Genocidios y destituciones, ¿democracia?
09/12/2013
- Opinión
El procurador atentó contra nuestro derecho a la elección popular de alcaldes con la destitución y sanción por 15 años del alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Al igual que la sanción a Piedad Córdoba, son decisiones políticas que tienen el mismo efecto que el genocidio político. Como el genocidio contra movimientos como la UP, A Luchar y el Frente Popular cierran el sistema político, atentan contra la democracia, las mesas de negociación y la posibilidad de construir la paz.
El 13 de marzo de 1988, los y las colombianas pudimos acudir por primera vez a las urnas para elegir por voto popular y directo a las autoridades más cercanas: los alcaldes municipales. En los años ochentas, la izquierda del país, es decir, movimientos como A Luchar, la Unión Patriótica (UP), el Frente Popular y el Partido Comunista Marxista Leninista habían mantenido como parte de sus banderas la descentralización y la necesidad del aumento del poder local y regional. Tenían, entonces, un interés por la descentralización administrativa y el fortalecimiento de las regiones del país, de la cultura popular, de la participación de las bases y de las periferias, así como la intención de fomentar el pluralismo y reforzar la sociedad civil. La elección popular de alcaldes fue un derecho del pueblo colombiano adquirido con la movilización popular.
La primera elección popular de alcaldes en Colombia fue el efecto tardío del movimiento descentralizador de la década de los setentas y ochentas en la mayoría de países de Europa occidental y América Latina, al tiempo que fue una respuesta a la nueva y conflictiva geografía económica y social que se estaba conformando en el país. Adicionalmente, fue un periodo de ascenso de la protesta social regional. La presencia de importantes movimientos sociales y la expansión de la protesta urbana y los paros cívicos, habían desbordado la capacidad de manejo y control del Estado. Esto también motivó el reajuste de las instituciones de poder local, a través del cual el Estado buscó fortalecerse en los territorios.
Estos mismos movimientos políticos (A Luchar, la UP y el Frente Popular), que entre otras tantas cosas lucharon por la elección popular de alcaldes, fueron víctimas de genocidio político, puesto que durante este periodo se generaron contra ellos una serie de acciones violentas desde las fuerzas militares y paramilitares; acciones que estuvieron compuestas de señalamientos, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos.
La década de los ochentas se caracterizó por una fuerte violencia política en Colombia, no sólo contra la UP sino contra la oposición política en general (A Luchar, el Frente Popular, el sindicalismo, etc.). Hoy se habla de 3.026 víctimas de la UP y 3.600 muertos del sindicalismo. Las víctimas de esta violencia política, en su mayor proporción, eran de la izquierda, especialmente de la UP, aunque A Luchar también sufrió el embate de la violencia política. Los hostigamientos que se hicieron al movimiento A luchar fueron constantes, pero aumentaron a partir de 1988. En este año se reportaron persecuciones de la fuerza pública en Barrancabermeja, Sincelejo y Bogotá contra militantes de este movimiento político.
Este genocidio se expresó de diversas maneras. En mayo de 1988 aproximadamente más de 80.000 campesinos marcharon en el Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Santander y Arauca con la conducción de A Luchar. Durante estas marchas fueron asesinados 50 campesinos y hubo más de 500 detenidos. La Operación Relámpago en el Valle del Cauca fue una operación conjunta entre todos los organismos de inteligencia, con el objetivo de liquidar la dirección sindical cercana a A Luchar, quienes fueron víctimas de allanamientos y detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.
Frente al tipo de hechos y crímenes de lesa humanidad contra A Luchar, hay que subrayar que el 80% de los casos son ejecuciones. En un segundo nivel están las amenazas de muerte denunciadas con un 14 % y en un tercer nivel están las desapariciones forzadas.
Estamos así ante la generalización del genocidio político en Colombia. Tanto en el caso de la UP como el de A Luchar hay tres rasgos centrales que configuran la especificidad de la persecución sistemática a la izquierda colombiana. En primer lugar, la intencionalidad de los autores de acabar con grupos políticos, o al menos de expulsar de la vida pública a sus sobrevivientes y a las bases sociales que han resistido la ola de violencia. En segunda instancia, es notorio que se trata de un proceso de exterminio de fuerzas políticas legales en condiciones de un Estado considerado democrático y en el que se supone la existencia de una institucionalidad ajustada a las normas del derecho. La perpetración del genocidio en sí misma pone en duda tal condición democrática, y cuestiona seriamente esa institucionalidad toda vez que las modalidades de persecución utilizadas han conjugado tanto formas legales -a través de disposiciones de carácter jurídico y administrativo- como medidas ilegales -“guerra sucia”, operaciones encubiertas, campañas de estigmatización oficial, acción paramilitar, etc. En tercer lugar, cabe destacar que los graves hechos de persecución se han llevado a cabo durante un prolongado período, lo que demuestra que la intencionalidad persecutoria ha perdurado en el tiempo.
En la actualidad el Procurador atenta contra nuestro derecho a la elección popular de alcaldes con la destitución y sanción por 15 años del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien fue elegido popularmente. Al igual que su decisión de destituir e inhabilitar a Piedad Córdoba por 18 años, por su supuesta colaboración con grupos al margen de la ley. No son decisiones de control sino decisiones políticas que tienen el mismo efecto que el genocidio: cierran las posibilidades de participación política en un sistema de por sí bastante cerrado y decretan la “muerte política” a estas alternativas de poder.
Es innegable que al igual que el genocidio político que sigue ocurriendo en menor proporción en el país, las destituciones y sanciones dan un mal mensaje a la posibilidad de cierre del conflicto armado. La decisión de Ordoñez pretende desestabilizar las mesas de negociación como han hecho sus amigos de la ultraderecha al dar declaraciones que torpedean los diálogos de paz. Ante una situación en la cual se destituye o asesina a toda posibilidad de alternativa, se afecta la bandera del diálogo y, más aún, la posibilidad a largo plazo de construir la paz.
A la controvertida actuación de Ordoñez como procurador, debido a sus posiciones ultrarreligiosas, el uso político de un ente de control como debería ser la procuraduría, se le suman los crecientes rumores de clientelismo, ofreciendo puestos con apetitosos salarios, o su irrespeto a los derechos de las mujeres con sus posturas ante el aborto y a la comunidad LGBTI con sus actuaciones contra el matrimonio igualitario. Es decir, estamos ante un procurador que no respeta los derechos sociales.
Los votos que eligieron a Piedad y a Petro deberían ser respetados. No debería estar por encima la decisión de un personaje que no fue elegido democráticamente. La movilización popular y la unidad de la izquierda y las fuerzas alternativas son urgentes y necesarias para defender la democracia. Al país le quedan grandes preguntas por resolver ¿retrocedimos a 1988 cuando no podíamos elegir a los alcaldes?, ¿es real y posible la participación política alternativa?, ¿estamos ante una democracia?, ¿los votos de la ciudadanía cuentan?, ¿hay garantías para la participación política o seguiremos cargando muertos (políticos y físicos)?
Foto: www.bluradio.com
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