Colombia padece una grave crisis humanitaria casi desde sus orígenes como nación lo que no ha impedido que el país proyecte una imagen de democracia estable, con elecciones cada cuatro años, ajena a las dictaduras que asolaron el continente y con una Constitución vigente desde 1991 que establece más de un centenar de artículos destinados a consagrar los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección. Pero la inmensa mayoría de los colombianos no gozan de los beneficios de ese país formal sino que sufre los efectos de una violencia social y política cuya intensidad no ha dejado de aumentar desde la pasada década de los años ochenta. Con el comienzo de este siglo la violencia alcanzó la cifra de veinte personas muertas cada día y los niveles de pobreza se situaron en el 50% de la población. En los dos primeros años de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez no sólo no ha mejorado esta situación sino que ha empeorado como consecuencia de la aplicación de su política de "seguridad democrática" sustentada en la convicción de que todos los ciudadanos son combatientes y, por tanto, deben colaborar activamente con las autoridades o arriesgarse a ser perseguidos como sospechosos de terrorismo. La opción por la guerra ha propiciado la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos, la restricción de los derechos y libertades fundamentales que, al menos sobre el papel, se reconocían a los colombianos y un deterioro alarmante en las condiciones de vida. Colombia ejemplifica lo que denunció el presidente Zapatero ante la ONU: "El mayor riesgo de una victoria de los terroristas se produce cuando para luchar contra el terror la democracia traiciona su propia esencia, los estados limitan las libertades, cuestionan las garantías judiciales o realizan operaciones militares preventivas". A continuación exponemos diversos aspectos de la realidad colombiana de los dos últimos años, fundamentados en los datos y análisis de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos colombianas e internacionales, y nuestra visión sobre la política de cooperación que la Unión Europea debería promover hacia este país. * LEGISLACIÓN REPRESIVA Y MILITARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 1 . 1. Estado de conmoción interior El 11 de agosto de 2002, cuatro días después de su toma de posesión, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez decretó el estado de conmoción interior en todo el país, que comenzó a ejecutarse a través de las medidas "para el control del orden público" recogidas en el decreto 2002 del 9 de septiembre de 2002, que también estableció unos territorios militarizados denominados "zonas de rehabilitación y consolidación". Sólo con la lectura de los fundamentos de este decreto se podía aventurar las consecuencias negativas que su aplicación tendría para la población civil: "Dentro de los principales soportes de la acción delincuencial de tales organizaciones (los grupos al margen de la ley) se encuentra, por una parte, la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil y el ocultamiento de sus equipos (...) en las poblaciones y, por otra, el constante abastecimiento que funciona en los lugares que permanecen". El decreto fue la primera de las medidas legislativas del nuevo Gobierno que recortaron los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos: se permitió que, sin autorización judicial, la Fuerza Pública detuviera a sospechosos, interceptara comunicaciones y realizara registros domiciliarios; en las zonas especiales, militares y policías podían registrar todos los datos personales y los movimientos de los residentes y de las personas que estuvieran de paso. Estos amplios poderes concedidos a la Fuerza Pública propiciaron los abusos cometidos por ésta y el aumento de la presencia o consolidación de los grupos paramilitares en muchos municipios de las zonas de rehabilitación; la propia Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio cuenta de esto: "Al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad intensificaban sus operaciones de contrainsurgencia en las zonas de rehabilitación, que cubren áreas tradicionalmente bajo el control de la guerrilla, los grupos paramilitares penetraron algunos lugares, como en la ciudad de Sincelejo y otras municipalidades en Sucre, como Chalán y Ovejas. En otros lugares, como Arauca, mantuvieron su presencia a pesar de las operaciones militares". En estas áreas la Fuerza Pública también desarrolló "campañas de acercamiento a la comunidad", que incluían acciones de propaganda bélica en las escuelas como el programa "soldado por un día" realizado en Saravena (departamento de Arauca). Como parte de dicho programa, un grupo de 20 niños era llevado todos los jueves al Batallón Revéiz Pizarro. Durante su visita los niños podían nadar en la piscina, concursaban en rifas, jugaban con los soldados y se los llevaba a pasear en un tanque militar. También se les daba comida y unos billetes de juguete diseñados por el grupo de operaciones psicológicas del Ejército para instar a los miembros de grupos guerrilleros a desertar y entregarse. En su cara posterior estos billetes decían: "El gobierno lo recompensa. Ud. y su familia merecen otra oportunidad. Vuélese Ya!. Según la Fuerza Pública, el objetivo de este programa era "hacer que el hijo del guerrillero cuestione al papá". En cuanto al billete, "la idea es que los niños lo lleven a la casa y así llegarles a los papás y a los hermanos mayores". Las escuelas eran objeto de presiones para enviar a los niños a participar en el programa. Se tuvo conocimiento de que una maestra recibió amenazas por instar a los niños a no asistir a la base militar. El grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) amenazó a las familias que participaran en el programa. Como lo indicó la Procuraduría General de la Nación en sus informes, la creación de zonas de rehabilitación y consolidación "no tuvo los efectos esperados en materia de mejoramiento del orden público (…) Es un experimento fallido en términos cuantitativos y cualitativos, máxime si es puesto en perspectiva de derechos humanos. Ni el aumento del pie de fuerza, ni la estrategia de los informantes, ni la de soldados campesinos, han dado los resultados previstos y en cambio sí han generado otras dificultades adicionales, que van desde el tema presupuestal hasta la exposición de la población civil a un mayor riesgo del que ha venido padeciendo (…) A la permanencia y aumento de asesinatos y al sinnúmero de irregularidades cometidas con ocasión de las capturas y detenciones realizadas por la fuerza pública y la propia policía judicial, se sumó el miedo y la incertidumbre de gran parte de la población de la zona; y nuevamente el gobierno acusa una deuda social enorme, en relación con la cual no se dieron siquiera los pasos iniciales"[1]. 1 . 2. Estatuto antiterrorista A pesar de que se constató que las facultades otorgadas a los militares durante la vigencia del estado de conmoción interior sólo empeoraron la situación de los derechos humanos, el Gobierno promovió la aprobación del llamado Estatuto antiterrorista que modificaba la Constitución de 1991 para que las nuevas disposiciones estuvieran vigentes durante cuatro años prorrogables por el Congreso; se establecía así el estado de excepción permanente. El estatuto mantenía las mismas competencias a la Fuerza Pública que el estado de conmoción y, además, les otorgaba las facultades de policía judicial, es decir, podrían investigar delitos mediante la práctica de pruebas y el interrogatorio a sospechosos lo que implica que podrían indagar las violaciones a los derechos humanos de los que son acusados los propios militares. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las distintas instituciones del Estado "a no introducir en el ordenamiento jurídico colombiano normas que faculten a los miembros de las fuerzas militares para ejercer funciones de policía judicial, ni otras que sean incompatibles con la independencia de la justicia", argumentó que la aprobación del estatuto vulneraría los tratados y los compromisos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia e insistió en que esas medidas eran ineficaces para enfrentar el terrorismo y más bien resultaban contraproducentes pues favorecerían la ocurrencia de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2003, día internacional de los derechos humanos, el Congreso ratificó la propuesta del Gobierno. Aunque la Corte Constitucional rechazó su aprobación el pasado 30 de agosto, el Gobierno no ha renunciado al estatuto antiterrorista pues ya ha presentado un recurso para que se anule la decisión de la Corte; sobre el rechazo de la Corte, el ministro del Interior manifestó que "la Corte extralimitó su competencia (...) Los terroristas deben estar contentos". 1 . 3. Restricciones al control de la Corte y a la acción de tutela La supervisión ejercida por la Corte Constitucional a las iniciativas gubernamentales que afectan a los derechos fundamentales ha puesto a esa institución en el punto de mira del Gobierno. Por eso, entre las reformas de la Constitución que promueve está la eliminación del control de la Corte sobre la declaratoria de los estados de excepción lo que permitiría que Colombia regresara al estado de sitio casi constante que se vivió en la segunda mitad del siglo pasado. El Gobierno también ha anunciado que en la reforma constitucional se establecerá que la Corte no pueda pronunciarse sobre asuntos de fondo en materia de reformas constitucionales. La otra víctima de los cambios en la Constitución será la acción de tutela, el derecho que tienen todos los ciudadanos para reclamar ante un juez que los funcionarios públicos cumplan con diligencia sus obligaciones. El Gobierno pretende que no se pueda interponer la tutela para proteger los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos de la niñez, la juventud, los ancianos y el derecho a la salud. 1 . 4. Fomento de la impunidad La primera evidencia de la impunidad que reina en Colombia es la distinta aplicación que se hace de las leyes según quien sea el acusado. Si se trata de miembros de la Fuerza Pública o de sus aliados, los paramilitares, los procesos se ralentizan, las pruebas desaparecen, se desacredita o se elimina a los testigos y en muchas ocasiones la víctima acaba huyendo del país para evitar retaliaciones. Por el contrario, si se sindica a alguien del delito de rebelión la ley se aplica con el máximo rigor hasta el punto de que el acusado tiene que demostrar su inocencia. Además, los procesos iniciados contra uniformados habitualmente son reclamados por la justicia penal militar provocando que el Consejo Superior de la Judicatura tenga que resolver el conflicto de competencias. Este órgano de la justicia reiteradamente argumenta que todos los crímenes de militares y policías, incluidos casos de violaciones carnales, se consideran actos del servicio o con ocasión del servicio y consecuentemente corresponden a la justicia penal militar; la independencia del consejo se puso en evidencia cuando hace años las fuerzas armadas nombraron brigadieres generales a dos de sus magistradas "por sus servicios rendidos a las fuerzas militares"[2]. Cuando el proceso cae en manos de jueces militares ya se puede aventurar la sentencia. Así, en Colombia no es necesario garantizar la impunidad a los violadores de derechos humanos con indultos o leyes de punto final; a través de la aplicación del fuero militar el resultado es el mismo, pero con menor costo político. Casos que confirman que el fuero militar es el camino hacia la impunidad hay muchos, pero merece la pena destacar el de los 19 comerciantes asesinados en Puerto Boyacá en 1987 por un grupo paramilitar. Desde el principio se vinculó en la matanza a diversos mandos militares de la zona incluido el general Faruk Yanine. Sin embargo, el oficial continuó ascendiendo en la jerarquía castrense en la misma medida en que arreciaron las acusaciones en su contra. Incluso fue nombrado delegado ante la Junta Interamericana de Defensa de Washington donde ejerció como asesor del Colegio Interamericano de Defensa, un organismo multilateral dedicado a la promoción de los derechos humanos. En octubre de 1996 la Fiscalía General de la Nación dictó orden de detención contra el general, pero dos meses después el Consejo Superior de la Judicatura transfirió el caso a la justicia militar. En poco más de un año el tribunal castrense resolvió que no había pruebas de su participación en los hechos ni de la de otros tres militares acusados. El pasado mes de julio quedó al descubierto toda la farsa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado Colombiano por avalar la creación y el fortalecimiento de los grupos paramilitares autores de la masacre de los comerciantes, que contaron con el apoyo de los altos mandos militares para ejecutarla. Al mismo tiempo, la Corte considera que la intervención de la justicia penal militar "implicó una violación al principio de juez natural y, consecuentemente, al derecho al debido proceso y acceso a la justicia, y además conllevó a que no fueran investigados y sancionados por tribunales competentes los miembros de la fuerza pública que participaron en los hechos"[3]. La sentencia también obligá a reparar moral y económicamente a los familiares de las víctimas y a que se reabra la investigación para juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales; hasta ahora sólo han sido condenados seis civiles por los asesinatos. Durante el Gobierno de Uribe Vélez no han cambiado las cosas. Por el contrario, el Presidente tiene a un fiel aliado en la Fiscalía General para evitar problemas a la Fuerza Pública con la justicia. Desde que en julio de 2001 Luis Camilo Osorio asumió la Fiscalía dejó claro que "las investigaciones contra los militares no eran bienvenidas" e inició una "purga" de la institución en la que cayeron muchos fiscales experimentados que se encontraban en las etapas finales de sonados casos como el del general Rito Alejo del Río[4] o la investigación contra el general de la Armada Rodrigo Quiñónez, según se recoge en el informe Un giro erróneo: La actuación de la Fiscalía General de Colombia publicado por la organización estadounidense de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch en noviembre de 2002. Durante sus primeros 15 meses en el cargo nueve fiscales fueron despedidos y otros 15 se vieron obligados a renunciar. Además, dice la organización, sus críticas públicas al desempeño de dichos fiscales o el cuestionamiento por su falta de "lealtad con la institución" puso en peligro sus vidas. Varios tuvieron que abandonar el país por amenazas de muerte poco después de que Osorio los cuestionó. Asimismo, el Fiscal ha defendido la concesión de facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares que ha impulsado el Gobierno. 1 . 5. Red de cooperantes e informantes y soldados campesinos Uno de los programas centrales de la política de seguridad democrática es la constitución de una red de cooperantes e informantes integrada por civiles y empresas privadas de vigilancia que cumplen funciones de inteligencia militar. Aunque los datos facilitados a través de este sistema deberían ser cuestionados, dada la arbitrariedad de criterios de quienes los proporcionan motivados en muchas ocasiones por rencillas personales o por la recompensa que se ofrece, esta información es utilizada como único fundamento para la detención y como prueba dentro del proceso penal. De esta forma, numerosos líderes sociales y defensores de los derechos humanos han permanecido o permanecen en la cárcel durante meses o años porque algún informante les acusó de vínculos con la guerrilla. Paralelamente a esta red el Gobierno ha impulsado el programa de "soldados campesinos", jóvenes de las áreas rurales que, ante la falta de opciones de vida o por presiones de los militares, reciben una instrucción de unos tres meses y se incorporan a labores de combate en su lugar de nacimiento. Las autoridades militares están combinando ambas iniciativa –la red de cooperantes e informantes y el programa de "soldados campesinos"- impidiendo cada vez más que existan personas que no participen en el conflicto y vulnerando el principio de distinción, postulado básico del derecho internacional humanitario, según el cual, para proteger a la población civil hay que diferenciar con toda claridad a los combatientes de los no combatientes. Todas estas disposiciones legales y la progresiva militarización de la sociedad han desencadenado operaciones militares que se caracterizan por el desconocimiento de los derechos de la población civil, "las tropas de la Fuerza Pública irrumpen en las zonas que van a ocupar atropellando violentamente los derechos humanos de la población que en ellas habita. En el curso de dichas operaciones, además de que no se han tomado las medidas que impone el derecho humanitario para la protección de la población civil, muchas de ellas parecen estar diseñadas para atacarla. Después de la ocupación militar violenta, en la que se ataca indiscriminadamente a población civil y combatientes, la fuerza pública realiza allanamientos domiciliarios y detenciones sin previa orden judicial, basados en señalamientos por parte de la red de cooperantes o informantes", según señala Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, en su ponencia "Seguridad democrática": el traje nuevo de un emperador en ciernes. * VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA 2 . 1. Homicidios y desapariciones forzadas Entre agosto de 2002 (inicio de la Presidencia de Uribe Vélez) y el pasado mes de junio, 10.586 personas perdieron la vida a causa de la violencia sociopolítica, es decir, murieron como consecuencia del conflicto armado interno, a manos de agentes del Estado o por motivaciones políticas o sociales[5]. De ese total, 6.148 fueron civiles asesinados o desaparecidos en hechos ajenos a la guerra, es decir, en su casa, en la calle o en su lugar de trabajo. En todas estas muertes producidas fuera del combate, la participación directa de agentes estatales ha ido en aumento. Así, mientras entre los años 1999 y 2002 a los funcionarios públicos se les atribuyó alrededor del 3% del total de homicidios y desapariciones forzadas, en el año 2003 se ha llegado al 4,7% (184 víctimas) y hasta junio de este año eran los presuntos autores del 11,4% de estos crímenes (94 víctimas)[6]. A esto hay que añadir que el Estado Colombiano también fue responsable por omisión, tolerancia o apoyo en el 69,3% (1.642 víctimas) de los casos de crímenes contra civiles perpetrados por los grupos paramilitares el pasado año[7] ; a las guerrillas se les atribuyó el 22,8% de los casos. Aunque oficialmente la violencia global ha disminuido[8], el altísimo número de muertes demuestra que las acciones del Estado Colombiano han sido insuficientes para proteger la vida de sus ciudadanos con el agravante de que el incremento de la implicación de la Fuerza Pública en crímenes contra civiles coincide con la ejecución de la política de seguridad democrática diseñada por el actual Gobierno. Durante el transcurso del mandato de Uribe Vélez, más de 300 personas han sido ejecutadas o desaparecidas por agentes estatales; las organizaciones no gubernamentales han documentado numerosos casos en que se ha pretendido encubrir estos delitos como combatientes muertes en combate, víctimas del fuego cruzado o "errores militares". Mientras, el Presidente no ha escatimado elogios a la Fuerza Pública ("Tenemos la suerte en Colombia de contar con una Fuerza Pública respetuosa como ninguna en el continente de la democracia y del orden constitucional") y ha justificado sus acciones: refiriéndose a la masacre, atribuida a un "error", de cinco campesinos ejecutada el pasado 19 de abril por el Ejército en Cajamarca (departamento del Tolima), dijo: "Tengo motivos de profundo dolor, pero carezco de razones administrativas para sancionar a los soldados y oficiales. Estoy convencido de la buena fe del Ejército en esta equivocación". Muchas de las víctimas de la violencia sociopolítica eran líderes sociales, sindicales, militantes de partidos de la izquierda o defensores de los derechos humanos. Desde julio de 2003 hasta ahora, una media de seis sindicalistas al mes fueron asesinados o desaparecidos; 46 murieron a manos de los paramilitares y en seis casos concretos fue hallada la responsabilidad directa de la Fuerza Pública, el último de ellos ocurrió el pasado 5 de agosto. Ese día tres sindicalistas fueron fusilados por tropas del Grupo Mecanizado 18 'General Gabriel Revéiz Pizarro' en el departamento de Arauca. El vicepresidente Francisco Santos; el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, y el comandante de las Fuerzas Militares, Carlos Albero Ospina, dijeron que las víctimas estaban vinculadas al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que fallecieron en combate al disparar contra los militares que habían acudido a detenerlos. Un mes después la Fiscalía ordenó detener a tres militares y al civil que les hacía de guía en el operativo, al encontrar pruebas que demuestran que fueron asesinados en completa indefensión[9]. El genocidio político practicado contra la Unión Patriótica es el paradigma de persecución política a los militantes de la izquierda colombiana. Esta formación, surgida en 1985 tras los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, ha sufrido el asesinato de más de 3.000 de sus miembros y simpatizantes, entre ellos dos candidatos a la Presidencia de la República. El Presidente Uribe, en su carta de presentación de las líneas directrices de la política de seguridad democrática, dijo: "La oposición, los que disientan de las ideas del Gobierno o de su partido, serán protegidos con el mismo cuidado que los amigos o partidarios del Gobierno". En los dos años de su Gobierno, 71 personas de la UP han sido asesinadas y otras 30 están desaparecidas[10] a pesar de los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado garantice la vida de los sobrevivientes y sus familiares. El número de defensoras y defensores de derechos humanos víctimas de violaciones al derecho a la vida desde el inicio del actual Gobierno es el más alto de los últimos siete años. Entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2004, han sido asesinados o desaparecidos un total de 33 defensoras y defensores (nueve son mujeres), mientras que, entre el 7 de agosto de 2000 y el 7 de agosto de 2002, 29 defensoras y defensores (ocho son mujeres) habían sido víctimas de homicidio o desaparición forzada; entre agosto de 1998 y agosto de 2000, se registraron 21 víctimas (dos son mujeres); y entre agosto de 1996 y agosto de 1998, hubo 24 víctimas (cuatro son mujeres)[11]. Muchos de estos asesinatos han sido crónicas de unas muertes anunciadas. En mayo de 2003 una comisión integrada por ONG y representantes del Estado se desplazaron a varios municipios del departamento del Meta para verificar la situación de derechos humanos que se vivía en la zona. En el pequeño caserío de Puerto Esperanza, María Lucero Henao, presidenta de la Junta de Acción Comunal (equivalente a la asociación de vecinos), denunció los abusos que estaba sufriendo la población por parte de los grupos armados ilegales y del Ejército; las ONG exigieron a los miembros del Estado presentes que se garantizara la vida de toda la población y especialmente de la defensora de derechos humanos que se había atrevido a hablar[12]; menos de un año después María Lucero y su hijo fueron asesinados por los paramilitares[13]. Tras el supuesto objetivo de la política de seguridad democrática de reprimir y acabar con la insurgencia se oculta la intención de atacar a la población desarmada inconforme; "en el contexto de la ´guerra contra el terrorismo´, Colombia se destaca como el ejemplo más extremo de la táctica de utilizar medidas supuestamente destinadas a combatir a los grupos armados ilegales para perseguir, dar muerte y amordazar a los activistas de derechos humanos", tal como denuncia Amnistía Internacional. 2 . 2. Torturas La práctica de la tortura es sistemática en Colombia. El Comité contra la Tortura estableció a finales de 2003 que esta modalidad de violación a los derechos humanos se realiza en Colombia "de manera generalizada y habitual por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (...) tanto en operaciones militares como fuera de ellas". Durante el mandato de este Gobierno se ha registrado el promedio más alto de torturas de los últimos siete años: 340 víctimas, casi una persona a diario fue torturada[14]. Más de la mitad (el 51,47%) de los actos de tortura cometidos durante el período en estudio fue atribuido a agentes estatales: por perpetración directa, el 15,29% (52 víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares el 36,18% (123 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 2,94% (10 víctimas). 2 . 3. Secuestros El promedio diario de personas secuestradas ha disminuido desde julio de 2001 hasta junio de 2004. Entre julio de 2001 y junio de 2002 fueron secuestradas casi nueve personas cada día; entre julio de 2002 y junio de 2003 fueron secuestradas casi siete personas; y en el último año (julio de 2003 a junio de 2004) bajó a casi cinco personas, o sea el mismo nivel conocido entre julio de 1996 y junio de 1997. 2 . 4. Desplazamiento forzado Más de tres millones de colombianos han sido desplazados desde 1985, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Esta entidad asegura que en los primeros seis meses de este año más de 130.346 personas fueron obligadas a abandonar su lugar de residencia, lo cual implica un aumento del 35% con respecto al semestre anterior. La propia Red de Solidaridad Social (organismo estatal encargado de asistir a los desplazados) achaca la mayor responsabilidad en los desplazamientos a los grupos paramilitares, cuyo objetivo es el control territorial frente a la guerrilla y la explotación de los recursos de las tierras. Esta situación es gravísima, aun cuando el Gobierno la haya pretendido minimizar, comparándola con el número de personas desplazadas en 2002, que fue superior. La contracción de la cifra de desplazamiento forzado, en comparación con el año 2002, se debe en parte al subregistro de los sistemas de monitoreo, debido a que muchas personas desplazadas prefieren no registrarse por el temor a ser víctimas de nuevas amenazas o porque desconfían de los programas de atención estatales. Frente a esta situación el Estado ha recortado la atención a las personas desplazadas hasta tal punto que la propia Corte Constitucional ha establecido que el desplazamiento forzado constituye un estado de cosas inconstitucional. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas asegura en su informe anual correpondiente a 2003 que "la brecha en calorías es del 57%, esto significa que los hogares desplazados sólo están consumiendo el 43% de lo recomendado, lo cual es altamente crítico teniendo en cuenta que el límite para calificar una brecha en calorías como "severa-grave" es del 40%. La brecha en proteínas es del 16%, es decir que su consumo es igualmente deficiente. (...). De acuerdo con el mismo estudio, los hogares desplazados igualmente tienen fuertes déficits en la mayoría de los micronutrientes como vitamina A y hierro"; el mismo organismo señala que el 63,5% de la población desplazada tiene una vivienda inadecuada y el 49% no cuenta con servicios públicos idóneos. Además, el Gobierno, con el argumento de que no existen "territorios vedados para la Fuerza Pública", ha estigmatizado a las comunidades de desplazados en proceso de retorno que se han declarado al margen del conflicto y las ha sometido a todo tipo de presiones (cercos militares, montajes judiciales a sus líderes) para que abandonen su iniciativa. Esta actitud ha sido denunciada por la propia oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), "uno de los factores de riesgo de las comunidades se ha originado precisamente en la incoherencia del mensaje del Estado frente a los procesos organizativos durante los últimos años y, en particular, durante el actual gobierno"[15]. 2 . 5. Detenciones arbitrarias La anterior ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, afirmó en julio de 2003, que durante el primer año de la presidencia de Álvaro Uribe se capturaron a 125.778 personas. De acuerdo con las estadísticas de la autoridad penitenciaria colombiana, en julio de 2003 existía una población carcelaria de 58.877 personas, de las cuales 25.636 tenían prisión preventiva. Por consiguiente, la sorprendente conclusión pareciera ser que de las 125.000 detenciones que se produjeron entre agosto de 2002 y julio de 2003, un máximo de 25.636 personas tenían suficientes motivos como para permanecer recluidos. El resto, más de 100.000 personas, tuvieron que ser liberadas porque fueron detenidas sólo para intimidarlas o como consecuencia de montajes judiciales fundamentados en el testimonio de integrantes de la red de informantes que se ha convertido en un recurso económico para sectores desfavorecidos: a cambio de una delación con o sin fundamento el Estado da una recompensa. Las consecuencias de esta política, que ha sido comparada con las pescas milagrosas practicadas por la guerrilla (retener a numerosos civiles en los controles de carretera para posteriormente mantener secuestrados únicamente a los que puedan pagar rescate), no sólo son vulneraciones al derecho a la libertad personal sino otro tipo de violaciones de los derechos humanos como son el estado de inseguridad jurídica, la tortura, el desplazamiento o incluso la muerte[16]. Además, con esta práctica se logra el desmembramiento del tejido social ya que habitualmente las personas que han experimentado una detención se alejan de las organizaciones sociales cuando recobran la libertad por temor a ser procesados de nuevo o a otro tipo de represalias. Estos procedimientos de detención fueron duramente criticados por la Procuraduría General de la Nación, que en un informe especial señaló la "reducida eficacia del procedimiento una vez que se produce la judicialización correspondiente. (...). Son muchas las personas que resultan innecesariamente afectadas y muchos de sus principales derechos conculcados: libertad, dignidad, buen nombre, sin que haya reparación alguna y se los libera una vez transcurrida la espectacularidad del operativo ya que sus casos no se pueden solventar probatoriamente ante la fiscalía"[17]. * PROCESO DE PARAMILITARIZACIÓN 3 . 1. Consolidación El proceso de acercamiento del actual Gobierno hacia los grupos paramilitares, acusados nacional e internacionalmente de crímenes de lesa humanidad, comenzó a gestarse incluso antes de su toma de posesión. La campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez incluyó propuestas coincidentes con los postulados del paramilitarismo hasta el punto de que tuvo que intervenir la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: "Aún más preocupante es el hecho de que un importante segmento de la sociedad vea ahora al paramilitarismo como una opción legítima, y que algunos candidatos políticos parecen aprobar las actividades paramilitares, tal como lo demuestra la propuesta presentada por uno de los principales candidatos, de armar a un millón de civiles"[18]. Las manifestaciones posteriores del Presidente han servido para respaldar la supuesta seguridad que estos grupos ofrecían en amplias zonas del país: "A medida que se ha venido retirando a las organizaciones mal llamadas paramilitares han reaparecido grupitos guerrilleros a secuestrar"[19], "En un sitio (de) donde salió un grupo de autodefensas, llegó el ELN y nos secuestró un señor palmicultor"[20]. Ante la gravedad de estas declaraciones, algunos comentaristas han destacado el mensaje que subyace: "Lo que es peligroso es cómo el Presidente va entretejiendo en su discurso, de manera cada vez más abierta y directa, una defensa del paramilitarismo (...) y cómo ese discurso se va filtrando de manera casi imperceptible en la mente de los ciudadanos (...)"[21]. Las consecuencias lógicas de esta mal disimulada simpatía han sido el incremento de las acciones coordinadas con la Fuerza Pública, que han propiciado la llegada o afianzamiento de los paramilitares a diversas regiones; la apertura de negociaciones o conversaciones entre varios de estos grupos y el Gobierno avaladas por una serie de medidas legales para garantizar la impunidad de sus crímenes (algunos han dicho que se trata de "un encuentro entre amigos"), y el refuerzo del control social, político y económico que imponen en extensas áreas de Colombia. El país está asistiendo a un proceso de consolidación del paramilitarismo o, dicho de otro modo, de parainstitucionalización del Estado. 3 . 2. Connivencia con la Fuerza Pública Los estrechos vínculos entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares se han mantenido intactos durante el Gobierno de Uribe Vélez. El informe sobre el año 2003 de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos da cuenta de numerosos casos de violaciones de derechos humanos atribuidos a la Fuerza Pública y de la complicidad entre ésta y los escuadrones de la muerte que se concreta en "la realización de operativos paramilitares con conocimiento inexcusable de la Fuerza Pública, (…) de anuncios realizados por miembros de las Fuerzas Militares sobre la próxima llegada de grupos paramilitares, la inacción de la Fuerza Pública ante la existencia de bases paramilitares fijas, cercanas a instalaciones militares, e incluso la alegación de entrega de información por parte de miembros de la Fuerza Pública sobre posibles objetivos a grupos paramilitares". En el mismo informe se explica que se pudo observar la consolidación de grupos paramilitares "en áreas donde previamente se habían desarrollado acciones contrainsurgentes de la Fuerza Pública (…)" y se afirma que "la política de lucha contra el fenómeno del paramilitarismo y los vínculos de servidores públicos con esos grupos no ha mostrado resultados suficientemente significativos". El mismo tipo de denuncias fueron planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre el pasado año: "La CIDH debe reiterar su preocupación por la forma en la cual las AUC (los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia) continúan operando en vastas áreas del territorio a pesar de la presencia de la Fuerza Pública. En particular, la Comisión continúa recibido denuncias sobre la actitud omisiva de miembros del Ejército Nacional, en particular de la Brigada XVII que opera en la zona del Urabá Antioqueño y Chocoano, e incluso de su participación directa en actos de violencia e intimidación perpetrados por grupos paramilitares contra la población civil. La Comisión se ha pronunciado en forma reiterada sobre la responsabilidad del Estado por los vínculos y grados de cooperación entre miembros de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares en la comisión de actos que constituyen violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En su informe, el Estado hace referencia a incrementos del 120% y del 49% en el número de capturas y de miembros de las AUC dados de baja, respectivamente, durante los primeros diez meses del año 2003 y a una serie de directivas del Ministerio de Defensa. A pesar de estas estadísticas y de las directivas impartidas, lamentablemente no existen indicios de que la situación haya mejorado sustancialmente durante el año 2003 paramilitares ejercen en amplias zonas del país". 3 . 3. Negociaciones con el Gobierno En diciembre de 2002, cuatro meses después del acceso a la Presidencia, Uribe Vélez inició conversaciones con distintos grupos paramilitares con el objetivo de alcanzar su desmovilización. El pasado 1 de julio se instaló la mesa de negociaciones en Santa Fe de Ralito (corregimiento del municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba), la llamada "zona de ubicación" donde están concentrados diez jefes paramilitares y 400 hombres más destinados a su defensa, autorizados para llevar armas en dicha zona. La meta final es concluir con un acuerdo de paz a más tardar en diciembre de 2005. El Gobierno suspendió las órdenes de captura y los paramilitares se comprometieron a no causar más muertes ni violaciones contra la población civil mientras durara el proceso. Las agresiones se mantuvieron desde el principio y el Gobierno, paradójicamente, ha respondido promoviendo una serie de medidas legislativas que, en lugar de presionar para lograr un cese el fuego definitivo, están orientadas a legalizar el fenómeno paramilitar y amnistiar crímenes de lesa humanidad. Estas medidas son teóricamente aplicables a cualquiera de los grupos armados ilegales que operan en el país, pero en realidad se han concebido como una forma de reintegrar a la sociedad a los paramilitares acusados de críemenes atroces y, al mismo tiempo, garantizar su silencio para que no resulte afectada la estructura del Estado Colombiano. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) asegura que, entre diciembre de 2002 y septiembre de 2004, los grupos paramilitares han causado la muerte o desaparición de por lo menos 1.895 personas (el Gobierno, a través de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, cifra en 408 los asesinatos cometidos hasta abril de 2004). La Defensoría del Pueblo acaba de hacer público un informe en el que recoge 342 denuncias de violación del cese de hostilidades declarado por los paramilitares; los testigos que hablaron con los funcionarios de la Defensoría señalaron que algunos hombres de las AUC continúan perpetrando actos de guerra como masacres, asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones, desplazamiento forzado, expropiación de bienes y reclutamiento de menores[22]. Además, la única desmovilización efectuada hasta ahora ha resultado un fiasco. El pasado año el Gobierno anunció a bombo y platillo la entrega de 845 hombres del grupo paramilitar denominado Bloque Cacique Nutibara, que operaba en Medellín. La revista Semana publicó recientemente el contenido de unas cintas grabadas de las conversaciones entre los comandantes paramilitares y el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en las que éste les recrimina que "en el proceso de Medellín nos revolvieron delincuentes callejeros 48 horas antes y nos los metieron en el paquete de desmovilizados". En el mismo artículo Restrepo asegura a los comandantes que no se han de preocupar de la petición de extradición por narcotráfico efectuada por Estados Unidos ya que el Presidente "usará la facultad discrecional para no extraditarlos" y sobre la posibilidad de que sean juzgados ante la Corte Penal Internacional, les dice que "esta no es un peligro. El Gobierno ofreció un proyecto de ley que bloquea la acción de la Corte Penal Internacional". Dos meses después de que se anunciara el inicio de las conversaciones de paz, se expidió un decreto en el que se establece que en el curso de su desmovilización los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley "tendrán derecho al indulto", y en el que se faculta al Comité Operativo de Dejación de las Armas (CODA) para acordar beneficios inmediatos, sin ningún control de las autoridades judiciales. En mayo de 2003 más de quinientas personas habrían sido indultadas, sin que la opinión pública sepa las identidades de los beneficiados ni las circunstancias en las que se han acordado los certificados para la llamada reinserción ni los criterios empleados para evaluar la situación jurídica de los solicitantes, según denunció Iván Cepeda, director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas[23]. En agosto de 2003, el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley para regular los beneficios jurídicos que tendrían los paramilitares desmovilizados. Esta iniciativa, conocida como ley de alternatividad penal, no era más que una argucia legal para la autoamnistía, "el Estado Colombiano tenía un dilema: condenar a quienes fueron sus más fieles aliados durante décadas con el riesgo de verse salpicado aún más en sus atrocidades o librarlos de toda culpa con el unánime rechazo que generaría una medida de perdón y olvido", denunció la defensora de derechos humanos y directora de la Corporación Reiniciar, Jahel Quiroga. La duda fue resuelta con esta propuesta legislativa por la que los autores de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, torturas, desplazamientos masivos y reclutamientos de niñas y niños serían sancionados con una entre varias penas accesorias o menores, por ejemplo, la inhabilitación temporal para la tenencia y porte de armas o la prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas, "en síntesis, las penas alternativas que contemplaba el proyecto son irrisorias y violan los principios democráticos de justa retribución y proporcionalidad de las sanciones penales", aclara Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas. Además, no se contemplaba ni siquiera la reparación económica para las víctimas de tales atrocidades. El proyecto fue posteriormente modificado incluyendo penas de privación de libertad, pero en colonias en el campo, y finalmente fue retirado aunque el Gobierno ha segurado que lo volverá a presentar más adelante. A finales de ese mismo mes, se expidió un nuevo decreto para otorgar beneficios económicos a los desmovilizados por su cooperación con la Fuerza Pública. Esta iniciativa, más que procurar la desaparición del paramilitarismo, parece pretender una legalización de estos grupos cuyos miembros se reciclarían integrándose en la red de cooperantes e informantes. Para complementar este proceso de adaptación se ha estado debatiendo un nuevo proyecto de ley para autorizar a los civiles el uso de armas de guerra que hasta ahora eran de uso privativo de la Fuerza Pública. 3 . 4. Control social, político y económico A finales del pasado mes de septiembre, cuatro de los principales medios de comunicación de Colombia publicaron extensos reportajes en los que se explicaba el fuerte control social, político y económico de los paramilitares en varios departamentos del país. El fenómeno no es nuevo, pero lo grave es la consolidación y apariencia de normalidad que ha adquirido en los últimos años. Para la coordinadora general de la Organización Femenina Popular (OFP)[24], Yolanda Becerrra, "este Gobierno ha ido demostrando aún más que el paramilitarismo es una estrategia de Estado y eso se comprueba en la actitud de las autoridades locales, en el empoderamiento en lo político y en lo civil; existe un control social, político, económico y militar en Barrancabermeja por parte de los paramilitares, fenómeno que es anterior a Uribe, pero ahora se consolida"[25]. La misma situación denunciaba la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS)[26], "los grupos paramilitares son un proyecto político-militar autoritario en expansión, que permea cada vez más al conjunto de las instituciones estatales colombianas (...) En la región han provocado el tránsito de una situación de violaciones masivas y sistemáticas a una crisis cada vez más profunda de derechos humanos y de ser grupos auxiliadores a la seguridad del Estado han pasado a convertirse en un fenómeno parainstitucional"[27]. Los grupos paramilitares que operan en Barrancabermeja distribuyeron en 2003 entre la población un documento titulado Normas de convivencia Autodefensas y población civil en el que se recoge una serie de reglas que se deben cumplir para evitar las sanciones que incluyen amonestaciones, multas, expulsión de la zona, expropiaciones y trabajos obligatorios. En los 16 puntos del texto se establecen las disposiciones para ejercer un estricto control social de la comunidad. Las AUC marcan el tiempo de permanencia en las calles para los menores de edad y la sanción de 12 horas de detención para el niño o adolescente que lo infringa. Además, a los chicos y chicas con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años los paramilitares determinan que ellos mismos podrán exigirles el carné de estudiante y si no están escolarizados se procederá a un "llamado de atención a sus padres y sanciones disciplinarias por parte del comando central"[28]. Pero además de querer controlar la vida privada de las familias los paramilitares imponen normas para organizar el barrio. Así, determinan como se han de mantener las fachadas, la forma de recolección de las basuras ("cada casa deberá tener su respectiva caneca roja y hacer uso adecuado de las mismas"), la limpieza de fincas y potreros y la manutención de los animales; los que incumplan serán sancionados con multas, trabajos forzados "para el beneficio de la comunidad" o con el decomiso de propiedades. También regulan el horario de apertura de los establecimientos públicos y multa de 500.000 pesos o cierre temporal o definitivo del local para los infractores; similar castigo se impone a los locales donde se vendan bebidas alcohólicas o se permita el juego de"personal en servicio de las AUC". Quienes provoquen escándalos en la vía pública "realizarán trabajos asignados por las AUC" y la "falta de respeto o maltrato por parte de la población civil hacia personal de las AUC" acarreará la expulsión de la zona; si hay abuso de autoridad o maltrato a civiles por parte de miembros de la AUC se impondrá una "sanción ejemplar por parte del comando central y destitución de la organización"[29]. En otras regiones del país se han constatado prácticas similares: prohíben los pantalones descaderados, afeitan la cabeza a mujeres acusadas de infidelidad y a las que tildan de chismosas las ponen a barrer la plaza. De 1996 hasta 2001, exportaron el modelo paramilitar de Córdoba y Urabá a más de 15 departamentos, en un experimento salpicado de masacres y crímenes. Siguió luego una penetración sigilosa en la economía y la política regionales, hasta lograr en varias zonas un profundo control. Uno de los líderes de las AUC, Salvatore Mancuso, llegó a afirmar que entre el 30 y el 35% del Congreso de la República fue elegido por ellos. A partir de ahí, el control económico se facilita. Ahora están empezando a aflorar las vías de financión de los grupos paramilitares a través de recursos públicos y se ha denunciado el desvío a sus arcas de dinero que el Estado grira a las empresas encargadas de prestar servicios de salud a los más pobres, el manejo de las contratas públicas, el impuesto a los comerciantes… Sin embargo, salvo en raras excepciones, estos hechos no se investigan o las indagaciones que se inician no avanzan[30]. 4. UN PAÍS EMPOBRECIDO Mientras el presupuesto del Estado Colombiano para 2005 contempla 9,8 billones de pesos para gastos de Defensa (unos 3.000 millones de euros, el 10% del total) las condiciones de vida de la población empeoran a pasos agigantados. Sin embargo, esta situación no alarma a la comunidad internacional ya que se mantienen las instituciones aparentemente democráticas, se paga la deuda externa (el presupuesto de 2005 contempla 32 billones de pesos para este fin) y, lo que es más importante, se dan buenas condiciones para hacer negocios; el informe Doing Business in 2005: Eliminando obstáculos para el crecimiento, patrocinado por el Banco Mundial, establece como uno de los principales logros del país haber realizado a finales del 2002 una reforma laboral que amplió las causales para despidos justificados, recortó los pagos por indemnizaciones para los empleados con más de 10 años de antigüedad y disminuyó las horas nocturnas en las que el trabajador tiene derecho a recargo[31]. Un estudio de la Universidad Nacional, la principal del país, señala que el 66% de los 44 millones de colombianos es pobre y que la mitad de la riqueza está en manos del 10% de la población. Hoy existen 29 millones de colombianos pobres. Este estudio también afirma que el 10% del sector más rico del país concentra el 45% de los ingresos totales lo que revela que en Colombia no se han hecho políticas para redistribuir la riqueza. Conclusiones similares obtuvo la Contraloría General de la República, que cifró un 64,2% de pobres en Colombia el pasado año y que determinó que no sólo han aumentado los pobres sino que éstos son cada vez más pobres. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) al hacer público el mapa mundial del hambre ha ubicado a Colombia como el quinto de los diez países con más habitantes con hambre en el mundo. El documento revela que el 13 % de la población colombiana, es decir más de cinco millones y medio de personas, sufre de este flagelo. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el país muere una persona cada dos días por desnutrición crónica. Pero además de la alimentación, la mayoría de la población tampoco ve satisfechos otros derechos básicos como la salud, la educación o el empleo digno. Actualmente, el 40% de los colombianos no tienen acceso a la atención médica. De acuerdo con la Contraloría, el más grave problema en materia de salud pública es la situación de enfermedades como malaria, fiebre amarilla, sarampión y tétanos. Señalan los miembros de la Academia Nacional de Medicina que no se tiene la certeza de cuánta gente ni en qué lugares se está vacunando y que no hay un sistema central que prenda las alarmas con rapidez antes de que se desate una epidemia. Indicaron que un sistema así habría podido prevenir la epidemia de fiebre amarilla ocurrida en el mes de enero de 2004. Más del 10% de los niños pobres de entre 5 y 11 años no va a la escuela primaria, el 25% de los jóvenes no tiene acceso a la secundaria y menos del 20% logra un cupo en la universidad. La Contraloría ha señalado que, durante 2003, "la principal razón de inasistencia de las niñas y los niños en edad escolar es la falta de dinero en su hogar que, en muchos casos, los obliga a vincularse al mercado laboral en busca de ingresos adicionales para su hogar, dejando de lado las actividades académicas". En cuanto al empleo, el índice de paro de 2003 fue del 17%, una reducción de casi un punto con respecto al año anterior: Sin embargo, la Contraloría ha señalado que la mayor parte del empleo generado corresponde al sector informal de la economía, que se caracteriza por la baja calidad, inestabilidad y baja productividad. Todos estos factores están en el origen del conflicto y son el caldo de cultivo idóneo para que la guerra perdure. * DESLEGITIMAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 5 . 1. Estigmatización de los defensores El Presidente Uribe Vélez ha efectuado una serie de declaraciones a lo largo de su mandato en contra de las organizaciones de defensa de los derechos humanos con el objetivo de estigmatizarlas ante la opinión pública y situarlas en posiciones proclives al terrorismo. Uribe Vélez ha calificado a los defensores de derechos humanos de "politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos", poniéndoles de este modo en el punto de mira de los violentos, y este mismo año amenazó con deportar a los voluntarios de Brigadas Internacionales de Paz, entre los que hay varios españoles, que acompañan a defensores de derechos humanos y a comunidades de desplazados, "le reitero la sugerencia al DAS y a la Policía (...) de que si estas personas vuelven a obstruir la justicia, los metan a la cárcel y si hay que deportarlos, se deportan"[32]. Tras la muerte de 34 campesinos en La Gabarra (departamento de Norte de Santander), masacre de la que fueron acusadas las FARC, el Presidente atacó a Amnistía Internacional: "Por guardar unas reglas de cortesía hipócrita y no tener el valor de denunciar a Amnistía Internacional, hemos permitido que legitimen el terrorismo internacionalmente. Que Amnistía escoja con quién se queda. Si se queda con los que degollaron a los 34 campesinos de La Gabarra. Si se queda con los terroristas que han asesinado a nuestros policías y nuestros soldados, y que causan luto a las familias, o si se queda con las instituciones colombianas y las respeta"[33]. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado al respecto que: "No ha habido avances significativos en el cumplimiento de la obligación de sancionar disciplinariamente a los servidores públicos que con sus declaraciones, acciones u omisiones descalifiquen o pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos. Ha continuado la descalificación a la legítima labor de los defensores de derecho humanos y de líderes sindicales por parte de altas autoridades del Estado. La Oficina ha conocido pocos ejemplos de acciones tomadas por los superiores jerárquicos o por el Ministerio Público en el sentido de esta recomendación del Alto Comisionado"[34]. 5 . 1. Nuevo "concepto" sobre derechos humanos El Gobierno colombiano ha querido imponer un nuevo concepto sobre los derechos humanos con el objetivo de evitar la responsabilidad que tiene en las violaciones masivas que se producen en el país. Desde el Estado se ha defendido públicamente –incluso ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU- que no sólo los estados son los que vulneran estos derechos sino que hay responsabilidades particulares en las que la autoridad estatal no se ve implicada. Esta tesis ha sido desmentida de forma clara por la propia Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: "En esta materia existen cuatro supuestos de conductas de individuos particulares, que obrando solos o como miembros de grupos no estatales, deben ser consideradas en relación con la responsabilidad del Estado: a) Las conductas que son producto de la instigación de servidores públicos; b) las que se realizan con el consentimiento expreso o tácito de dichos servidores; c) las que se producen gracias a la tolerancia manifiesta de agentes estatales; y d) las que resultan del incumplimiento del deber de garantía que tiene el Estado"[35]. Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, advierte de forma certera, en el balance de los dos años de Uribe Vélez, sobre el riesgo de que calen esos postulados y de que prosperen otra serie de iniciativas propuestas por el Gobierno: "Puede advertirse que existe una coherencia grande entre el desconocimiento del principio de distinción, la propuesta de desafiar la doctrina tradicional de los derechos humanos, los ataques reiterados a las defensoras y defensores de derechos humanos, los anuncios de la disposición a denunciar convenios de la OIT, la propuesta de recortes a la Corte Constitucional y a la acción de tutela, el otorgamiento de facultades de policía judicial a las fuerzas militares, en abierta contradicción con insistentes y claras recomendaciones internacionales, la mal disimulada admiración por la contribución de los paramilitares a la seguridad, y muchos otros comportamientos más, igualmente hostiles a principios básicos de derechos humanos. Esos comportamientos no son casos aislados. Constituyen la expresión fidedigna de una repulsión visceral a los derechos humanos por parte del Jefe del Estado, que se transmite al conjunto de su Gobierno y que pretende irrigarse a la sociedad para sustituir en ella los valores de derechos humanos por los de seguridad. Si esa mentalidad adversa a los derechos humanos prospera y si además tiene éxito el empeño gubernamental de desmantelar el Estado social de derecho, restringiendo el alcance de instituciones de protección de derechos, como la tutela y la Corte Constitucional, las perspectivas para la población colombiana no son nada halagüeñas. Paradójicamente, so pretexto de brindar seguridad frente a las guerrillas, la sociedad quedará desprotegida y profundamente insegura frente al Estado (y a las fuerzas paraestatales)"[36]. * COLOMBIA REQUIERE UNA NUEVA POLÍTICA DE LA UE Colombia representa una oportunidad para la Unión Europea (UE) de mostrar una política exterior que apuesta por el desarrollo y la defensa activa de los derechos humanos como método idóneo para desactivar los conflictos. Los países europeos figuran entre los mayores donantes de ayuda a este país y se han implicado y apoyado muchas de las negociaciones de paz que se han desarrollado entre los grupos armados de oposición y el Gobierno. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el conflicto social y armado se mantiene en toda su intensidad. Por eso es necesario abordar el problema con un enfoque distinto al planteado hasta ahora, centralizado en la búsqueda del cese el fuego (la ausencia de guerra no significa el fin del conflicto) y en la aportación de recursos materiales que únicamente permiten el desarrollo sostenible si llegan realmente a quienes los necesitan y éstos pueden emplearlos libremente. Frente al rotundo fracaso de la política belicista de Estados Unidos en Irak, la UE puede adquirir un nuevo protagonismo en la escena internacional y poner en práctica en Colombia un modelo radicalmente distinto, que aborde no sólo las consecuencias sino prioritariamente las causas profundas del conflicto y que tenga como meta alcanzar el pleno desarrollo del Estado de derecho en el país. Colombia necesita reformas profundas de su estructura socioeconómica y política si pretende avanzar hacia la estabilidad y eso supone luchar contra la desigualdad social y la inequidad en la distribución de la riqueza y abrir espacios para la participación política con garantías. Ante esta situación, la UE debe pasar de los pronunciamientos genéricos a las acciones concretas. En materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los países europeos se encuentran en disposición de poder condicionar la ayuda a su estricto cumplimiento. Hacer la vista gorda ante las iniciativas del Gobierno de Uribe Vélez que restrigen las libertades fundamentales es apoyarlas implícitamente mientras que una postura firme ante estos abusos no es un respaldo a los grupos armados ilegales sino a la población civil. La política antiterrorista se ha de fundamentar en los principios democráticos y Europa debe trasmitir a Colombia su experiencia en esta materia ya que, salvo en contadas excepciones, la lucha que se ha desarrollado en el seno de la UE contra estas acciones no ha supuesto una merma de las libertades. En definitiva, la UE debe exigir el cumplimiento de todas las recomendaciones incluidas en el Acuerdo de Londres del 10 de julio de 2003. En aquella fecha se reunieron en la capital británica representantes de 24 gobiernos e instituciones intergubernamentales (incluida la UE, la ONU y Estados Unidos) con miembros del Gobierno colombiano. Todos los presentes ratificaron un acuerdo por el Estado Colombiano se comprometía a cumplir las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a introducir reformas económicas y sociales en el país para que el resto de naciones mantuvieran su apoyo a la búsqueda de la paz. Más de un año después, numerosas organizaciones internacionales y la propia ONU aseguran que la mayoría de los compromisos no se han cumplido. * Isaura Navaro, diputada de Izquierda Unida, presentó este documento en el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Notas: [1] "Seguridad democrática": el traje nuevo de un emperador en ciernes, ponencia de Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, presentada en el seminario Sostenibilidad de la política de seguridad democrática en Colombia, Cartagena, septiembre del 17 al 19 de 2004. [2] Colombia, la impunidad al orden del día, ponencia presentada por Luis Guillermo Pérez, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en las jornadas organizadas por Jueces para la Democracia en abril de 1997 en Ávila (España). [3] Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por masacre paramilitar en 1987, diario El Tiempo,22 de julio de 2004. [4] Además de la mencionada falta de apoyo a la orden de arresto contra el general retirado Del Río, el 9 de marzo de 2004 la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación en su contra, sindicado de participar en la conformación de grupos paramilitares cuando fue comandante en la Brigada XVII de Carepa (Antioquia) entre 1995 y 1997. [5] Ibdídem [6] Ibdídem [7] La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que "los hechos imputables a los grupos paramilitares constituyen igualmente violaciones a los derechos humanos que comprometen, por lo tanto, la responsabilidad internacional del Estado. Esta consideración se basa en el hecho de que estos grupos cuentan con el apoyo, la aquiescencia o tolerancia de agentes del Estado y se benefician de la falta de respuesta del mismo", informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, documento E/CN.4/2000/11, 9 de marzo de 2000, párrafo 25. [8] El Gobierno ha presentado balances en los que los índices de la violencia han disminuido, pero las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, además de cuestionar su metodología, plantean que la supuesta reducción puede deberse a factores coyunturales, como cambios en la estrategia de los grupos armados (los paramilitares recurren a los asesinatos selectivos en lugar de las masacres que tienen mayor costo político) y desarticulación o repliegue de los objetivos (en algunas zonas de control paramilitar ya no existen voces disidesntes a las que acallar). Sin embargo, los atentados contra el derecho a la vida, la consecuencia más grave de la violencia, mantienen su tendencia al alza de los últimos años: entre 1990 y 2002, el Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) registró un promedio anual de 1.067 ejecuciones extrajudiciales; en 2003 fueron 1.140. [9] Información publicada en el diario El Tiempo los días 6-8- 04, 6-9-04 y 2-10-04. [10] Casos documentados por la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, organización que, junto a la Comisión Colombiana de Juristas, presentó este caso ante la CIDH. [11] Comisión Colombiana de Juristas, Listado de víctimas de violencia política en Colombia, violaciones a derechos humanos y violencia política, Derecho a la vida, Ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, 1° de julio de 1996 a 23 de agosto de 2004. [12] Acción urgente suscrita por 6 ONG el 27-5-03. [13] Comunicado de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundido el 12-2-04. [14] A esta cantidad, registrada por la la Comisión Colombiana de Juristas, habría que añadir los casos no denunciados por temor a represalias y los que no fueron contabilizados porque estaban asociados a otras violaciones, como homicidios y desapariciones forzadas, y las torturas no fueron documentadas. [15] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "Recomendaciones del ACNUR sobre la política pública de prevención y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia 2002-2004", 6 de agosto de 2004, párr. 81. [16] El sociólogo y catedrático Alfredo Correa de Andreis fue acusado falsamente en junio pasado de ser "ideólogo de las FARC" y detenido por esa razón, sin que se le hubiera probado cargo alguno, por lo cual fue dejado en libertad. A principios de septiembre, el profesor y su escolta fueron asesinados por los paramilitares. [17] Procuraduría General de la Nación, Estados de Excepción, Bogotá, mayo de 2004, pág. 163. [18] Declaración de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, ante el 58 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, 18 de abril de 2002. [19] Palabras del Presidente Álvaro Uribe, en Que nadie pague rescates, www.eltiempo.com, 6 de septiembre de 2004. [20] Ibídem. [21] Marianne Ponsford, La verdadera historia, periódico El Espectador, domingo 12 de septiembre, página 17 A. [22] Informe de la Defensoría del Pueblo consigna 342 denuncias de violación al cese unilateral de Auc, diario El Tiempo, 2-10- 04. [23] Carta dirigida por Iván Cepeda a Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz, el 24-5-03. [24] La OFP, creada hace 31 años en Barrancabermeja (departamento de Santander), trabaja por la defensa de los derechos humanos y el desarrollo de los sectores populares con especial incidencia en las mujeres. [25] Magdalena Medio, un espejismo de paz, informe sobre la crisis humanitaria en el Magdalena Medio presentado por la Corporación Reiniciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2003. [26] CREDHOS se fundó en 1987 en Barrancabermeja y desde entonces realiza una labor de prevención y denuncia de las violaciones de los derechos humanos. [27] Magdalena Medio, un espejismo de paz... [28] Texto literal extraído del documento Normas de convivencia Autodefensas y población civil. [29] Ibídem. [30] Se prenden las alarmas por síntomas avanzados de paramilitarización de Colombia, diario El Tiempo, 25-9-04. Raponazo de los 'paras' al erario público y Una alianza poco perseguida, diario El Espectador, 26-9-04. [31] Colombia, segundo país del mundo en mejoría de las condiciones para hacer negocios, diario El Tiempo, 8-9-04 [32] Uribe cuestionó comunidad de paz, www.elcolombiano.com , 28 de mayo de 2004. [33] Presidente Álvaro Uribe fustiga a Amnistía Internacional por silencio ante masacre de las Farc, diario El Tiempo, 16 de junio de 2004. [34] Sobre la implementación de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Colombia, y la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, Michael Frühling, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 18-9-04. [35] Véase Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, documento E/CN.4/2002/17, párrafos 67 a 69. [36] "Seguridad democrática": el traje nuevo de un emperador en ciernes...