por respeto al principio democrático de la separación de poderes, no queremos inmiscuirnos en asuntos de la rama judicial.

Sin embargo, por otra parte, observamos que, en el marco actual del despojo de la soberanía de los Estados, los tribunales de arbitraje tienen cada día más poder. Cada vez más, los tribunales de arbitraje están fallando a favor de las corporaciones multinacionales. Y si no acatamos el fallo del Tribunal de arbitraje (que aún no es definitivo), Ecuador podría quedar aislado comercial y políticamente.

Todo esto es triplemente escandaloso, porque si la decisión del Tribunal de arbitraje se aplicase, Ecuador estaría violando su propia Constitución pues significaría que nuestro Gobierno estaría interfiriendo con el Poder Judicial. Chevron no solo quedaría exonerada de pagar por la limpieza de la selva y la reparación a las comunidades afectadas, sino que podría demandar pagos al pueblo ecuatoriano por el costo legal del litigio...

Nosotros consideramos que este caso no es jurídico, sino político: contra nuestro gobierno –concluye el presidente Rafael Correa–. Por eso apelamos a la solidaridad internacional. En todas partes se están constituyendo Comités de apoyo a nuestra Revolución Ciudadana. E invitamos a todos nuestros amigos y amigas, de Europa y del mundo, a expresar igualmente su rechazo a la prepotencia de aquellas empresas multinacionales que destrozan el medio ambiente y quieren luego lavarse las manos. La ‘mano sucia’ de Chevron no debe quedar impune.”

 

(1) El pasado 12 de noviembre, esa Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió un fallo en el que confirmó la condena de la petrolera estadounidense Chevron a pagar 9.500 millones de dólares “por contaminación ambiental en la Amazonia ecuatoriana”.

 

- Ignacio Ramonet es Presidente de l’association Mémoire des Luttes

 

Editorial de Le Monde diplomatique en español, Nº: 218,   Diciembre  2013