En un acontecimiento histórico, más del 60% de los uruguayos respaldó la Reforma Constitucional en Defensa del agua, agregando a la carta magna la consideración del agua como un derecho humano, sentando las bases para que su gestión se realice exclusivamente en forma pública, participativa y sustentable. De acuerdo con informaciones difundidas por las diferentes empresas encuestadoras en las últimas horas, la Reforma Constitucional en defensa del Agua fue aprobada con más del 60% del apoyo de la ciudadanía. A pesar de que se trata de datos no oficiales, tanto las organizaciones promotoras de la Reforma como las autoridades partidarias y los medios de comunicación han aceptado el resultado como válido. El mecanismo de democracia directa fue puesto en marcha por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV). Esta comisión se conformó en el año 2002 como respuesta a la firma de la Carta de Intención entre el gobierno uruguayo y el Fondo Monetario Internacional en la que se comprometía la extensión de la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento a todo el país. Esta privatización comenzó en el departamento de Maldonado, con la presencia de la multinacional francesa Suez Lyonnese Des Aux en primer lugar, y luego continuó con la española Aguas de Bilbao. Al igual que en la mayoría de los casos de privatización de agua registrados en el último año a lo largo del planeta, estas privatizaciones tuvieron consecuencias negativas. Desde el punto de vista social, se excluyó a amplios sectores del acceso al agua potable por no poder cubrir el costo de la conexión al servicio. Servicio que por otra parte se degradó considerablemente en su calidad, con respecto al que prestaba la empresa estatal. Tanto, que los organismos de contralor recomendaron que el agua no se consumiera directamente ya que no presentaba condiciones de potabilidad. Desde el punto de vista económico, el "negocio" fue pésimo para el estado uruguayo. No sólo las empresas no cumplieron con los cronogramas de obras previstos en los contratos, sino que no hicieron efectivo el pago de los cánones previstos, acudiendo a una serie de reconsideraciones contractuales con el Estado, que asumió las pérdidas ocasionadas en cada caso. Desde el punto de vista ambiental, la empresa Aguas de la Costa (subsidiaria de Suez) fue responsable de la desecación de la Laguna Blanca, la que utilizaba como fuente para la potabilización. Precisamente por esta causa, los vecinos del departamento de Maldonado han iniciado un juicio por daño ambiental a la empresa. El agua contra todo La victoria del plebiscito del agua fue una verdadera victoria social. La CNDAV constituye un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas enfrentadas a la concepción mercantilista del agua. Entre sus fundadores se cuentan organizaciones de vecinos, el sindicato de trabajadores de la empresa estatal (FFOSE) y Amigos de la Tierra Uruguay (REDES-AT). Luego de conformada se amplió, incluyendo al partido político mayoritario (el Frente Amplio, ganador de las elecciones realizadas el mismo 31 de octubre) y a uno de los sectores del partido nacionalista. Sin embargo, a pesar de este respaldo político, el tema del plebiscito por el agua fue secundario en la agenda política y mediática. A esto se agregó que tanto las empresas privatizadoras, tanto como las empresas de agua de otros sectores (por ejemplo, las embotelladoras) así como sectores empresariales conservadores (latifundistas, forestales, arroceros) realizaron un fuerte lobby político y mediático contra la reforma. En los meses previos a la campaña, el Fondo Monetario Internacional (FMI) polemizó públicamente con la CNDAV, negando que "impusiera" condiciones al gobierno uruguayo y rechazando la responsabilidad atribuída por la CNDAV al contenido de la Carta Intención de 2002. El trabajo que permitió el triunfo de la propuesta de Reforma Constitucional estuvo basado en un trabajo social de base, que logro transmitir el espíritu y el contenido del articulado. El auspicioso resultado del plebiscito abre las puertas para la elaboración de una política de aguas que parta de una visión de este recurso como bien común, y lo gestione públicamente, en base a criterios de participación social y sustentabilidad.